"Todos los aspectos de mi vida han sido envenenados por la política cubana y su régimen corrupto", dijo en febrero, en su discurso en el Geneva Summit for Human Rights and Democracy, Osiris José Puerto Terry. Aún tenía en su cuerpo una de las balas que disparó contra él la Policía Nacional Revolucionaria durante las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).
Aquel día, Puerto Terry salió a las calles de La Habana como miles de cubanos en toda la Isla. También como miles antes del 11J no se consideraba un activista por la democracia. Pero, aunque solo se dedicaba a vender helados, desde mucho antes el sistema socialista había destrozado su vida.
Siendo un niño, su padre desapareció, y en la escuela los maestros le decían que era un hombre malo. No entendía nada: solo tenía cuatro años. Su madre, rota por el ambiente alrededor de aquella situación, se suicidó. Pasaron años antes de que Puerto Terry supiera que el régimen había expulsado a su padre de la Isla entre los 125.000 cubanos que huyeron en barcos en 1980, en el éxodo del Mariel.
Durante su adolescencia canalizó las frustraciones a través del boxeo y descubrió que tenía un talento natural. Fue de los mejores de su promoción y esperaba alistarse en el equipo nacional. Soñaba con competir en la Copa Mundial de Boxeo. "Pero el régimen me negó esa oportunidad por mi vínculo con mi padre", un cubano en el exterior, ha contado.
Todo había ocurrido antes de cumplir los 18 años: el Estado le privó de crecer con su padre, llevó a su madre al suicidio y frustró su carrera deportiva. A los 49, ese mismo Estado intentó asesinarlo el 11J.
Después de un largo día vendiendo helados, se reunió con unos amigos en la tarde. Entonces vieron una multitud en las calles. Las protestas habían comenzado. "¡Patria y Vida!", "¡No tenemos miedo!", "¡Libertad!", coreaban los participantes pacíficamente. "Pero entonces aparecieron las brigadas antidisturbios, y aquello se convirtió rápidamente en un campo de batalla", contó Puerto Terry. "La Policía atacó violentamente a los manifestantes, lanzándoles piedras y obligándoles a retirarse".
Pensó que era buena idea regresar a su casa. Apresuró sus pasos. Había caos. En una calle oyó a un oficial gritar a un grupo de seis militares: "¡Fuego a todos!". Aterrorizado, vio comenzar un tiroteo.
Puerto Terry aún recuerda lo que ocurrió a continuación. Un capitán de la Policía Especializada le disparó a la cabeza, pero falló y el proyectil impactó en la pared detrás de él. "Me escondí detrás de un pilar e intenté correr hacia un edificio vecino. El militar disparó por segunda vez y me dio en la pierna derecha, justo debajo de la rodilla. Caí al suelo, llorando de dolor. Intenté levantarme, pero no pude. Disparó de nuevo, alcanzándome en la espalda. Pedí ayuda a gritos. Dos vecinos me arrastraron al interior del edificio. El militar intentó seguirme: '¿Dónde está el negro? Queremos asegurarnos de que está muerto'".
Un vecino y amigo de la infancia de Puerto Terry, que había estudiado Medicina, le hizo un torniquete en la pierna y cubrió la herida de la espalda. La sangre cubría buena parte de su cuerpo. Pasaron unas horas antes de que llegara a un hospital. Aunque los médicos se apresuraron a socorrerlo, una oficial de la Policía en la entrada empezó a molerlo a palos, quizá sospechando que había sido baleado por manifestarse.
Moribundo, escuchó a la oficial cuestionar: "¿Van a salvar a ese contrarrevolucionario?". A lo que un doctor contestó: "Sí, vamos a salvarle la vida porque ese es nuestro trabajo". Y Puerto Terry perdió la conciencia.
Cuando volvió en sí estaba cubierto de vendas. Le habían extraído la bala de la pierna y otra del abdomen. "Pero una quedó alojada entre mis costillas". Con esa bala en su interior dio su discurso en el Geneva Summit for Human Rights and Democracy.
La larga recuperación en el hospital estuvo sazonada con frecuentes interrogatorios de la policía política. Ya de alta, pasó encamado un año y ocho meses. Su padre y su hermanastra debían enviarle regularmente desde Estados Unidos los medicamentos que necesitaba. "Sin mi familia en el extranjero para ayudarme, habría muerto", confesó.
Semanalmente, y con una dolorosa herida en el abdomen, el régimen lo obligó a ir a una estación policial para firmar un acuerdo donde se comprometía a "no involucrarse en política". A menudo, sin previo aviso, aparecían funcionarios estatales para interrogarlo o ponerlo bajo arresto domiciliario.
Para hacer más orwelliano aquel proceso, supo que habían detenido al amigo de la infancia que le había dado refugio y le salvó la vida. Su nombre es Yoslien Rodríguez Roa, y una jueza castrista lo condenó a 11 años de prisión.
Puerto Terry contrató a un abogado, anhelando que se hiciera justicia y recibir una compensación económica por todos sus gastos médicos. Pero el Estado le devolvió mil excusas: perdieron su historial médico en el hospital; el Departamento de Balística dijo que nunca encontraron proyectiles relacionados con armas de la Policía.
Según activistas en el exilio, la Fiscalía Militar rechazó la demanda, alegando que los militares actuaron "en cumplimiento del deber".
Varias personas fueron tiroteadas por la Policía cubana en las protestas de los días 11 y 12 de julio, entre ellos un menor de edad. Hubo, al menos, una víctima mortal. Puerto Terry piensa a veces que ese pudo haber sido él. "Soy la prueba viviente de la violenta represión del régimen cubano el 11 de julio y de lo dispuestos que estaban a asesinar a civiles", ha dicho.
Ahora, desde su exilio en España, Puerto Terry sigue empujando por la justicia que no consiguió en la Isla. Sayde Chaling-Chong, cubano en Barcelona que preside la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo (AIECC), ha acompañado a Puerto Terry en su camino denunciando al régimen. El pasado 6 de noviembre estuvo junto a él en un hospital español donde, mediante intervención quirúrgica, fue extraído el último proyectil en su cuerpo.
En Cuba la policía política ofreció varias veces extraerlo, pero Puerto Terry "siempre se negó. Hoy, finalmente, tenemos la bala que casi lo mata", confirmó AIECC en una nota.
En declaraciones exclusivas para este artículo, Chaling-Chong aseguró que con esa evidencia llevarán al dictador Miguel Díaz-Canel al banquillo de los acusados de la justicia internacional.
"Nos restan dos sesiones en lo que queda de 2025 para asistir a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, donde queremos conseguir al menos una moción de condena", explicó.
"Con ese informe, más un proceso que iniciaremos con peritos balísticos y una investigación jurídica asociada, abriremos un proceso contra Díaz-Canel y los policías Raunel Yannis García y Edisnel García Guerra, por delitos de lesa humanidad y/o intento de asesinato".
La bala que horadó el cuerpo de Puerto Terry y acompañó sus entrañas por 1.579 días ahora vuelve en un frasco plástico, pero contra el sistema que envenenó a su familia desde niño, cortó sus sueños de adolescencia e intentó apagar su vida cuando toda una nación gritó Libertad.
Muy bien. Que Dios despeje el camino a ese proceso.