La intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández y su hija, la jurista Lilian Laura Borroto López, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Militar de Matanzas por la detención arbitraria sufrida el pasado 18 de diciembre, un hecho que ambas califican como un acto de represión política y violación de derechos constitucionales.
La denuncia, en un documento jurídico detallado, fue entregada el 24 de diciembre, fecha que López Hernández evocó con un contraste amargo en una publicación en redes sociales.
"Hace varios años y en una fecha que antes fue festiva, hubiera estado asando el pedacito de carne y elaborando los buñuelos con la receta de mi madre. Hoy, junto a mi hija Lilian Borroto López, estuve toda la mañana en las sedes de la Fiscalía Provincial y de la Fiscalía Militar de Matanzas, entregando el documento que verán debajo y que contiene una pormenorizada denuncia", escribió.
Una detención sin orden ni explicación
Según el texto legal presentado, Lilian Laura Borroto López fue detenida alrededor de las 10:30 de la mañana del 18 de diciembre, sin orden judicial y sin que mediara explicación alguna, cuando se encontraba en la vía pública. La detención fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y culminó con su traslado a una unidad policial.
La denuncia sostiene que la joven fue retenida de manera arbitraria, sin comunicación inmediata con familiares o abogados, y posteriormente conducida a un calabozo con condiciones higiénicas deficientes, junto a otras mujeres, una de ellas visiblemente alterada. Permaneció allí durante varias horas sin que se le informaran las razones legales de su detención.
Solo después de ese tiempo, según el documento, una instructora policial intentó formalizar un acta de detención sin explicar los motivos concretos ni ofrecer garantías procesales.
Acusaciones de violaciones constitucionales
En el texto entregado a la Fiscalía, Borroto López sostiene que los hechos constituyen violaciones directas de varios artículos de la Constitución cubana, entre ellos los relacionados con la libertad de expresión y manifestación, la libertad de movimiento, el derecho a no sufrir tratos degradantes y las garantías del debido proceso.
Asimismo, la denuncia califica lo ocurrido como posibles delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de libertad, y violación de los derechos de reunión, expresión y petición, todos tipificados en el Código Penal vigente.
El documento solicita además que se investigue a los agentes del Ministerio del Interior implicados en el operativo y que se determine su responsabilidad penal.
"Colocar al Estado ante el espejo"
En su publicación en Facebook, Alina Bárbara López dejó claro que no alberga ilusiones sobre una reparación real por parte del sistema judicial cubano, pero defendió el valor político y moral de la denuncia.
"Soy consciente de que casi con total seguridad no serán reconocidas ni castigadas las enormes violaciones y arbitrariedades que acaecieron ese día, pero es importante colocar al Estado ante el espejo de su propia ley violada, de su Constitución e incluso de su Código Penal pisoteados", escribió.
"Quizá ellos imaginaban que lo ocurrido el pasado 18 de diciembre había quedado en el olvido. Nos conocen muy mal. Muchas personas pensarán que hacer esto en un sistema en el que el ciudadano jamás recibirá justicia si demanda a una institución represiva del Estado, es perder el tiempo", afirmó.
El objetivo no es solo legal, sino también ético y público: dejar constancia de los abusos cometidos y desmontar el discurso oficial que presenta al Estado como garante de derechos.
Según explicó López Hernández, la Fiscalía Provincial se comprometió a emitir una respuesta en un plazo de 30 días hábiles. Mientras tanto, la denuncia queda registrada como un acto de desafío cívico en un contexto donde recurrir a las instituciones del propio Estado para exigir justicia sigue siendo, en sí mismo, un acto de resistencia.
Eh, ¿qué ley?
2026 quizá con un nuevo horizonte