En una Cuba marcada por la escasez, los apagones prolongados, el colapso de los servicios básicos y la ausencia de canales efectivos de participación cívica, el régimen de La Habana, "lejos de responder a estas tensiones mediante reformas estructurales o mecanismos de diálogo, recurrió de manera sistemática al uso de la represión como herramienta de control político y social", destacó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en el informe La represión interna y transnacional como respuesta a la crisis estructural en Cuba, publicado este jueves, que resume la situación de los derechos humanos en la Isla en 2025.
La ONG hizo hincapié en que, en 2025, el régimen cubano "dio un nuevo paso en la persecución de la disidencia" al "actualizar" una lista nacional de supuestos terroristas que incluye a opositores políticos, activistas e influencers que residen fuera del país.
"Esta herramienta represiva (creada en 2023), presentada como un instrumento de seguridad, es utilizada para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y el activismo cívico, al equiparar el trabajo periodístico, la denuncia pública y la comunicación digital con actos de terrorismo", afirmó el OCDH.
A lo largo de 2025, la organización registró 3.179 acciones represivas en Cuba. Si bien esta cifra es inferior a la de 2024, "no refleja una disminución real de la represión, sino que está asociada a factores estructurales como el vaciamiento progresivo del país, la emigración forzada de amplios sectores de la población y la reducción del espacio cívico disponible para la protesta y la participación pública", sostuvo.
En tal sentido, el OCDH resaltó que "los niveles de represión se mantuvieron elevados, con un promedio superior a ocho actos diarios". La organización documentó 529 detenciones arbitrarias con un impacto mayor en las mujeres, con 303 casos registrados (57,3%).
"El régimen continuó utilizando la retención ilegal en viviendas como una modalidad recurrente de detención arbitraria. Al menos 740 fueron registradas este año, de ellas 367 hombres (49,6 %) y 383 mujeres (51,8 %)", detalló.
Al mismo tiempo, "la privación de libertad por motivos políticos continuó siendo una de las herramientas centrales del aparato represivo del Estado cubano, utilizándose no solo como sanción penal, sino como mecanismo de intimidación y disuasión colectiva", denunció el observatorio, y sostuvo que, al cierre del año, en sus registros aparecían unos 800 presos políticos, cifra que podría ser mayor si se coteja con las de otras organizaciones que también documentan el fenómeno.
De esos 800, al menos 107 ya se encontraban en fecha de cumplimiento de su sanción sin haber sido excarcelados, dijo el OCDH, al tiempo que enfatizó que "las condiciones de reclusión continuaron siendo extremadamente precarias".
"A lo largo del año se documentaron casos de tortura física y psicológica, aislamiento prolongado, negación de atención médica adecuada, restricciones severas a la comunicación con familiares y la negativa sistemática a conceder beneficios penitenciarios", detalló.
Asimismo, recordó que, a pesar de que el régimen cubano anunció la excarcelación gradual de 553 personas privadas de libertad en enero de 2025, muchos de ellos fueron liberados "bajo condiciones de vigilancia permanente, restricciones de movilidad y amenazas, impidiendo que estas liberaciones representaran una solución real o duradera".
Además, al menos seis de las personas excarceladas fueron posteriormente devueltas a prisión. Entre ellos, José Daniel Ferrer García (después forzado al exilio), Donaida Pérez Paseiro y Félix Navarro.
La represión del régimen, sin embargo, no se limitó a los presos políticos, ya que mantuvo un "estricto control" sobre las comunidades religiosas. "Las acciones represivas afectaron a iglesias independientes, líderes religiosos, laicos, presos políticos y familiares, ratificando que la libertad religiosa sigue subordinada a los intereses del poder político", indicó el OCDH y detalló que, a lo largo de 2025, ocurrieron al menos 804 violaciones a la libertad religiosa en Cuba.
Al mismo tiempo, y dando cuenta de un entorno generalizado de represión, la ONG documentó al menos 96 violaciones a la libertad de prensa, "corroborando la existencia de un patrón sistemático y sostenido de persecución contra periodistas y comunicadores independientes", recalcó.
"Las afectaciones documentadas incluyeron vigilancia constante, confiscación de equipos de trabajo, detenciones arbitrarias, restricciones migratorias, interrogatorios, amenazas directas y acoso a familiares, prácticas que buscan impedir la circulación de información no controlada por el Estado y reforzar un clima generalizado de autocensura", agregó.
En este contexto, "los indicadores sociales revelaron un escenario de empobrecimiento masivo y pérdida sostenida de bienestar", insistió el OCDH, ante lo cual el régimen solo responde con represión y propaganda. Mientras, en los cubanos, gana aún más fuerza "una profunda crisis de expectativas y de confianza en el futuro".
