Los interrogatorios en Cuba, método de coacción empleado con frecuencia por las autoridades del régimen, "se realizan en un contexto de represión sistemática, dirigido principalmente contra activistas, periodistas independientes y defensores de derechos humanos", indicó el grupo de asesoría legal Cubalex en un reciente informe al respecto.
"Estas prácticas forman parte de un modelo de vigilancia y control cuyo objetivo es desarticular redes de apoyo y silenciar voces disidentes. El uso de la intimidación mediante citaciones, amenazas y la manipulación de normativas legales son herramientas clave de este aparato represivo", denunciaron los juristas.
Entre 2022 y 2024 Cubalex documentó 493 casos, de ellos 125 fueron en 2022, 177 en 2023 (aumento del 41.6% respecto al año anterior) y 191 en 2024 (aumento del 7.9% respecto al 2023). "Este incremento progresivo refleja tanto una intensificación de la represión como un posible aumento de la capacidad de denuncia y documentación", subrayó la organización.
"Muchas de las citaciones se justifican bajo pretextos legales, pero su verdadero propósito es obtener información, intimidar, forzar la autocensura y en muchos casos buscan la autoinculpación, a pesar de estar terminantemente prohibido por ley", recalcó.
Cubalex detalló, asimismo, que "las citaciones ocurren principalmente en unidades policiales emblemáticas, como 'Zanja' y 'Villa Marista', conocidas por ser centros de detención e interrogatorio en la capital, pero ocurre en todas las provincias del país. "Las víctimas son privadas de comunicación, sin acceso a representación legal ni contacto con familiares durante el proceso, contrario a la ley", agregó.
En tal sentido, la organización de derechos humanos destacó que "las prácticas registradas cumplen con las características de tortura y tratos inhumanos según los estándares internacionales". Entre estas prácticas destacan la exposición a bajas temperaturas, las amenazas contra familiares, que incluyen advertencias sobre posibles ataques o desapariciones de hijos, parejas u otros allegados, así como humillaciones racistas, sexistas y violencia contra la mujer, además de privación de alimentos y atención medica y la habitual coacción para autoinculparse, a través de métodos de presión para firmar declaraciones bajo amenaza de represalias.
En cuanto a la distribución territorial, La Habana concentra el 71% de los interrogatorios documentados, mientras que Villa Clara y Santiago de Cuba destacan con patrones diferenciados: represión hacia adultos jóvenes en Villa Clara y personas mayores en Santiago de Cuba. Cubalex precisó, además, que "la edad promedio de las personas interrogadas es de 38 años, un grupo clave en términos de participación social y política". Los grupos más vulnerables son los defensores de los derechos humanos, los afrodescendientes, los comunicadores y periodista y los miembros de la comunidad LGTBIQ+.
El grupo de asesoría legal insistió en que, "en el marco de los estándares internacionales, Cuba está obligada a respetar las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como las Reglas Mandela sobre el trato humano a personas privadas de libertad. Sin embargo, los testimonios y documentos analizados muestran un incumplimiento sistemático de estas garantías".
