El grupo de detenciones por motivos políticos Justicia 11J denunció en la red social X que ocho personas vinculadas al movimiento opositor Cuba Primero podrían ser llevadas a juicio el próximo 28 de mayo en la provincia de Las Tunas, en un proceso que involucra peticiones fiscales de entre seis y nueve años de privación de libertad.
Según la organización, que cita fuentes familiares y un documento legal revisado, "siete de ellas han pasado más de dos años en prisión provisional", una situación que califican como parte de un patrón de uso prolongado de la detención preventiva en casos de naturaleza política.
El expediente estaría sustentado en el delito de "propaganda contra el orden constitucional", basado —según Justicia 11J— en la presunta afiliación de los acusados al grupo opositor y en publicaciones críticas realizadas en redes sociales.
De acuerdo con la información del grupo, la Fiscalía cubana solicita condenas específicas para cada uno de los procesados. Entre ellos figuran Javier Reyes Peña, para quien se piden nueve años de privación de libertad; Maikel Hill Ramírez, seis años; Guillermo Carralero López, ocho años; Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, siete años; Carlos Alberto McDonald Ennis, siete años; Enrique González Infante, siete años; Pedro Carlos Camacho Ochoa, siete años; y Adisbel Mendoza Barroso, ocho años.
Justicia 11J indicó además que "Pedro Carlos Camacho y Javier Reyes están aislados en celdas de castigo de la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como 'El Típico', sin que hayan cometido indisciplina en el penal", según testimonios de familiares.
El caso incluiría también personas con condiciones de salud delicadas y un procesado bajo medida extrapenal por razones médicas, lo que incrementa la preocupación de los allegados sobre su situación carcelaria.
La organización alertó sobre un patrón de criminalización de la disidencia en Cuba. En su publicación advirtió sobre "la criminalización de la libertad de expresión y asociación en Cuba, así como sobre las violaciones al debido proceso y el uso prolongado de la prisión provisional como castigo político".
El proceso judicial, de confirmarse en la fecha señalada, se sumaría a otros casos documentados por organizaciones independientes que denuncian el uso del Código Penal cubano contra activistas y personas vinculadas a proyectos opositores o críticos del gobierno.
Las y los fiscales se estan yendo pa' EEUU y tendrán que rendir cuentas a las familias de sus víctimas. Si son deportados a ese gulag que es Cuba les irá peor.