La ONG Human Rights Watch (HRW) afirmó que el régimen de Cuba "sigue reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disidencia y crítica pública, mientras los cubanos siguen soportando una grave crisis económica que afecta sus derechos, incluido el acceso a la salud y a la alimentación", en el capítulo dedicado a la Isla de su Informe Global de 2024.
En el apretado resumen de la situación que enfrenta Cuba de cara a la violación sistemática de los derechos humanos de sus habitantes, la organización internacional, fundada en 1976, indica que, "al igual que en años anteriores, las autoridades detuvieron arbitrariamente, hostigaron e intimidaron a personas críticas, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. En varias ocasiones, muchos fueron recluidos en régimen de incomunicación, y algunos sufrieron malos tratos y, en algunos casos, torturas".
Añade el informe que durante las protestas espontáneas de marzo de 2024 a causa de los extensos apagones que ese y el siguiente mes castigaron a los cubanos, al menos otras 20 personas fueron encarceladas.
"En junio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria determinó que la detención de 17 personas tras las protestas de julio de 2021, las mayores desde la revolución cubana, era arbitraria. Grupos de derechos humanos informaron que más de 650 manifestantes, entre ellos más de 40 mujeres, están tras las rejas", recuerda.
HRW señala que en la Isla "los fiscales a menudo enmarcan como conductas delictivas acciones como criticar al Gobierno en las redes sociales o protestar pacíficamente, que son ejercicios legítimos de las libertades de expresión y asociación".
El informe advierte que, según cifras oficiales, la población cubana se redujo en un 10% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023, como consecuencia del éxodo migratorio histórico que vive el país. Es en ese contexto, recuerda, que "la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que permitiría al Gobierno despojar de su nacionalidad a cubanos en el extranjero si 'realizan actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba'. Al momento de redactar este informe, no se había convertido en ley".
HRW señala la imposibilidad de los cubanos de disfrutar de derechos sociales debido a la grave crisis económica que azota al país, y recuerda que en febrero de 2024 el Gobierno de "Cuba solicitó asistencia al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU por primera vez. Pidió al PMA que proporcionara leche en polvo a los niños menores de siete años. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 'expresaron su preocupación por el reciente empeoramiento de la inseguridad alimentaria y los prolongados cortes de energía en Cuba'".
"Los críticos del Gobierno corren el riesgo de ser procesados penalmente y no se les garantiza el debido proceso, como el derecho a audiencias justas y públicas por parte de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo", advierte el informe.
HRW menciona en específico los casos de presos políticos como Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, así como de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien fue excarcelado el jueves 16 de enero, después de sufrir toda clase de maltratos y arbitrariedades desde que fuera encarcelado en 2021.
"Las prisiones suelen estar superpobladas. Los detenidos no cuentan con un mecanismo eficaz de denuncia para buscar reparación por los abusos. El Gobierno sigue negando a los grupos de derechos humanos cubanos e internacionales el acceso a las cárceles, mientras que las organizaciones de derechos humanos y los periodistas informan sobre la escasez de alimentos, el acceso inadecuado a la atención médica y los brotes de tuberculosis", señala.
En lo referido a la libertad de expresión, HRW apunta que el régimen controla casi todos los medios de comunicación en la Isla, "restringe el acceso a la información externa y censura periódicamente a críticos y periodistas independientes. (...) Las autoridades bloquean sistemáticamente el acceso a muchos sitios web de noticias en Cuba e imponen reiteradamente restricciones selectivas, y en ocasiones generalizadas, al acceso de los críticos a los datos de los teléfonos móviles".
"En abril, un tribunal de Camagüey condenó a Miyelín Rodríguez Prado a 15 años de cárcel por transmitir en Facebook imágenes de protestas en Nuevitas. El tribunal dictaminó que la transmisión de Rodríguez Prado equivalía a 'propaganda enemiga'", reseña.
Concluye el informe de HRW que "las autoridades cubanas siguen utilizando el embargo estadounidense como pretexto para cometer abusos y como una forma de ganarse la simpatía de gobiernos que, de otro modo, podrían condenar las prácticas represivas de Cuba".
En declaraciones a la agencia de noticias EFE tras la publicación del informe, el subdirector de HRW para las Américas, Juan Pappier, aseguró que 2024 fue "un año calamitoso" para los derechos humanos en Cuba.
"Mientras la población vive en condiciones cada vez más paupérrimas y los que se animan a exigir un cambio terminan presos, muchos cubanos tristemente creen que el único futuro digno es el exilio", afirmó.
"Rampante" deterioro democrático en América Latina en 2024
En América Latina, lejos de mejorar, "avanzó de manera rampante" el autoritarismo y el deterioro de la democracia, junto con la corrupción, la pérdida de independencia judicial y el crecimiento del "fenómeno paralelo" del crimen organizado, dijo a la AFP Juanita Goebertus, directora para la región de HRW.
Aunque no es lo mismo la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua, "tres dictaduras absolutamente consolidadas", a la de Haití, país tomado por pandillas criminales que siembran el terror ante la "ausencia absoluta de un Estado".
La toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela el 10 de enero, pese a los indicios de fraude en las elecciones del 28 de julio, "es el resultado final de una elección que desconoció abiertamente la voluntad del pueblo, y consolida el autoritarismo", dijo la funcionaria.
En Nicaragua, la férula dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo "amplió el uso del exilio forzoso y la revocación de la ciudadanía como formas de perseguir a los críticos", agrega.
HRW alerta que en México, a la violencia extrema del crimen organizado se suma el "abuso generalizado por parte de agentes estatales con casi total impunidad". Asimismo, alerta que los recientes cambios constitucionales para reforzar el papel del Ejército en las labores policiales y revisar el sistema de Justicia, podrían "perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de derecho".
En Colombia, los abusos de los grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, en particular en el ámbito rural y las comunidades indígenas y afrodescendientes, preocupan también a los autores del informe, pese a que destacan la reciente ratificación del acuerdo de Escazú por el Gobierno de Gustavo Petro.
En el Perú de Dina Boluarte, la presidenta "hizo poco o ningún esfuerzo" para detener los ataques perpetrados por el Congreso, que aprobó leyes que "socavan la independencia judicial, debilitan las instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre el crimen organizado, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos", sostiene el informe.
De Guatemala achaca la falta de independencia judicial al proceso de selección de los que deben impartir la justicia y a las injerencias políticas que benefician a los poderosos.
En Argentina, el primer año del Gobierno de Javier Milei se ha caracterizado por "nuevos desafíos" a los derechos humanos, obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión y reunión y la retórica oficial hostil contra periodistas y la comunidad LGBTI, sostiene.
Por su parte, Honduras sigue luchando contra la corrupción generalizada, un poder judicial comprometido, altos niveles de violencia y ataques contra los defensores del medio ambiente.
Aunque la llegada de Luiz Inacio Lula da Silva a la presidencia de Brasil ha supuesto una luz de esperanza, con la caída de 30% de la deforestación de la Amazonía o la aprobación de leyes para proteger los derechos digitales de la infancia, la Policía había matado hasta septiembre a 4.565 personas, más del 80% negros.
Es el caso del "populismo punitivo" que practica El Salvador, donde en dos años y medio se ha detenido a 83.000 personas y 300 han muerto en la cárcel, "sin que haya habido un proceso de investigación" interno.
O en Ecuador, que lleva un año en estado de excepción, aumentando los casos "de excesos de uso de la fuerza, torturas, desapariciones, y ejecuciones extrajudiciales".
"Tenemos políticas cortoplacistas de mano dura basadas en el encarcelamiento masivo, pero sin capacidad real de investigación técnica judicial para develar estructuras", lamentó la experta, que pidió "inversiones a más largo plazo" para "fortalecer nuestra capacidad de administración de justicia real".
