El activista cubano Alexander Verdecia Rodríguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue condenado a siete años de privación de libertad por los supuestos delitos de "propaganda contra el orden constitucional" e "instigación a delinquir", denunció el grupo de asesoría legal Cubalex.
"Sin embargo, los verdaderos motivos de esta condena tienen marcado carácter político: su activismo en su localidad Río Cauto y sus publicaciones críticas con el régimen en redes sociales", enfatizó la organización, que alertó que, si bien el juicio fue celebrado en septiembre, la sentencia le fue notificada tres meses después.
Inicialmente, la petición fiscal era de diez años. Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, en enero de 2024 habría utilizado su perfil en Facebook para publicar contenidos que —según las autoridades— buscaban "perturbar la tranquilidad ciudadana", generar "irrespeto al orden social y al Estado socialista" y "llamar a la rebelión contra el sistema y sus dirigentes", detalló Cubalex.
"Este caso refleja patrones reiterados de criminalización del ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, asociación y participación política. La aplicación del delito de propaganda contra el orden constitucional, formulado de manera amplia y ambigua, permite al Estado castigar expresiones pacíficas de disenso y el activismo cívico no violento", enfatizó el grupo de asesoría legal.
No se trata de la primera condena a Verdecia Rodríguez, quien ha sufrido prisión política anteriormente: en 2015 fue sancionado con tres meses de reclusión domiciliaria, luego a seis meses por negarse a pagar una multa de 2.000 pesos y, en 2016, fue encarcelado durante un año por supuesto desacato a la autoridad. En 2018 fue condenado a otros dos meses de prisión domiciliaria. Antes, en 2014, fue expulsado de la Empresa Arrocera Valle del Cauto por pertenecer al movimiento religioso Pastores por el Cambio.
Verdecia Rodríguez permanece recluido en la Prisión Provincial Las Mangas, en la provincia de Granma, tras su detención el 6 de febrero pasado. Allí fue golpeado y vejado por las autoridades represivas hace apenas dos semanas, "luego de que guardias descubrieran un artefacto improvisado que los reclusos usan para cocinar ante la escasez de alimentos en el penal", indicó Martí Noticias.
"Fui golpeado, maltratado física y verbalmente por el funcionario del orden del interior Wilber Soto Pérez y por un guardia apodado Masó", escribió Verdecia Rodríguez en una carta enviada a su familia.
Durante el incidente, los guardias encontraron una cubeta con chorote de pinol de maíz —una bebida tradicional del oriente cubano— que Masó botó por el drenaje del baño, además de confiscar los elementos utilizados para su cocción. "Le dije que los reclusos cocinaban alimentos debido a que los están sometiendo a inanición… que la prisión es un campo de concentración nazi", narró el preso político y subrayó que tal comportamiento hizo enfurecer a los represores.
En este contexto tenso, el oficial lo esposó con las manos hacia atrás y lo golpeó en la nuca frente a otros reclusos. Una vez fuera del recinto, "Masó lo agredió también con la mano abierta" y luego "intentó empujarlo escaleras abajo con las manos sujetas a la espalda", sin lograrlo porque Verdecia se resistió, dijo a Martí Noticias la esposa del reo, la también activista Eliannis Villavicencio.
El caso de Verdecia Rodríguez, sin embargo, no es aislado, toda vez que actualmente ocho personas de la provincia de Las Tunas enfrentan peticiones fiscales de hasta nueve años de prisión por el presunto delito de "propaganda contra el orden constitucional", tras expresar opiniones políticas en redes sociales, según las conclusiones provisionales del caso, a las que tuvo acceso Cubalex.
Si bien no se les imputa ningún acto violento ni llamados a la violencia, el "delito" de estas personas sería su vinculación en redes sociales al movimiento Cuba Primero, calificado por el Estado como una organización "criminal" a la que acusa de buscar "derrocar el sistema político".
Para Cubalex, este caso, como el de Verdecia Rodríguez, refleja un patrón sistemático de uso del derecho penal como herramienta de represión política. El delito de "propaganda contra el orden constitucional", formulado de manera amplia y ambigua, permite castigar expresiones pacíficas, opiniones críticas y formas de activismo cívico sin que medien actos de violencia.
El miedo de los verdeolivos a ser arrastrados y linchamiento es terrible, saben que no habrá avión para todos ....