En un contexto marcado por el resquebrajamiento integral de la sociedad cubana, en el que el régimen tiene todas las cartas en contra para su continuidad, La Habana sigue acudiendo a la represión como modo de vida, enfocada en "la neutralización de cualquier tipo de apoyo interno a las posibilidades de un cambio en Cuba tras las declaraciones sobre el país hechas por el presidente norteamericano Donald Trump". Así lo demuestra el más reciente informe del grupo de asesoría legal Cubalex, que documenta las violaciones a los derechos humanos en Cuba en enero.
Durante el mes, el equipo de monitoreo de Cubalex registró 246 eventos violatorios, los cuales implicaron 540 incidentes represivos. Entre ellos, los más reiterados fueron, como ya es recurrente, las violaciones a las personas privadas de libertad (68), los operativos policiales de vigilancia (58), las amenazas o coacciones (48), los arrestos domiciliarios (43) y las detenciones arbitrarias (41).
"A la represión que cotidianamente ejerce el Estado cubano se sumaron los actos de hostigamiento perpetrados como respuesta a la situación del país tras la captura de Nicolás Maduro y al constante aumento de diferentes formas de protestas populares, entre estas, carteles con referencia al arresto del dictador venezolano y a la caída del régimen cubano", enfatizó la organización, al tiempo que señaló que los datos expuestos son un subregistro, pues "la recopilación de estos datos se encuentra seriamente afectada por los extensos apagones que dificultan la comunicación y publicación de estos incidentes desde la Isla".
No obstante, Cubalex identificó que, en enero, al menos 179 personas (51 mujeres y 128 hombres) fueron víctimas de un evento represivo como mínimo, aunque hubo casos de ensañamiento en los que la misma víctima sufrió varios incidentes. Así, el opositor Ángel Moya, el periodista independiente Henry Constantín, el familiar de preso político Wilber Aguilar y la líder de las Damas de Blanco Berta Soler Fernández fueron las personas con mayor cantidad de hechos violatorios en su contra.
Como es común en el patrón represivo del régimen, los grupos vulnerables más reprimidos fueron los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
Al propio tiempo, la ONG resaltó que los eventos violatorios se produjeron en todas las provincias del país. La Habana (87), Santiago de Cuba (26) y Camagüey (17) fueron las provincias con más registros; y, entre los municipios, Santiago de Cuba (19), Camagüey (17) y Plaza de la Revolución y Diez de Octubre (ambos con 14).
"Entre las organizaciones, los miembros de las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el Frente Antitotalitario Unido (FANTU), el Proyecto Emilia y el Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) fueron los más reprimidos. No obstante, la mayoría de las víctimas registradas no pertenecen a ninguna agrupación de la sociedad civil independiente, muestra de la amplitud del espectro represivo del régimen cubano", detalló Cubalex.
La organización destacó que, como en ocasiones anteriores, "el régimen intentó sabotear el trabajo diplomático de interacción con la sociedad civil realizado por la embajada de EEUU en Cuba". En tal sentido, denunció que "el 28 de enero más de una decena de activistas, opositores y periodistas independientes residentes en varias provincias del occidente del país fueron sitiados en sus viviendas para impedirles participar en una recepción en la embajada norteamericana por el 250 aniversario de la independencia de ese país".
"Pocos días después, nuevamente varios miembros de la sociedad civil y familiares de presos políticos de provincias visitadas por el embajador Mike Hammer fueron sitiados para impedirles reunirse con el diplomático. El propio Hammer fue víctima de actos de repudio en Trinidad y Camagüey, perpetrados por funcionarios políticos del régimen", agregó.
En cuanto a la represión judicial y la instrumentalización del sistema penal como herramienta de represión, Cubalex subrayó que, en enero, el artista y preso político Fernando Almenares, "Nando Obdc", fue condenado a cinco años de prisión por el delito de propaganda contra el orden constitucional, por supuestamente pintar "frases con contenido contrarrevolucionario" en un tramo de la carretera Monumental, en La Habana.
"También recibieron penas de entre tres y ocho años de privación de libertad, por el delito de desórdenes públicos, los participantes en la protesta del 7 de noviembre de 2024 en el poblado de Encrucijada", agregó la organización, al tiempo que destacó que, mientras el régimen dedica sus exiguos recursos a la represión, "la situación continúa crítica y no para de empeorar en los últimos años".
