Las autoridades judiciales suspendieron el juicio —programado para el 28 de mayo— contra ocho cubanos que llevan más dos años en prisión preventiva, acusados de presunta "propaganda contra el orden constitucional", por sus vínculos con la organización del exilio Cuba Primero, informó el medio estadounidense Martí Noticias.
Los imputados son Javier Reyes Peña, Maikel Hill Ramírez, Guillermo Carralero López, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante, Pedro Carlos Camacho Ochoa y Adisbel Mendoza Barroso.
Los ocho fueron arrestados en marzo y abril de 2024 desde entonces permanecen en el centro penitenciario El Típico, de Las Tunas. No fue hasta julio 2025 que transcendieron las peticiones fiscales contra ellos, de hasta nueve años de privación de libertad, por sus supuestos vínculos con Cuba Primero.
Las penas de cárcel solicitadas para ellos son Reyes Peña (nueve años), Hill Ramírez (seis), Carralero López (ocho), Santiesteban Saavedra (siete), McDonald Ennis (siete), González Infante (siete), Camacho Ochoa (siete) y Mendoza Barroso (ocho).
En diciembre del año pasado, el grupo de asesoría jurídica Cubalex tuvo acceso a las conclusiones provisionales presentadas por la Fiscalía ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, en las que se daban a conocer las penas solicitadas.
De acuerdo con la acusación, los imputados habrían estado vinculados en redes sociales al movimiento Cuba Primero, calificado por el régimen cubano como una organización "criminal" a la que acusa de buscar "derrocar el sistema político". Sin embargo, los hechos que sustentan la causa se limitan a actividades como publicar opiniones en Facebook, grabar y difundir videos con criterios políticos, intercambiar mensajes con otros usuarios y poseer materiales impresos, incluidos documentos relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El juicio iba celebrarse en la propia prisión, debido supuestamente a la falta de combustible para trasladar a los acusados al tribunal santiaguero.
Cubalex alerta sobre el impacto y los objetivos de los juicios el régimen contra cubanos exiliados
Cubalex alertó el jueves en su página de Facebook sobre los objetivos que persigue el régimen cubano al juzgar a exiliados en ausencia y sobre los impactos de esos procesos, a raíz de que la Fiscalía General de la República abriera procesos penales contra Seriocha Humberto Fernández Rojas y Miguel Gómez Bártulos, ambos residentes en Estados Unidos, a mediados de mayo.
Los autos de la Fiscalía fueron publicados el 13 de mayo en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
La apertura de los procesos en ausencia de los acusados "consolida el uso del derecho penal como herramienta de represión transnacional, demostrando que la distancia física ya no es un límite para el poder punitivo del régimen", advirtió Cubalex.
La organización defensora de derechos humanos criticó que el régimen cubano considera suficiente la publicación de una citación en la Gaceta Oficial "para que los tribunales consideren al acusado legalmente notificado, aunque resida en el extranjero y lo desconozca".
Quien determina si el proceso debe continuar es el Ministerio de Justicia, lo que subordina "los tribunales a las directrices del Partido Comunista (PCC)", señaló la ONG.
Cubalex también criticó la imposición de un defensor de oficio estatal que, "al no tener contacto con el imputado, no puede presentar pruebas reales ni ejercer una defensa legítima".
"Si la persona es capturada en el futuro, la ley no le garantiza de forma automática la anulación de la condena previa ni un nuevo juicio presencial (retrial)", subrayó.
Con estas acciones, e régimen cubano busca "desmantelar la percepción de seguridad del exilio para frenar el activismo en redes sociales y las denuncias internacionales".
A la vez, aunque en la práctica la persona se encuentre fuera de las autoridades de Cuba, una acusación de terrorismo entorpece "trámites de asilo político, visados y restringen la movilidad por temor a alertas policiales", alertó la organización.
"Estas resoluciones violan flagrantemente los estándares de la ONU (Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Al carecer de defensa real, estas sentencias de la Isla jamás deben servir de base para solicitudes de extradición o alertas de Interpol en terceros países", recalcó.
Según los documentos publicados a mediados de mayo por la Fiscalía cubana, Fernández Rojas está acusado de "orientar y financiar" incendios contra la tienda La Mariposa, en Santa Clara, y una Oficina de Atención Militar en Diez de Octubre, La Habana.
Fernández Rojas salió de Cuba en enero de 2020 y reside actualmente en EEUU, apuntó la Fiscalía. Tras ser declarado "en rebeldía" por no comparecer ante las autoridades cubanas, la fiscal general Yamila Peña Ojeda ordenó continuar el proceso penal en su ausencia hasta "su resolución definitiva".
Gómez Bártulos, también residente en EEUU, está señalado por presuntamente financiar incendios contra un tanque de almacenamiento de combustible en La Conchita, Matanzas, y contra la réplica del yate Granma ubicada en el Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara, en La Habana
La Fiscalía sostiene que Gómez Bártulos abandonó Cuba en 2017 y fue "declarado en rebeldía" después de no responder a una requisitoria publicada en la Gaceta Oficial en agosto de 2025.
