Con 28 nuevos incorporados en febrero, el número de prisioneros por razones políticas en las cárceles del régimen cubano se elevó hasta los 1.214, según el más reciente informe al respecto de la ONG Prisoners Defenders, que destacó que todos ellos están "sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional".
En febrero salieron del listado de la organización 21 presos políticos: 20 por el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta y uno, Luis Miguel Oña Jiménez, debido a su fallecimiento bajo custodia del Estado. En este contexto, la ONG resaltó que, del total, al menos 467 viven con patologías médicas graves, algo que, según Prisoners Defenders, "se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por la falta de atención médica".
Al propio tiempo, la organización verificó la existencia de 47 presos políticos "con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado". Siendo este el panorama, recalcó que "la represión es el último recurso del régimen contra el deseo generalizado de libertad".
"La represión se dirige mayoritariamente contra ciudadanos sin afiliación política, afligidos por la situación represiva y de carestía, detenidos por operativos policiales sin orden de arresto ni tutela judicial, con recurrentes registros domiciliarios en busca de pinturas o materiales de protesta y citaciones policiales para 'conversar' utilizadas como emboscada", detalló.
"En paralelo al aumento del listado de presos políticos en Cuba y al confinamiento represivo e infrahumano al que son sometidos, los acontecimientos en centros penitenciarios cubanos evidencian un deterioro extremo de las condiciones, con numerosas muertes bajo confinamiento e infinidad de lesiones graves reportadas", subrayó Prisoners Defenders.
En tal sentido, la ONG denunció nuevamente que, el 18 de febrero, una protesta de reclusos en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, "fue violentamente reprimida por fuerzas del régimen cubano, dejando varios muertos, numerosos heridos y decenas de reclusos trasladados a otras cárceles del país".
"Según testimonios de reclusos, familiares y activistas de derechos humanos recabados de forma directa, la protesta comenzó tras denunciar la habitual violencia ejercida contra los reclusos y el agravamiento de las condiciones de hambre, falta de atención médica y maltratos dentro del penal. El detonante habría sido la brutal agresión contra un joven recluso que protestaba por comida, quien posteriormente apareció muerto en su celda", relató la ONG.
"A partir de ese momento, numerosos reclusos comenzaron a protestar dentro de la prisión denunciando las condiciones infrahumanas de confinamiento. La respuesta de las autoridades fue el despliegue de brigadas antimotines, fuerzas especiales y unidades policiales, que intervinieron con balas de goma, gases irritantes y violentas golpizas contra los reclusos", agregó.
Mientras el número de presos políticos crece, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó esta semana, durante su 195 periodo de sesiones, que "el Estado debe garantizar la vida e integridad de las personas detenidas, y no es admisible encarcelar personas por expresarse". Asimismo, reiteró "el deber estatal de respetar la democracia" y urgió la liberación de las personas detenidas por razones políticas.
Sin embargo, La Habana sigue acudiendo a la represión como modo de vida, enfocada en, como resaltó el grupo de asesoría legal Cubalex, "la neutralización de cualquier tipo de apoyo interno a las posibilidades de un cambio en Cuba tras las declaraciones sobre el país hechas por el presidente norteamericano Donald Trump".
