Del 23 al 28 de junio de 2025, el régimen cubano desplegó su llamado Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Drogas, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales, un operativo que, en su tercera edición, volvió a ser presentado oficialmente como muestra del "compromiso con la seguridad ciudadana". Pero lejos de representar un esfuerzo genuino por enfrentar los males que aquejan a la sociedad, este "ejercicio" se reveló como un ensayo masivo de control político, represión preventiva y propaganda autoritaria.
Control total en tiempos de crisis
Con un país sumido en una crisis económica, energética y social sin precedentes, el régimen volvió a recurrir a una estrategia probada: exhibir fuerza y autoridad para disipar el descontento. Estos "ejercicios" se ejecutan bajo el liderazgo del Ministerio del Interior (MININT) y el Partido Comunista, como muestra de que aún tienen capacidad para vigilar, sancionar y someter a quienes se desvíen del discurso oficial.
La narrativa del "enemigo interno" toma la escena: el pequeño emprendedor, el trabajador informal, el funcionario o simple trabajador estatal que desvía recursos para sobrevivir o incluso el joven que alza la voz contra el sistema. En este escenario, el régimen convierte la precariedad estructural en delito, y la justicia penal, en herramienta de intimidación, consideran abogados de DIARIO DE CUBA.
Más castigo, menos soluciones
Sin que se hiciera público un balance oficial, como en ejercicios anteriores, fuentes del sistema judicial confirmaron a través de la prensa oficialista la tramitación de casos penales, con un alto porcentaje de prisión provisional, juicios públicos por delitos graves —hasta 12 años por narcotráfico y diez o más años de cárcel por delitos de corrupción—.
En provincias como La Habana y Santiago de Cuba, se celebraron "juicios ejemplarizantes" para reforzar la publicitada política de "tolerancia cero" a las drogas y otros procedimientos que terminaron con penas severas para delitos asociados al robo con violencia.
En paralelo, la Fiscalía y el sistema de auditoría apuntaron contra cuentapropistas y emprendedores, revisando contratos y licencias con información suministrada por el Ministerio del Interior. El mensaje es claro: cualquier forma de iniciativa económica al margen del control estatal será vigilada, controlada y eventualmente criminalizada.
Miedo como política pública
"Más que prevenir el delito, el objetivo es otro: reafirmar el miedo como instrumento de obediencia social. La amenaza de largas condenas busca frenar tanto la inconformidad como la iniciativa. En un país donde las condiciones materiales se deterioran sin pausa, el castigo se convierte en el único recurso del poder para disciplinar a una población agotada y sin horizonte", coinciden los juristas consultados.
El Ejercicio incluyó, además, la movilización forzosa de organizaciones oficialistas como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) o la campesina ANAP, que —aunque inertes en la cotidianidad— se reactivan en estos ejercicios como redes de vigilancia y propaganda. La intención: simular una sociedad "organizada" en torno a valores revolucionarios, alineada con el poder, disciplinada frente a la adversidad.
Un ritual punitivo sin soluciones
Al no abordar las causas reales de la criminalidad —la pobreza, el colapso institucional, la desesperanza— el operativo se convierte en un espectáculo de castigo selectivo. "El delito no es visto como enemigo por la mayoría de los cubanos, sino como una estrategia de supervivencia", dice el exjuez Edel González Giménez. La economía informal, el desvío de recursos, incluso la droga, son parte del mecanismo popular de "resolver" ante un sistema que no garantiza lo básico, considera.
Para el régimen, estos comportamientos deben ser castigados, no por su impacto social, sino porque erosionan el monopolio del poder. Bajo la consigna de "orden", se normaliza la presencia policial intensificada, los patrullajes, las detenciones arbitrarias y la vigilancia domiciliaria, sobre todo contra actores de la sociedad civil independiente, blindando así el autoritarismo en nombre de una falsa seguridad.
Ensayo de respuesta ante un estallido
"Más allá de su dimensión simbólica, el ejercicio funciona como un entrenamiento. Se ensayan los reflejos de las instituciones represivas ante posibles protestas sociales. Se movilizan fiscales, jueces, inspectores y cuadros del Partido para simular una respuesta coordinada a una crisis. Se obliga a estudiantes y trabajadores a participar en actividades 'educativas', reforzando la idea de que seguridad y obediencia son lo mismo", señala González Giménez.
Es también una campaña para el exterior. "La propaganda estatal intenta proyectar a Cuba como un país activo contra la delincuencia y la corrupción, buscando limpiar su imagen en foros internacionales y justificar el reclamo de su exclusión de listas negras", añade. Para el jurista, esta imagen oficial choca con la realidad cotidiana: un país empobrecido, sin derechos civiles, y cada vez más vigilado.
El derecho penal al servicio del poder
El Ejercicio Nacional 2025 no combate la criminalidad real. No enfrenta la corrupción estructural ni frena el tráfico de drogas, cada vez más presente. Su verdadero objetivo es otro: consolidar el poder a través del miedo, convertir el aparato de justicia en instrumento de sumisión política, y desviar la frustración popular hacia chivos expiatorios internos.
"Más que un operativo de seguridad, es un ritual político que evidencia la falta de apertura democrática y el endurecimiento del control social en Cuba mediante el uso extremista del derecho penal", concluye González Giménez.