En un nuevo intento por mostrar fortaleza institucional y control sobre el orden interno, el régimen cubano ha seguido celebrando esta semana juicios ejemplarizantes, dos más en las provincias de Granma y Guantánamo. Estos actos judiciales fueron difundidos por medios estatales y perfiles afines al régimen en redes sociales, en el contexto del Tercer Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Drogas, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales.
Uno de los casos tuvo lugar en el municipio de Niquero, donde un ciudadano fue condenado a una pena "severa" de privación de libertad —de duración no especificada— por agredir a dos agentes del orden público, informó La Demajagua.
Según el Tribunal Municipal Popular, el inculpado tenía antecedentes penales y recibió además sanciones accesorias como la privación de sus derechos públicos y la prohibición de salida del país.
El periódico oficial y las autoridades aseguraron que el juicio se realizó respetando las garantías procesales, aunque subrayaron su carácter "ejemplarizante", lo que revela su uso político como herramienta de escarmiento.
En paralelo, el Tribunal Provincial de Guantánamo impuso penas de 25, 20 y 17 años de prisión a tres acusados de haber asaltado y robado violentamente a un campesino, a quien le sustrajeron más de tres millones de pesos. El caso también fue presentado como una muestra de la eficiencia del sistema judicial y de la actuación de las fuerzas del orden.
"Como resultado de la valoración integral de las pruebas practicadas, se demostró que los tres acusados, actuando de común acuerdo, en horas de la noche del 8 de septiembre de 2024, se presentaron con el rostro cubierto en las inmediaciones de la vivienda de un campesino residente en La Caridad de los Indios, municipio Manuel Tames, y aprovechando el momento en que la víctima se disponía a recoger el ganado, los acusados se abalanzaron violentamente sobre él, propinándole varios golpes que le causaron lesiones y con el propósito de inmovilizarlo, lo amordazaron y ataron con una soga, e igualmente lo intimidaron empleando un arma de fuego de fabricación artesanal y dos armas blancas", publicó Guantánamo y su Verdad.
Sin embargo, en su afán por publicitar la supuesta eficacia del aparato estatal frente a la delincuencia, el régimen termina dejando al descubierto una realidad cada vez más alarmante: el incremento notable de la criminalidad en la Isla. La frecuencia y violencia de los delitos que ahora son ventilados en medios oficiales contrastan con el discurso de "tranquilidad ciudadana" que el Gobierno ha sostenido durante décadas.
Organismos de derechos humanos y observadores independientes advierten que el uso de juicios públicos como espectáculo punitivo busca más contener el malestar social que garantizar justicia. Esta ofensiva mediática, en lugar de proyectar autoridad, pone en evidencia el deterioro del tejido social y la pérdida de control del régimen sobre una población golpeada por la crisis económica, las escaseces y la desesperanza.
