El segundo juicio contra el exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, en el que se le juzga por diez delitos que incluyen malversación y lavado de activos, comenzó en La Habana el miércoles 26 de noviembre sin que la población fuera informada, confirman fuentes desde la Isla a DIARIO DE CUBA. Añaden que hay al menos diez personas acusadas.
Este juicio, al igual que el anterior —en el que se le juzgó por espionaje—, se celebra en el edificio del Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao. Según una de las fuentes consultadas, "la sala de actos hubo que reorganizarla por la cantidad de personas acusadas, más de una decena".
El juicio empezó "bajo un fuerte operativo de secretividad", explicó otra fuente. Se desconocen detalle sobre si es de carácter público, semipúblico o privado, porque el abogado defensor de Gil Fernández, Abel Solá, no da información o la da a medias.
Sobre el inicio de la vista oral sin que se diera a conocer a los cubanos, el exjuez Edel González Jiménez, miembro del equipo legal de DIARIO DE CUBA, acota que "no es obligatorio que el tribunal informe". No obstante, señala que hacerlo habría sido "lo ético y coherente respecto a cómo se procedió en el primer juicio".
La población tiene derecho a saber
Desde Cuba, tres juristas ofrecen sus criterios sobre el caso a esta redacción, bajo condición de anonimato, y señalan vulneraciones al debido proceso, que afectan tanto al también ex vice primer ministro como el derecho de los cubanos a la información sobre un proceso que involucra a una persona que ocupó cargos de alta responsabilidad.
"La población tiene derecho a saber. Un caso de corrupción que compromete a la dirección del país no puede declararse secreto, ni juzgarse a puertas cerradas. Si eso ocurre, la judicatura cubana deja de ser tal para convertirse en un ente formal de represión de libertades y derechos fundamentales, sin precedentes desde 1902", dice un abogado en ejercicio desde Villa Clara sobre el hecho de que no el Tribunal no ha revelado cuántas personas más están acusadas, ni sus identidades, funciones, grados de responsabilidad o peticiones fiscales.
Afirma que se han filtrado nombres de otros altos funcionarios del Ejecutivo y del Gobierno, incluso diputados, implicados en la causa, pero no menciona ninguno.
Añade que la celebración del juicio a puertas cerradas vulnera "principios esenciales: el control ciudadano sobre la actuación de los jueces, el derecho a conocer los argumentos de la defensa, la posibilidad de observar la práctica de pruebas y la presunción de inocencia".
"Fraccionar el juicio mina aún más la credibilidad del sistema penal, ya de por sí endeble", dice sobre la división del proceso, y recuerda que los artículos 94 y 95 de la Constitución obligan al Estado a proteger los derechos humanos y garantizar el acceso a la Justicia y las garantías penales.
Finalmente, señala que existe el riesgo de que la parte del caso relativa a corrupción se juzgue solo parcialmente, escogiendo los hechos que no comprometan la imagen del Partido, el Estado o el Gobierno.
"El fiscal acusa por lo que le conviene y guarda o elimina lo que resulta incómodo. Es normal. El sistema judicial no tiene facultades de investigación, ni voluntad, ni valor para ir más allá".
Un fallo anticipado
Una jueza de una sala provincial del sistema de tribunales de Cuba considera que el proceso contra el exministro de Economía "apunta claramente a un fallo anticipado", basándose en la información oficial publicada y en sus más de dos décadas de experiencia en la administración de justicia.
Añade que en Cuba la secretividad procesal y las limitaciones a la publicidad de los juicios "no son excepciones, sino la regla", y que este esquema —a pesar de constantes críticas internas— "no ha sido transformado hasta hoy".
Sobre la decisión de mantener bajo estricta reserva los cargos vinculados a la seguridad del Estado, explica que ello responde a la lógica política del sistema. "Gil, como ministro, tuvo acceso a información clasificada; por tanto —sean ciertos o no los hechos imputados— el Estado no permitirá que detalles sensibles se ventilen públicamente, y menos en presencia de otros acusados por delitos comunes sin relación alguna con la seguridad nacional".
Tampoco cree probable que Alejandro Gil pueda declarar con libertad.
"Darle una tribuna sería un riesgo para el Gobierno. Como mucho, responderá preguntas del fiscal y del abogado. Será interrumpido, limitado o incluso amenazado con expulsión si menciona a personas de alto nivel no acusadas, aunque sea parte esencial de su defensa", vaticina.
Desde el arresto, recuerda la magistrada, el paradero y las condiciones de reclusión de Gil fueron un misterio incluso dentro del sistema judicial. Ese nivel de hermetismo sugiere la existencia de un acuerdo informal para garantizar su silencio o limitar lo que pueda decir en el juicio.
A su entender, esta podría ser también la única vía de Gil para atenuar su condena, que debe ser de entre 25 y 30 años, en su opinión.
"Lo más lógico es una condena entre 25 y 30 años de cárcel, de calificarse la modalidad más grave. Una perpetua, en el contexto político actual no cabría según mi experiencia. No es descartable incluso una sanción algo menor, si se estima conveniente, para no llevar el asunto al extremo", sostiene.
"El Estado busca una imagen de severidad, pero con racionalidad, evitando una decisión que genere escándalo interno o desgaste internacional adicional. No se trata de justicia genuina, sino de dosificar la dureza para controlar la narrativa", opina.
Una decisión que perjudica a Alejandro Gil
Un miembro de una junta directiva de la Organización de Bufetes Colectivos (ONBC) considera preocupante la ruptura de la continencia de la causa mediante la separación de expedientes, un mecanismo que históricamente perjudica al imputado.
"Ni siquiera sabemos si la defensa impugnó esa decisión. La falta de acceso a la información nos impide emitir criterios técnicos serios".
El jurista considera que el nuevo juicio "padecerá de omisiones fundamentales, sobre todo aquellas que puedan afectar la imagen de dirigentes o instituciones o favorecer la defensa de Gil y del resto de implicados. Esa es la práctica. La parte acusadora está dirigida".
Un abogado "brillante" dentro de "un modelo restrictivo"
Los tres juristas describen al abogado Abel Solá como "brillante", pero señalan que el modelo restrictivo en el que trabaja lastra su desempeño profesional.
El abogado villaclareño asegura haber conocido, a través de una fuente cercana a Solá, que la defensa del exministro sigue el esquema conocido dentro de Cuba de ejercer sin informar a nadie y sin elevar quejas sobre posibles irregularidades en el juicio.
"Abelito se ha vuelto muy inaccesible, impenetrable, como ocurre cada vez que es escogido para casos connotados, lo cual resulta muy cómodo para la Seguridad del Estado y para la dirección del país", afirma.
El letrado de la defensa solo mantiene comunicación estrecha con directivos provinciales y nacionales, según el jurista, porque "tiene larga experiencia en asuntos de este tipo; desde que asume el caso, sabe a qué se enfrenta y que está siendo vigilado".
La jueza afirma que lo que se está configurando es "la crónica de una sentencia anunciada, y eso lo sabe Abel".
El directivo de la ONBC dice conocer bien a Solá y haber conversado con el en varias ocasiones, pero que, desde que se supo la magnitud del caso, preguntarle cualquier detalle es imposible.
Además, los colegas tienen miedo a llamar al defensor de Gil porque "quien lo haga podría parecer sospechoso de estar filtrando información en tiempos en que se vigila minuciosamente el creciente flujo de revelaciones que deterioran la imagen del país".
"Este caso no se ha debatido ni analizado colectivamente, como suele hacerse en asuntos complejos con acusados comunes. La defensa está actuando sola", añade y advierte que ese aislamiento "afecta directamente a Gil".
"La ausencia de contraste profesional y de retroalimentación entre colegas aumenta el riesgo de errores y omisiones graves, que influyen en el fallo y lesionan la justicia. La transparencia técnica entre colegas sería lo ideal, incluso manteniendo la discrecionalidad necesaria respecto a elementos sensibles", dice.
Sobre "Abelito", sostiene que "lo que sí es cierto es que está bajo estrecha vigilancia, una espada de Damocles que limita severamente su libertad profesional. No es justo, ni ético, ni legal. Defiende en desigualdad de armas".
Pese a considerar "brillante" a Solá, el entrevistado considera que "está quemado por años de ejercer en un modelo restrictivo".
Opina que en un caso tan político se necesitaría una nueva generación de abogados, con valores democráticos y estrategias híbridas —técnicas y políticas— capaces de enfrentar un proceso cuya naturaleza es eminentemente política.
"Una defensa eficaz debe moverse también en el terreno político", afirma.
Antes de concluir, recuerda que la Ley 176/2024 obliga a los abogados en Cuba a fortalecer el orden legal, contribuir a la justicia, educar jurídicamente a la población, promover transparencia.
"El silencio institucional que rodea el caso Gil contradice directamente estos deberes", critica.
Que se coman entre ellos... El mal olor llega a Florida.
Si no hay sentencia de muerte le espantan treinta años por las costillas, y al cabo de un tiempo anuncian su deceso por "un infarto".
Ya lo dijo Sandro Castro, portavoz de la familia, que Gil merece la pena de muerte. Asi que ya la decision esta tomada. Ojala y no lo maten.
Siento curiosidad por conocer en qué planeta vive ese jurista que dice que no hay precedentes desde 1902 de que la judicatura actúe como un ente represor. Eso es inaudito.