Un total de 15 ciudadanos detenidos tras las protestas del 17 de marzo de 2024 en Bayamo, Granma, recibieron sanciones definitivas del Tribunal Municipal, que los declaró responsables de delitos como desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado e instigación a delinquir. Según reportó Martí Noticias, la Fiscalía había solicitado entre uno y seis años de condena, y el fallo quedó firme el 28 de noviembre.
El abogado Alaín Espinosa, del centro de asesoría legal Cubalex, afirmó que el proceso evidencia "el carácter represivo del Estado cubano y, de manera muy marcada, la voluntad política de reprimir derechos". Añadió que desde el primer apartado de los "Hechos probados" se aprecia el incumplimiento de la obligación estatal de facilitar manifestaciones pacíficas, tal como establece la Observación General núm. 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ese documento recuerda que "no se puede considerar que una asamblea pierde su carácter pacífico solo por causar interrupciones menores del tráfico o por implicar desobediencia civil".
Espinosa sostuvo que el fallo muestra cómo las autoridades reinterpretan la protesta pacífica como un acto contra el orden público. Señaló, además, la ausencia de pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia y calificó las sanciones de medidas "con efecto inhibitorio en el resto de la población".
Los manifestantes habían salido a protestar por los prolongados apagones y la escasez de alimentos y servicios básicos.
La sentencia asegura que entre 300 y 400 personas participaron en la marcha, convocada a través de redes sociales, y que durante el recorrido se bloquearon vías, se interrumpió la circulación y se gritaron consignas contra las autoridades. El documento recoge expresiones como "pongan la corriente", "queremos comida" y "Díaz-Canel Singao", además del lanzamiento de piedras contra agentes policiales y vehículos oficiales.
Espinosa calificó estos procesos como "extremadamente arbitrarios", alejados de los estándares jurídicos internacionales y orientados a mantener el control social.
Así quedaron las penas impuestas: Seis años de privación de libertad para René Aguilera Aguilar; cinco años de privación de libertad para David Alexander Téllez Pérez, Mario Luis Espinosa Cedeño, Osvaldo Núñez Villavicencio; cuatro años de privación de libertad para Jorge Alexis Milanés Cedeño; tres años de privación de libertad para Lázaro Armando Morales Romero, Jesús de Nazaret Arzuaga Almaguer, Franky Carmona Arias, Reynaldo Lucas Leyva Romero, Antonio Zamora Blanco, Ángel Luis Céspedes Cruz, Pedro de Jesús Martínez Rivero y Daniellis Jorge Puig.
Además, el tribunal impuso sanciones subsidiadas por limitación de libertad a Yoanier de Jesús Carmona Verdecia (dos años) y Rancel Miguel Domínguez Reyes (tres años).
Pese al escarmiento que impone el régimen, las expresiones de hartazgo y las manifestaciones en las calles siguen produciéndose en una Cuba sumida en apagones, escasez y servicios públicos cada vez más precarios.
Justicia 11J reportó que en la noche del 8 de diciembre se registraron nuevas protestas en varias localidades del país, motivadas por apagones prolongados, falta de agua y desatención institucional. La organización documentó acciones en once puntos, principalmente en La Habana (ocho), pero también en Guantánamo, Camagüey y Artemisa. Hubo cacerolazos, cierres de calles, quema de desechos y consignas contra el Gobierno, incluidas manifestaciones estudiantiles. Según fuentes locales, en algunos sitios el servicio eléctrico fue restablecido tras las protestas.
La plataforma expresó preocupación por posibles represalias, recordó que el Estado ha impuesto castigos severos a manifestantes del 11J y señaló que en 2025 ha registrado 313 protestas públicas, muchas de ellas con presencia de fuerzas represivas. Justicia 11J pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante, exigir respeto al derecho a la protesta y presionar para que cese la criminalización ciudadana.
