El régimen acusa a supuestos 'terroristas digitales' de incitar a presos políticos excarcelados a violar los requisitos impuestos

El propagandista del régimen cubano Humberto López volvió a amenazar a los presos políticos excarcelados recientemente tras un acuerdo entre La Habana y El Vaticano de volver a ser recluidos si no cumplen las condiciones establecidas y acusó a influencers, periodistas independientes y medios estadounidenses de "terrorismo digital" al supuestamente "incitar" a la desobediencia y la violación de los requisitos impuestos.

Durante otra edición del programa oficial Razones de Cuba, transmitido por el Canal Caribe en sus redes sociales, López, habitual enlace entre la televisión estatal y la Seguridad del Estado, insistió en que los incluidos en el proceso de excarcelaciones no recibieron amnistía, sino que siguen contando tiempo de sanción.

"Los procesos de excarcelación anticipada anunciados el pasado 14 de enero constituyen actos legítimos de un estado soberano regulados de forma clara y detallada en la legislación vigente", y el incumplimiento de las reglas establecidas conlleva la "revocación del beneficio" y al "reingreso al régimen penitenciario", dijo el vocero oficialista.

López, también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, tachó a opositores, periodistas independientes, medios y activistas radicados en el sur de Florida de "terroristas del espacio digital", de quienes presentó imágenes y discursos, y los acusó incitar a los excarcelados a "confrontaciones", "desórdenes" y a "inclumplir las reglas" impuestas. "Los que escuchen estos mandatos no podrán tener una vida normal", amenazó.

López también recordó que la Ley de Ejecución Penal en Cuba establece que la libertad condicional puede cancelarse si el sancionado "quebranta algunas de las obligaciones establecidas o es sancionado por un nuevo delito" y en el caso de la licencia extrapenal, la vuelta a la cárcel ocurre si "no observa una buena conducta".

El pasado 15 de enero, en entrevista con el propio Humberto López, Maricela Sosa Ravelo, una de las vicepresidentas del Tribunal Supremo Popular de Cuba, admitió que la medida anunciada por La Habana no se trataba de una amnistía ni un indulto, los cuales conllevarían la extinción total de la sanción y que las personas beneficiadas no queden sujetas a ningún control.

Esta semana Prisoners Defenders declaró en un informe que el 94% de las 200 personas excarceladas hasta ahora por el Gobierno cubano, de las 553 que figuran en su acuerdo con el Vaticano, anunciado el pasado 14 de enero, "tenían derecho a un régimen abierto, libertad condicional o libertad inmediata ya hacía incluso más de un año".

De los 200 presos políticos que salieron de las instituciones penitenciaras, 31 de ellos ya habían cumplido sus condenas, pero seguían presos, dos de ellos terminarían de cumplir su condena en cuatro meses o menos, a 57 de ellos les quedarían entre seis y 18 meses de condena y a 67 de ellos les quedarían entre 18 y 42 meses de condena, indicó la organización.

"El 98% de los 200 presos políticos excarcelados en Cuba fueron detenidos y condenados como consecuencia de participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y cumplían, y cumplen aún, penas de entre tres y 15 años, a pesar de que incluso 31 de ellos ya deberían estar libres hace tiempo. La realidad es que las falsas medidas 'de gracia' han sido un juego macabro del régimen ante sus negociadores del Vaticano", denunció Prisoners Defenders.

La ONG subrayó que estas personas "no podrán moverse de su ciudad de residencia", "en gran parte de los casos, están obligados a desempeñar trabajos forzosos asignados por la Seguridad del Estado", "no podrán publicar ni expresar su opinión en redes sociales", "no podrán hacer declaraciones a la prensa" y "no deberán tener comunicación alguna con organizaciones de derechos humanos, tanto internacionales como Prisoners Defenders, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y otras, así como con organizaciones cubanas de derechos humanos".

Asimismo, "no podrán realizar actividad alguna por los derechos humanos, por los presos políticos o demostrar públicamente actitudes críticas con el Gobierno, todas ellas consideradas actividades 'contrarrevolucionarias' en el Estado totalitario". Además, "no podrán viajar fuera de Cuba, ni tampoco tramitar solicitudes consulares, o incluso, en algunos casos, les ha sido vetado hasta poder continuar los trámites de solicitud de nacionalidad española, lo que muchos anhelan para tener un futuro en libertad".

De igual forma, "todos deben comparecer a vistas regulares ante los jueces de ejecución para reforzar las amenazas" y "todos están sometidos a escuchas telefónicas, registros, citaciones policiales y detenciones de forma arbitraria por las autoridades".

"Lo descrito no es una excarcelación como se entiende en el mundo civilizado, y que seguro los negociadores de la Iglesia Católica hubieran deseado. Se trata, por el contrario, de un régimen carcelario domiciliar de facto, algo que la comunidad internacional debe repudiar enérgicamente y al unísono", subrayó Prisoners Defenders.