La situación de los presos políticos en Cuba sigue generando alarma entre organizaciones de derechos humanos, familiares y activistas, ante el agravamiento del estado de salud de varios detenidos y las medidas punitivas adoptadas por las autoridades penitenciarias en las últimas semanas.
En medio de un panorama carcelario marcado por la opacidad institucional, la activista exiliada Anamely Ramos informó este martes que el rapero contestatario Maykel Osorbo ya no se encuentra en huelga de hambre, aunque aún no se conocen los detalles de su estado actual ni si fue víctima de alguna medida disciplinaria.
"Seguimos esperando su llamada para poder explicar mejor lo que ocurrió. Por ahora, mil gracias #FreeMaykelOsorbo", escribió Ramos en Facebook.
Osorbo, coautor del tema contestatario "Patria y Vida", cumple una condena de nueve años por supuestos delitos asociados a su activismo, en un proceso ampliamente cuestionado por organismos internacionales.
El caso de Osorbo coincide con nuevas denuncias sobre represalias carcelarias contra otros presos del 11 de julio de 2021, fecha emblemática de las protestas ciudadanas más masivas registradas en Cuba en décadas.
Desde la misma prisión de máxima severidad Kilo 5 ½, en Pinar del Río, el activista Alexander Díaz Rodríguez denunció vía telefónica al medio independiente CubaNet que fue trasladado de forma abrupta y sin explicación desde el campamento de trabajos forzados "El 25" hacia ese centro penitenciario, de mayor rigor.
El operativo se ejecutó el pasado 23 de junio, cuando varios militares lo condujeron al nuevo penal sin permitirle recoger sus pertenencias, medicinas ni artículos personales.
Díaz Rodríguez, quien padece una enfermedad oncológica, no ha recibido tratamiento médico desde su traslado, y asegura haber presentado quejas sin respuesta ante las autoridades penitenciarias.
El preso político, condenado a seis años de privación de libertad por "atentado, desacato y desórdenes públicos", fue uno de los manifestantes pacíficos reprimidos el 11J. En abril pasado, denunció amenazas por parte de la Seguridad del Estado, que lo instaba a colaborar con sus agentes bajo amenaza de regresarlo a régimen de máxima severidad, lo cual finalmente ocurrió.
Donaida Pérez Paseiro: crisis de salud sin atención médica
En Villa Clara, la prisionera política Donaida Pérez Paseiro enfrenta un grave deterioro de salud en la cárcel de mujeres Guamajal, donde se encuentra recluida tras la revocación de su libertad condicional el pasado 11 de junio, recogió una nota de prensa del Directorio Democrático Cubano enviada a esta redacción.
Según denunció su cuñado, el exprisionero Jorge Luis García Pérez "Antúnez", Donaida sufre fuertes desmayos debido a una anemia severa, con niveles de hemoglobina peligrosamente bajos. Aunque los médicos del penal han reconocido la gravedad del cuadro clínico, el traslado a un hospital depende del permiso de la Seguridad del Estado, lo que prolonga la desatención y pone en riesgo su vida.
Pérez Paseiro fue condenada a ocho años de prisión junto a su esposo Loreto Hernández, también preso por su participación en las protestas del 11J. Desde su excarcelación provisional, en enero, continuó denunciando el deterioro de la salud de su esposo. Su regreso a prisión se interpreta como una represalia directa a su activismo persistente.
Félix Navarro: traslado sin diagnóstico ni tratamiento
Otro de los presos políticos con delicado estado de salud es el opositor Félix Navarro Rodríguez, preso desde 2021, excarcelado en enero y devuelto a la cárcel poco después. Según alertó la organización Cubalex, el veterano activista será trasladado a La Habana para realizarse un examen TAC, sin que se haya informado oficialmente su diagnóstico ni el motivo exacto del estudio.
Navarro permanece en el penal de Agüica en condiciones que violan estándares mínimos de atención médica, sin acceso a un tratamiento adecuado y expuesto a prácticas de aislamiento, condenó el centro de asesoría legal. Su esposa, Sonia Álvarez, denunció que el activista no ha recibido atención sistemática pese a síntomas preocupantes.
Los casos recientes evidencian un patrón sistemático de represalias, desatención médica y decisiones penitenciarias arbitrarias contra quienes fueron condenados por motivos políticos, particularmente tras el estallido social del 11J.
Organizaciones como Cubalex, el Directorio Democrático Cubano y activistas en el exilio responsabilizan al régimen cubano por lo que pueda suceder a estos y otros prisioneros de conciencia.
En un contexto donde el acceso a justicia independiente es inexistente y los canales de reclamo son controlados por las autoridades, las familias y la sociedad civil mantienen viva la exigencia: libertad inmediata para todas las presas y presos políticos en Cuba.
