Después de pasar más de un año en prisión por protestar contra los apagones, el hambre y la falta de libertad que hunden a los cubanos en la desesperación, 16 granmenses recibieron peticiones fiscales de hasta siete años de prisión.
La información fue enviada por el miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y prisionero político Julio César Vega al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que compartió en su cuenta de X el audio del activista.
Vega recordó que, en marzo de 2024, "decenas de personas tomaron las calles mediante una protesta pacífica en varios poblados y comunidades de la provincia Granma".
En Granma, fueron detenidas muchas personas, aunque solo fueron encarceladas 16 —14 hombres y dos mujeres—, reportó Vega en el audio compartido por el OCDH. El preso político no precisó la fecha de las protestas en las que participaron los manifestantes.
Justo en ese mes del año pasado, el OCDH registró 654 protestas, que alcanzaron su punto máximo el domingo 17, cuando estallaron protestas en Santiago de Cuba y Bayamo, en las que los manifestantes exigieron a gritos "corriente" y "comida".
Videos que circularon en las redes sociales mostraron a los residentes en esas provincias coreando también "Patria y Vida" y reclamando libertad.
Esas protestas comenzaron un día después de que el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitiera que la situación de los apagones en Cuba continuaría siendo "tensa", pese a la llegada de barcos con combustible y a que la Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, estaba a punto de volver a funcionar, tras varios días detenida por una avería.
Los 16 granmenses conocieron las peticiones fiscales el pasado 20 de junio. Su prolongado encarcelamiento constituye un ejemplo del uso abusivo e ilegal que hace el régimen cubano de la prisión provisional, que en la Isla constituye una sentencia previa al juicio más que una medida cautelar, como analizó recientemente DIARIO DE CUBA.
Al menos dos de los 16 manifestantes, al pasar más de un año en prisión, ya habrían recibido castigos más severos que los solicitados por la Fiscalía.
Para Duaniel de Jesús Carmona Verdecia y Rangel Miguel Domínguez Reyes, la petición fiscal es de dos y tres años de prisión domiciliaria, respectivamente.
Odalys Zamora Rondón cumpliría la condena más alta, de siete años de cárcel, de ser sancionada de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía.
El resto de las peticiones fiscales son de tres años de cárcel para Daniellys Jorge Puig, Lázaro Armando Morales Romero, Jesús de Nazaret Alzuaga Almaguer, Frankie Carmona Arias, Reinaldo Lucas Leyva Romero, Antonio Zamora Blanco, Angel Luis Céspedes Cruz, Pedro de Jesús Martínez Rivero y Jorge Alexis Milanés Cedeño.
Cuatro años de prisión para David Alexander Téllez Pérez; cinco para Mario Luis Espinosa Cedeño y Osvaldo Núñez Villavicencio, y seis para René Aguilera Aguilar.
