Secretismo, pactos ilegales de silencio y presión: así fue el segundo juicio contra Alejandro Gil

El segundo juicio contra el exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, concluyó en el Tribunal de Marianao bajo un nivel de opacidad "sin precedentes", consideró el equipo legal de DIARIO DE CUBA.

El proceso —del que no se anunció fecha, se realizó sin acceso de la prensa y cuyo contenido permanece totalmente reservado— incluyó delitos económicos como malversación, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos. Junto a Gil fueron juzgados al menos una decena de acusados, cuyos nombres el régimen mantiene ocultos.

Según apuntó el exjuez y analista legal Edel González Jiménez, las órdenes de silencio han sido "incuestionables" y dirigidas especialmente a los profesionales del Derecho: "Hay indicaciones de que nadie, sobre todo ningún profesional, puede dar información acerca del caso".

El experto subraya que la defensa del exministro se desarrolla en un contexto de autocensura institucional, con instrucciones explícitas a abogados y bufetes para no filtrar información "ni procurarla", con el fin de evitar "cualquier cuestionamiento ético". Estos protocolos, explica, no forman parte de la ley, sino de una práctica impuesta por el aparato político.

Fuentes de DIARIO DE CUBA confirman que el juicio quedó concluso para sentencia, pero esta redacción no pudo conocer cómo se desarrolló la vista, porque la defensa de Gil —liderada por el abogado Abel Solá— dejó de responder las llamadas.

Acuerdos de confidencialidad: una práctica ilegal sin base en el derecho cubano

Uno de los elementos más alarmantes del proceso ha sido la obligación impuesta a los hijos de Alejandro Gil de firmar un acuerdo de confidencialidad para poder entrar al juicio. De confirmarse —fuentes familiares citadas por Martí Noticias así lo indicaron— sería un hecho "inédito, arbitrario y completamente contrario al derecho cubano".

González Jiménez explica que la Ley del Proceso Penal no contempla acuerdos escritos de silencio. "En un juicio a puertas cerradas, la ley solo exige una advertencia oral sobre qué información no puede divulgarse. Exigir firmas sustituye ilegalmente esa figura y crea una institución paralela sin soporte normativo".

Según el exjuez, este recurso constituye una forma extrema de intimidación procesal: "No hay base legal para imponer un pacto escrito de silencio. Es una carga procesal creada al margen de la ley y, por tanto, arbitraria e inconstitucional".

Además, familiares han descrito un ambiente "aplastante" de miedo institucional, sin explicaciones claras del juez encargado del caso sobre los límites de la publicidad del proceso.

Una operación de silenciamiento político

Para el equipo legal de DIARIO DE CUBA, la ausencia total de filtraciones no es casual: "responde a una operación estructurada de control informativo, diseñada para impedir cualquier escrutinio nacional o internacional sobre un caso que compromete a estructuras altas del Estado".

Fuentes consultadas hablan de presión psicológica a familiares, aislamiento de abogados, advertencias y amenazas desde varios niveles del aparato estatal, y una vigilancia estricta sobre cualquier flujo de información.

González recuerda que, aunque la ley no obligue al tribunal a anunciar públicamente un juicio, sí habría sido ético y coherente hacerlo, como en la primera vista, celebrada por espionaje. La decisión de no informar, sostiene, forma parte del deterioro general del sistema judicial.

"Las indicaciones de silencio contradicen directamente los deberes profesionales recogidos en la Ley 176/2024, que obligan a promover la transparencia y educar jurídicamente a la población", advierte.

Para el exjuez, el juicio contra Gil se ha convertido en un ejemplo extremo de cómo el sistema penal cubano opera como instrumento político, desnaturalizando principios como publicidad, control ciudadano y debido proceso.

El segundo juicio, según la hermana de Gil

María Victoria Gil, hermana del exministro procesado, considera la falta de información pública "una falta de respeto al pueblo de Cuba" y asegura a Martí Noticias que, aunque su hermano admitió algunos cargos, "es imposible que haya actuado solo" y "los verdaderos responsables han desaparecido del proceso".

Según María Victoria Gil, Miguel Díaz-Canel asistió como "testigo de cargo". Esto es una "traición", en vista de la antigua cercanía entre ambos, opina.

La antigua presentadora del programa De la Gran Escena también dice que el régimen evalúa confiscar la vivienda familiar en Miramar, asignada por permuta estatal. Para la familia, se trata de un castigo extra que agrava el proceso judicial.