El juicio contra ocho disidentes cubanos que han cumplido más de dos años de prisión provisional y a los que el régimen imputó el delito de "propaganda contra el orden constitucional se realizó el 30 junio, contrario a lo informado inicialmente por familiares algunos, informa a DIARIO DE CUBA Carlos Alberto McDonald Ennis, uno de los juzgados.
Días atrás, el propio McDonald Ennis había dicho en entrevista con DIARIO DE CUBA que la vista oral estaba programada para el martes.
"El juicio se realizó ayer. Quedó concluso para sentencia", dice el activista, que desarrolló en prisión un cáncer maxilar para el que no recibe tratamiento y es el único, de los ocho, que pudo pasar el último mes fuera de la cárcel.
McDonald Ennis indicó que "la fiscal mantiene la petición fiscal", que en su caso es de siete años de privación de libertad. No obstante, asegura que "no hay pruebas convincentes; no hay pruebas inculpatorias que digan que nosotros somos unos terroristas, ni nada de eso".
Según sus declaraciones a DIARIO DE CUBA, un oficial de la Seguridad del Estado en Puerto Padre, al que identificó como Guillermo, no pudo presentar evidencias sólidas de la culpabilidad de los acusados.
Las penas de cárcel solicitadas para los otros siete acusados son Javier Reyes Peña (nueve años), Maikel Hill Ramírez (seis), Guillermo Carralero López (ocho), Carlos Manuel Santiesteban Saavedra (siete), Enrique González Infante (siete), Pedro Carlos Camacho Ochoa (siete) y Adisbel Mendoza Barroso (ocho).
McDonald Ennis también confirmó a esta redacción que el juicio se realizó en la prisión tunera conocida como El Típico, donde han estado encerrados todo este tiempo sus siete compañeros y él, antes de ser excarcelado a inicios de junio con una fianza de 50.000 pesos, que equivale a casi 25 veces el salario mensual mínimo de Cuba (2.100 pesos) y más de ocho veces el salario mensual medio (6.930 pesos).
La celebración del juicio en la cárcel —donde también estaba previsto que se celebrara el 28 de mayo, antes de ser suspendido— fue justificada con el desabastecimiento de combustible que vive el país.
El grupo de asesoría jurídica Cubalex considera esa justificación "una excusa que vulnera flagrantemente el principio de publicidad y transparencia de la Ley del Proceso Penal cubana al vetar la entrada de familiares y observadores independientes".
El martes, Cubalex denunció en su página de Facebook la militarización de la prisión. El Típico amaneció tomado por "un despliegue masivo de agentes de la Seguridad del Estado y fuerzas del Gobierno", describió la organización.
Los ocho acusados fueron arrestados en marzo y abril de 2024, pero no fue hasta julio 2025 que transcendieron las peticiones fiscales en su contra por sus supuestos vínculos con Cuba Primero.
En diciembre del año pasado, el grupo de asesoría jurídica Cubalex tuvo acceso a las conclusiones provisionales presentadas por la Fiscalía ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, en las que se daban a conocer las penas solicitadas.
De acuerdo con la acusación, los imputados habrían estado vinculados en redes sociales al movimiento Cuba Primero, calificado por el régimen como una organización "criminal" a la que acusa de buscar "derrocar el sistema político".
Sin embargo, los hechos que sustentan la causa se limitan a actividades como publicar opiniones en Facebook, grabar y difundir videos con criterios políticos, intercambiar mensajes con otros usuarios y poseer materiales impresos, incluidos documentos relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En su reciente entrevista con DIARIO DE CUBA, McDonald Ennis contó que alguien lo incluyó en un chat de WhatsApp relacionado con la organización.
Durante los más de dos años que estuvo encarcelado, el activista tunero fue llevado a celdas de castigo en varias ocasiones y le fue negado el acceso a medicamentos para la hipertensión arterial y la diabetes que padece.
En agosto de 2025 le fue diagnosticado un tumor maxilar que le está "comprimiendo las paredes del cráneo", explicó a esta redacción.
No obstante, dos biopsias y tres tomografías después, no ha podido comenzar ningún tratamiento de quimioterapia o radio terapia, ni ha tenido acceso a su historial médico.
"Yo no tengo ningún tipo de resultado de las pruebas que me han hecho. No he podido comenzar ningún tratamiento y no sé si me van a poner quimioterapia o radioterapia. A mi hermana (las autoridades de la prisión) no le dan acceso a la documentación. Le dicen que eso es información clasificada. Son como informes clasificados de un criminal", denunció.
