Mientras la situación de los presos políticos cubanos es cada vez peor al interior de los establecimientos penitenciarios, como demuestran las denuncias recientes en torno a Juan Enrique Pérez y Carlos Alberto MacDonald Ennis, la Fiscalía del régimen solicitó 15 años de privación de libertad para el joven que ultrajó una imagen de Fidel Castro en las cercanías de la Terminal de Ómnibus de Sancti Spíritus y vandalizó un consultorio médico en el mismo territorio, informó en el perfil de Facebook vinculado a la Seguridad del Estado "Mi lealtad acrisolada".
"Estos actos, promovidos y financiados desde el exterior, no representan los valores de nuestro pueblo. No reflejan la ética, la solidaridad ni la dignidad que caracterizan a los cubanos, incluso en medio de las mayores dificultades", indicó el perfil oficialista y dejó claro que se trata de una condena ejemplarizante para evitar hechos similares. "No habrá impunidad para quienes, al servicio del enemigo, intenten destruir la unidad de la Patria", concluyó, con clara vocación propagandística.
Esta condena, además, está inmersa en un contexto en el que, hace poco más de un mes, el Tribunal Supremo Popular anunció que los actos vandálicos que se están produciendo en el país, según la propaganda oficial, serán castigados como delitos de sabotaje, incluso con pena capital, en una vuelta de tuerca de la respuesta represiva a la crisis de seguridad que experimenta la Isla.
"Creo que el delito de sabotaje utilizado en el contexto de tantas carencias que hay en Cuba es una interpretación que va a traer injusticia y severidad. Creo que es improcedente que se aplique en todos los casos", dijo al respecto el abogado de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez.
Curiosamente, los tribunales cubanos no muestran la misma severidad con delitos como asaltos, robos, asesinatos o feminicidios que han desatado una crisis de seguridad en la Isla que las autoridades dicen enfrentar con tolerancia cero, pero que reciben sanciones más benignas que cuando se trata de delitos políticos.
Mientras, el régimen insiste en imponer largas condenas y ampliar la población penal, el grupo de asesoría legal Cubalex denunció que los presos políticos Juan Enrique Pérez y Carlos Alberto MacDonald Ennis son "víctimas del abandono y la desprotección de las autoridades penitenciarias, que ignoran su estado y vulneran sus derechos fundamentales".
Así, Pérez se desmayó en dos ocasiones durante una reciente visita familiar, una señal clara de su grave deterioro físico. A pesar de ello, las autoridades se niegan a realizarle un chequeo médico, a pesar de las secuelas que acumula su cuerpo luego de las huelgas de hambre, torturas y enfermedades crónicas que ha vivido en prisión.
Además, el activista Marcel Valdés alertó que Pérez presenta signos de parálisis facial, provocada por deficiencias nutricionales y las condiciones inhumanas en las que permanece recluido.
Mientras, MacDonald Ennis sufre fuertes y persistentes dolores en la cabeza y zona nasal, donde tiene una tumoración sin tratar. A pesar de la gravedad de su situación, no ha recibido atención médica ni le han realizado los estudios necesarios para determinar si la lesión es benigna o maligna. "La negligencia institucional pone en riesgo su vida", resaltó Cubalex y denunció que las autoridades penitenciarias no le suministran medicamentos para las enfermedades crónicas que padece, como hipertensión, diabetes, pancreatitis y cardiopatía. Además, "han rechazado todos los recursos legales presentados por su familia", subrayó.
Así, mientras aumenta la represión y las condenas severas, con la intención de mantener el orden y el poder a base de intimidación, el régimen se desentiende de las vidas de aquellos a quienes encarcela. En tal sentido, el preso político Virgilio Mantilla Arango afirmó este miércoles que, debido a las deplorables condiciones en los centros penitenciarios, la falta de alimentación y de atención médica, los reos están "condenados a muerte".
