Mientras diversas organizaciones de la sociedad civil cubana denuncian la represión del régimen cubano durante el 195 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las actuaciones contra activistas y presos políticos en la Isla no se han detenido. En dicho cónclave, Amnistía Internacional exigió más acciones en aras de la "libertad inmediata", el "fin de excarcelaciones condicionadas" y la "supervisión independiente de cárceles". Sin embargo, la realidad impuesta por el régimen dista mucho de ello y estos casos lo demuestran.
Así, el preso político Ediolvys Marín Mora fue amenazado por agentes de la Seguridad del Estado en la cárcel de Kilo 8, en Camagüey, según denunció él mismo a través de una llamada telefónica con el medio independiente Cubanet. Los represores lo amenazaron con fabricarle una nueva causa si continúa denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas en la prisión. Al propio tiempo, lo amenazaron con tomar represalias contra su padre, un anciano que vive solo.
Asimismo, la esposa del preso político Alexander Verdecia Rodríguez, recluido también en Kilo 8, confirmó esta semana que fue brutalmente golpeado por agentes represivos. Tras visitarlo en prisión, Eliannis Villavicencio Jorge ratificó que, varias semanas después de la golpiza, aún permanecen en Verdecia Rodríguez las marcas de la violencia.
Además, como parte del patrón de represión extendido a las familias, este jueves fueron detenidas en Río Cauto, Granma, la madre y la hermana de Verdecia Rodríguez, quienes protestaron de forma pacífica con un cartel para exigir su excarcelación.
Al propio tiempo, en otro caso que refleja el actuar represivo del régimen, las autoridades de la prisión de Mujeres del Guatao, en La Habana, requisaron de forma violenta a la presa política Idolidia Carrasco Lobo. "La requisaron junto con la otra presa política que hay ahí, las dos juntas, y fue en el mismo albergue donde están todas las demás presas, delante de todas ellas. Fue horrible", denunció a Martí Noticias un familiar cercano que pidió no ser identificado.
Mientras, el preso político Roilán Álvarez Rensoler cumple este jueves 42 días en huelga de hambre. Ante el grave deterioro de su salud, "su vida está en riesgo", alertó el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que subrayó que "el Estado cubano tiene la obligación de garantizar su vida, su integridad física y el acceso a atención médica adecuada e independiente".
De igual forma, el preso político Yander Rodríguez Iglesias fue devuelto esta semana a la prisión de Guanajay luego de que las autoridades penitenciarias le revocaran el régimen de mínima severidad, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La medida habría sido tomada "después de que funcionarios del penal encontraran alimentos entre sus pertenencias cuando regresaba de un pase a su vivienda en Güira de Melena", de acuerdo con la denuncia del opositor José Díaz Silva.
Tras la requisa, las autoridades le retiraron los beneficios penitenciarios, lo trasladaron nuevamente a la prisión y lo obligaron a vestir uniforme de preso común, indicó el OCDH, que resaltó que "el régimen cubano es responsable de las condiciones inhumanas que enfrentan los reclusos en las cárceles del país".
En este contexto, además, la CIDH destacó durante su 195 periodo de sesiones, que se celebra esta semana, que "el Estado debe garantizar la vida e integridad de las personas detenidas, y no es admisible encarcelar personas por expresarse". Asimismo, reiteró "el deber estatal de respetar la democracia" y urgió la liberación de las personas detenidas por razones políticas.
