El proceso judicial divido en dos contra el exministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, acusado de una decena de delitos que incluían el espionaje, concluyó con una condena de privación perpetua de libertad, anunciada el 8 de diciembre por el Tribunal Supremo Popular (TSP), y muchas incógnitas.
Los cubanos continúan sin conocer los nombres de las personas que fueron juzgadas junto a Alejandro Gil en el segundo juicio, las responsabilidades que tenían en Cuba, los delitos que les fueron imputados y los hechos en los que se basaron las imputaciones.
Lo anterior viola el derecho constitucional de la ciudadanía a la información, que está regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
El régimen cubano parece tener tanto que ocultar en este caso que impuso un silencio unánime a la familia de Gil. Ni siquiera la hija que antes pidió transparencia y audiencia pública ha vuelto a pronunciarse.
Pero, además, ha impuesto al exministro una sentencia de una severidad difícil de entender y ha hecho algo que el exjuez Edel González Jiménez, miembro del equipo legal de DIARIO DE CUBA, califica como "un gesto inédito en la práctica judicial cubana".
Así describe el exjuez, con 17 años de experiencia en el sistema judicial de Cuba, la divulgación del fallo antes de notificar la sentencia a las partes.
"La divulgación del fallo antes de notificar la sentencia a las partes es un gesto inédito dentro de la práctica judicial cubana. Las causas pueden ser varias: una, hay temor a que se filtre antes de tiempo, la menos probable; dos, hay orden de manipulación mediante la dosificación de partes del proceso. En todo caso, la anticipación no solo viola el orden procesal habitual: envía un mensaje político, no jurídico", sostiene el juez.
"Publicar un fallo sin sentencia completa revela, cuando menos, una voluntad de exhibir mano dura, mientras se oculta la arquitectura del caso. Refuerza la idea de que lo publicado es aquello que conviene a los intereses del poder —sobre todo cuando se trata de advertir a los altos funcionarios de la nueva generación— y que lo no publicado es aquello que podría comprometer a sectores más sensibles de la elite política, militar y administrativa", añade.
Sobre la pena impuesta al exministro cubano, González Jiménez señala que "una sanción tan extrema es difícil de racionalizar sin conocer los hechos probados".
"Pero políticamente sí resulta comprensible: opera como mecanismo de intimidación interna, un mensaje dirigido a quienes ocupan posiciones estratégicas y mantienen, por su naturaleza, frecuentes contactos con actores extranjeros", opina.
Para él, se trata de "otro ejemplo de sentencia coordinada, demostrativo que el sistema judicial cubano es un brazo más y no un ente independiente".
"En tiempos como los que corren y en casos como el presente, la prisión perpetua no se impone sin recibir la orden", asegura.
"Cualquier desliz, cualquier información compartida que afecte a la cúpula —en especial a los sectores más cercanos al poder histórico— puede convertirse en una condena ejemplarizante como resulta ser desde ahora el presente caso. Hay advertencia para los que comparten, desde el punto de vista formal, la maquinaria de Estado y Gobierno inventado que se ha impuesto así desde los tiempos de Fidel", considera el jurista.
El hermetismo oficial en torno al caso ha alimentado la hipótesis de que el exministro Gil fue convertido en el chivo expiatorio de un entramado delictivo mucho más amplio.
Para González Jiménez la idea se refuerza precisamente por la severidad de las condenas en contraste con la falta de claridad procesal y la divulgación anticipada del fallo, sin acompañar la sentencia completa.
Esto último "funciona como un acto de exposición pública que convierte al sancionado en símbolo, no en parte de un proceso claramente explicado", señala.
Para el exjuez cubano también resulta significativo que se oculta o se restringe la información sobre otros posibles involucrados, lo que "crea la impresión de que se ha elegido una figura única para absorber consecuencias que podrían corresponder a un entramado más amplio".
El caso, además, "aparece desconectado de medidas administrativas o correctivas sistémicas, lo que sugiere que se busca cerrar el episodio adjudicándolo a una sola figura, en lugar de abordar posibles fallas de supervisión o control", apunta González Jiménez.
En cualquier país con estándares básicos de transparencia, un caso de esta magnitud exigiría una conferencia de prensa, documentos verificables, explicación de responsabilidades, medidas administrativas o institucionales, y una narrativa oficial capaz de resistir el escrutinio público, recalca el experto de DIARIO DE CUBA.
"En Cuba, el silencio no es ausencia de palabras: es una estrategia. Y hoy, el caso de Gil Fernández se ha convertido en el ejemplo más elocuente de cómo ese silencio, sostenido desde las instituciones, termina por erosionar mucho más que la credibilidad; daña al país entero", concluye.
"Un gesto inédito en la práctica judicial cubana"..., parece que la articulista aun no se ha enterado de los cientos de juicios sumarisimos y sin garantias en estas 6 decadas de tirania socialista en que las leyes y los procedimientos han estado supeditados siempre a las ordenes del Narco en Jefe o las de sus parasitos herederos.
Si un extranjero lee este articulo y no conoce la historia de Cuba o no tiene idea de que los codigos legales en el totalitarismo han sido disenados unicamente en funcion de la represion y para enviar senales al exterior de una supuesta nomalidad juridica, pensaria que el caso de Gil ha sido un excepcion.
Tal vez el antecedente que aparece en el link, entre cientos que vinieron despues, ayude a refrescar la memoria (o a enterarse) y a entender que detalles mas o detalles menos, en el comunismo esta es la practica habitual.
https://www.latinamericanst…
Coincido con Amadeus en lo nebuloso del caso de espionaje. En otros tiempos bajo el régimen, a un caso como ese se le hacía propaganda en todos los medios, contra "el enemigo". De inmediato se estaba acusando a EEUU. Aquí ni se sabe si espió para USA, Rusia o para Arabia Saudita, no se sabe nada. Para no hablar de la responsabilidad elemental de su jefe inmediato, el muy ponderado Diaz-Canel S., a quien hasta ahora ni se le ha rozado con el pétalo de una rosa.
Asi que DDC emplea a un "exjuez, con 17 años de experiencia en el sistema judicial de Cuba".
Interesante. Seria interesante saber que casos presidio en esos 17 años.
Fuera de eso, nos explica en este artí-culo el agua tibia.
Tampoco creo que pueda asegurarse que el fallo se publicó sin comunicar antes la sentencia a las partes ¿Cómo lo saben si las partes no se han expresado públicamente?
El tema del espionaje es nebuloso y no se ha tocado en detalles. Es muy probable que en el caso de que Gil hubiese entregado alguna información confidencial, haya sido a un país aliado de los Castros.