Ocho personas de la provincia de Las Tunas enfrentan penas de hasta nueve años de prisión por el presunto delito de "propaganda contra el orden constitucional", tras expresar opiniones políticas en redes sociales.
El centro de asesoría legal Cubalex tuvo acceso a las conclusiones provisionales presentadas por la Fiscalía ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, en un proceso penal contra estos ocho ciudadanos acusados de un delito ampliamente utilizado por el régimen para reprimir el disenso político.
Según el documento, fechado el 21 de julio de 2025 y firmado por la fiscal Iany Fernández Jomarrón, el aparato judicial del régimen solicita penas de entre seis y nueve años de prisión, además del decomiso de teléfonos móviles. Todos los acusados permanecen en prisión provisional desde marzo y abril de 2024 en la cárcel provincial de Las Tunas.
Las personas procesadas son Javier Reyes Peña (nueve años solicitados), Maikel Hill Ramírez (seis), Guillermo Carralero López (ocho), Carlos Manuel Santiesteban Saavedra (siete), Carlos Alberto McDonald Ennis (siete), Enrique González Infante (siete), Pedro Carlos Camacho Ochoa (siete) y Adisbel Mendoza Barroso (ocho).
De acuerdo con la acusación, los imputados habrían estado vinculados en redes sociales al movimiento Cuba Primero, calificado por el Estado como una organización "criminal" a la que acusa de buscar "derrocar el sistema político". Sin embargo, los hechos que sustentan la causa se limitan a actividades como publicar opiniones en Facebook, grabar y difundir videos con criterios políticos, intercambiar mensajes con otros usuarios y poseer materiales impresos, incluidos documentos relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
No se les imputa ningún acto violento ni llamados a la violencia.
La Fiscalía presenta estas conductas como intentos de "estimular opiniones adversas" y crear matrices de opinión contrarias al sistema, y llega incluso a valorar negativamente aspectos de la vida personal de los acusados, como no participar en organizaciones de masas o mantener posturas críticas frente al Gobierno, lo que refuerza —según Cubalex— el carácter ideológico y discriminatorio del proceso.
Salud en riesgo y violaciones al debido proceso
Entre los acusados se encuentra Carlos Alberto McDonald Ennis, de 52 años, residente en el municipio Majibacoa, cuyo caso ha sido denunciado previamente por Cubalex. La ONG advierte que su situación es especialmente grave debido a su delicado estado de salud.
McDonald Ennis padece hipertensión, diabetes, pancreatitis, una cardiopatía y un tumor maligno en la cavidad nasal. Desde septiembre de 2024, sus familiares han reportado sangrados frecuentes, pérdida extrema de peso y falta de atención médica adecuada en prisión. La organización considera que su reclusión en esas condiciones constituye un trato cruel, inhumano y degradante, prohibido por los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, denuncia múltiples violaciones al debido proceso: ausencia de una descripción clara de los hechos imputados, falta de acceso a las pruebas, uso prolongado de la prisión provisional sin justificación legal y rechazo sistemático de recursos de Habeas corpus y solicitudes de cambio de medida cautelar.
Criminalización del disenso
Para Cubalex, este caso refleja un patrón sistemático de uso del derecho penal como herramienta de represión política. El delito de "propaganda contra el orden constitucional", formulado de manera amplia y ambigua, permite castigar expresiones pacíficas, opiniones críticas y formas de activismo cívico sin que medien actos de violencia.
La organización también alertó sobre el uso de valoraciones morales, antecedentes y peritajes como elementos agravantes, una práctica que profundiza la indefensión de los acusados y refuerza el carácter político de los procesos.
Cubalex aseguró que continuará documentando el caso, brindando acompañamiento legal y denunciando las violaciones al debido proceso, al tiempo que reiteró su exigencia de libertad para todas las personas encarceladas en Cuba por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales.
No pasa nada, Cuba sigue y seguirá siendo por largo trecho el país más democrático del mundo.