El fiscal Edward Roberts Campbell y la jueza Paula Joaquina Rodríguez Sánchez fueron incluidos en la base de datos Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), por el papel que jugaron en el juicio contra el exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, condenado a cadena perpetua.
El proceso judicial contra el también ex viceprimer ministro de Cuba —quien, después de su arresto en marzo de 2024 y de que el régimen no informara más sobre su caso, fue acusado en noviembre de diez delitos que incluían el espionaje— estuvo marcado por la opacidad y violaciones del debido derecho, señaladas por expertos a DIARIO DE CUBA. Esas vulneraciones incluyeron la celebración del juicio a puertas cerradas y la división del proceso.
A lo largo de sus carreras, tanto Roberts Campbell como Rodríguez Sánchez han demostrado su fidelidad al régimen cubano y han hecho suficientes méritos para ingresar en la base de datos de la FDHC.
Roberts Campbell, quien sostuvo la acusación contra Alejandro Gil, es fiscal de carrera desde los años 80 del pasado siglo y actualmente es responsable del área de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades en la Fiscalía General de la República.
Ha ocupado cargos en fiscalías municipales y provinciales, tanto en el área civil como en la militar.
Una de las actuaciones que lo hacen digno de ser considerado un represor fue la petición fiscal de diez años de cárcel contra la joven Sulmira Martínez, arrestada en enero de 2023 y juzgada en noviembre de 2024 por supuestos delito contra el orden constitucional y desacato. Desde entonces, espera sentencia.
Rodríguez Sánchez, jueza de la Sala de los Delitos de la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, fue quien condenó al exministro cubano Alejandro Gil a cadena perpetua, una sanción cuya severidad no ha sido explicada a los cubanos.
Cuando arrancó el segundo juicio, una magistrada de una sala provincial del sistema de tribunales dijo a esta redacción que la condena más lógica por espionaje debía ser 25 y 30 años de cárcel, de "calificarse la modalidad más grave" y que "una perpetua, en el contexto político actual, no cabría", según su experiencia.
Sin embargo, el exministro recibió una condena extremadamente severa. En opinión del exjuez Edel González, experto de DIARIO DE CUBA, "una sanción tan extrema es difícil de racionalizar sin conocer los hechos probados".
"Pero políticamente sí resulta comprensible: opera como mecanismo de intimidación interna, un mensaje dirigido a quienes ocupan posiciones estratégicas y mantienen, por su naturaleza, frecuentes contactos con actores extranjeros", añadió en declaraciones a esta redacción tras conocerse el fallo.
Para él, se trató de "otro ejemplo de sentencia coordinada, demostrativo que el sistema judicial cubano es un brazo más y no un ente independiente".
Rodríguez Sánchez también tuvo protagonismo en las decisiones sobre recursos de apelación presentados por cubanos que fueron condenados por participar en las históricas protestas antigubernamentales de los días 11 y 12 de julio de 2021. La mayoría de las sanciones se mantuvieron, tras las revisiones.
La magistrada también ha defendido el sistema penal de Cuba ante organismos de Naciones Unidas frente a acusaciones de violaciones de los derechos humanos de los presos políticos.
A este no lo va a salvar ni el nombre jamaicano, en cuanto salga de prisión solo podrá arreglar paraguas.