Si Melody González es deportada, ¿qué impacto tendrá su caso en los jueces cubanos?

Este jueves 8 de mayo, un juez migratorio de Estados Unidos emitirá un fallo sobre la solicitud de asilo político de la exjueza cubana Melody González Pedraza, quien en 2024 condenó a prisión a cuatro jóvenes sin suficientes pruebas, según confesó ella en entrevista exclusiva con DIARIO DE CUBA. Las probabilidades de que el veredicto le sea desfavorable son altas, de acuerdo con las declaraciones que ofreció ella a esta redacción antes de su audiencia más reciente. 

González Pedraza está recluida en el centro de detención Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida, desde que le fue negada la entrada a Estados Unidos y pidió el asilo.

¿Marcará el probable veredicto en su contra un antes y un después en la subordinación al poder de los jueces que permanecen en Cuba? ¿Tendrá un impacto la membresía del Partido Comunista de Cuba (PCC), teniendo en cuenta que haber sido militante hasta poco antes de emigrar es uno de los elementos que tiene en contra la exmagistrada?

Al respecto, ofrecen su opinión a DIARIO DE CUBA los abogados Raudiel Peña, Eloy Viera y Edel González.

Una muestra de que los señalamientos de la sociedad civil cubana no quedan en el mero discurso

Viera, analista jurídico y comentarista de temas legales, no cree que este caso marque "un antes y un después como para quebrar el sistema de obediencia dentro del sistema judicial cubano", porque sistemas como ese "se engrasan y articulan de otra forma y están bastante solidificados".

Tampoco cree que la pertenencia al PCC como requisito para insertarse en ciertas estructuras del tribunal vaya a cambiar. 

Sin embargo, considera que este caso "es la consecuencia del seguimiento que le hizo la sociedad cubana civil" a quienes participaron en los procesos judiciales relacionados con el 11 de julio.

"Quizás las persecuciones posteriores al 11 de julio marcaron el momento en que la gente vio que hay todo un aparato jurídico que forma parte de la legitimación del aparato represivo mismo. Y la gente señaló (a sus miembros), los nombró y comenzó a identificarlos también como posibles represores".

"Melody sí va a ser la muestra clarísima de que ese proceso de seguimiento y de señalamiento de la sociedad civil no queda meramente en el discurso. Estamos hablando de una sociedad civil que es capaz de articularse para hacer que cueste haber participado en la represión en Cuba, que aunque sea cueste en los proyectos futuros de la gente, en su capacidad de llegar a un país como los Estados Unidos y poder instalarse y hacer una nueva vida", subraya.

Asimismo, opina que el caso de la exjueza podría influir en un aumento del éxodo laboral, en los tribunales cubanos, afectados ya por la falta de personal.

Estampida en los tribunales cubanos

El abogado Edel González, miembro del equipo de DIARIO DE CUBA, sustenta esa hipótesis con información recibida desde la Isla.

"Me han informado que el éxodo de juezas y jueces existía desde antes, por las precarias condiciones de trabajo, los bajos salarios, la miseria nacional y la intervención político/militar de la judicatura. Pero 'el caso Melody en Estados Unidos', por llamarlo de alguna manera, amplió sustancialmente el número de bajas, tanto de jueces y juezas, como de secretarias y asistentes judiciales para evitar represalias, en caso de emigrar y en una Cuba en transición, de la parte que alegue haber sido afectada por el sistema de criminalización de conductas", cuenta González.

Para él, "el caso Melody" enseñó a los jueces cubanos que "uno: hay que abstenerse de ejecutar actos ilegales, indebidos y discriminantes por razones políticas; dos: en defecto de lo anterior, deben enfrentarse a la práctica criminalizadora".

Sobre la militancia en el PCC, González asegura que le han dicho que "más del 60% de los trabajadores judiciales tiene entre 23 y 30 años y casi ninguno viene con militancia de la UJC (Unión de Jóvenes Comunistas, cantera del PCC). Los que permanecen en el sector judicial rechazan ser parte del Partido, alegando infinitas causales que resultan mentiras, como enfermedades, tener menores o ancianos a su cargo, etc., pues saben que ser parte de estas estructuras políticas es una carga negativa para las ansias de emigrar".

¿Una causa legal de protección internacional o el resultado de un mecanismo para obtener asilo político?

Respecto al proceso migratorio en EEUU de la exjueza, el abogado de DIARIO DE CUBA opina que "ella tiene una causa legal y objetiva de protección internacional". 

"No solo reciben protección quienes huyen de un aparato, Estado o grupo que se impone en un país o territorio a base de la fuerza, la arbitrariedad, la ilegalidad y la represión. También, aquellos que, sin haber tenido este motivo al momento de salir del país, con su actuar posterior de enfrentamiento y de denuncia a dicho sistema y práctica, indicando incluso nombres y apellidos, han sido capaz de contribuir a desenmascararlos", explica.

"Regresar a Melody después de sus declaraciones a DIARIO DE CUBA puede milagrosamente no traerle ninguna consecuencia. Pero por tendencia demostrada, por estar Cuba sometida un régimen represivo, lo más probable es que sea detenida, interrogada y juzgada por 'otros actos contra la seguridad del Estado' o cualquier otro delito, como represalia y escarmiento, para silenciar a otros jueces, fiscales y abogados que están en el exterior o están saliendo", señala.

"Melody, al margen de su responsabilidad, por la que está pasando dificultades migratorias, colaboró a tiempo, declaró antes de desarrollarse la apelación y fue el sistema judicial quien no resolvió, desoyó sus alegaciones ratificando las condenas impuestas", opina González.

Aunque reconoce que Melody González podría estar en peligro si es deportada, Viera señala que si la exjueza hoy está en riesgo es porque al ser detenida en EEUUU —tras salir de Cuba "sin intención de pedir asilo ni de denunciar absolutamente nada" y después de haber condenado a cuatro personas sin suficientes pruebas— ,"uno de los mecanismos de defensa que utilizó fueron todas las denuncias y todas las explicaciones que dio con relación al proceso".

"Esas denuncias y esas explicaciones que dio como parte de su proceso de defensa son las que hoy la ponen en riesgo si regresa a Cuba", subraya.

DIARIO DE CUBA preguntó a la exjueza, antes de su audiencia más reciente, si habría denunciado intervención del sistema judicial en la Isla, de haber podido entrar libremente a EEUU. Hasta la fecha, esta redacción no ha recibido respuesta.

Los jueces en Cuba son "cooperadores necesarios" en la represión

Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba (OLC) considera que el caso Melody permite "identificar cómo los jueces en Cuba son cooperadores necesarios en las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el país, porque sin las sentencias que ellos firman, las autoridades no podrían tener a tantos presos políticos solo por el ejercicio de su libertad de expresión o la libertad de reunión, de manifestación y otras libertades individuales".

"Creo que es un mensaje claro para cualquier persona, incluidos los jueces, que cometa actos de represión contra los derechos humanos en Cuba: eso tiene consecuencias en Estados Unidos y entre esas consecuencias puede estar la deportación", añade el abogado.

"Si esa deportación se concreta, les va a llegar ese mensaje a los jueces en Cuba y a los que son, además de jueces, militantes del Partido, y sí podría afectar en el plano individual: 'si nos seguimos comportando de esta forma, hay consecuencias en caso de que emigremos hacia Estados Unidos'".

Sobre el peligro que podría enfrentar Melody González en Cuba, apunta que ocurriría "por la falta de independencia judicial" en la Isla.

"Si las denuncias que ha hecho o que podría hacer más adelante en una audiencia de deportación tienen consecuencias legales en Cuba, se confirmaría lo que dice de que hay patrones represivos en Cuba, que se implementan contra los funcionarios públicos, que obligan en este caso a los jueces a no ser independientes", apunta.

No obstante, advierte que esos profesionales, "en todo caso, tienen que asumir su responsabilidad, porque se supone que los jueces solo deben obediencia a la Ley".

¿Un freno a la cooperación de los jueces con el régimen cubano o a sus denuncias sobre la falta de independencia judicial?

Más allá de las consecuencias que pueda tener para Melody González una orden de deportación, a Edel González le preocupa que otros jueces emigrados o que planean emigrar se abstengan de denunciar al sistema judicial cubano en el exterior.

"Mantengo contacto con exjueces situados en el exterior; por cierto, no están en la lista de represores ni estarán, por su actitud", aclara. "Muchos colaboran con DIARIO DE CUBA y con el Observatorio Cubano de Derechos Cubanos. En secreto, nos aportan valiosa información, pero temen salir a la luz y presentar denuncias como Melody, pues les preocupa ser objeto de una deportación injusta por haber sido jueces".

"Esto hay que verlo caso a caso, pero un mal precedente para con Melody puede tener un efecto negativo para los pasos de cambio que están dando profesionales del derecho cubanos", estima.

"Esto no había pasado años atrás. Oficiales del MININT (Ministerio del Interior), de la Seguridad del Estado, etc., que han abandonado sus funciones y han llegado a Estados Unidos son parte de la comunidad de exiliados, sin represalias, porque han colaborado y se han arrepentido de lo que fueron. Esto de Melody es muy complejo", admite el abogado y recomienda que en el caso no haya intervención política y se deje operar a la Justicia de EEUU "sin presiones mediáticas ni de ninguna otra clase".

Sobre una posible influencia negativa de una orden de deportación contra Melody González en otros jueces cubanos que decidan denunciar al régimen, Raudiel Peña opina que es algo "subjetivo".

"Pudiera motivar a otros a denunciar, antes de someterse a una deportación o incluso algunos pudieran autodeportase", dice.

En cualquier caso, recalca que pese a "la escasa independencia judicial que hay en Cuba, los jueces siempre pueden optar por no ser parte de esa maquinaria represiva".

Pone de ejemplo al abogado Julio Ferrer Tamayo, quien "un día sencillamente decidió quedarse decidió alejarse de esa maquinaria represiva".

Julio Alfredo Ferrer Tamayo (1958) trabajó en el sistema de tribunales desde que se graduó, en 1985, y llegó a ser presidente de la Sala Sexta de lo Penal en La Habana. Se opuso a los encarcelamientos por "peligrosidad predelictiva", por lo que tuvo problemas con el régimen cubano. En 1993, abandonó la función de juez. Actualmente es abogado independiente y acumula un largo historial de denuncia de las arbitrariedades e injusticias del régimen, y es parte del equipo del proyecto de monitoreo, asistencia legal gratuita y defensa de los derechos humanos Cubalex.