La ONG Human Rights Watch (HRW) alertó en su informe anual sobre la crítica situación de los derechos humanos en Cuba al señalar los retrocesos democráticos experimentados en 2023 por varios países de América Latina gobernados por líderes que socavaron la separación de poderes.
En su capítulo referido a la Isla, la organización internacional indicó que en 2023 el Gobierno continuó "reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disidencia y crítica pública, mientras los cubanos soportan una grave crisis económica que afecta sus derechos".
El informe recuerda que son cientos los cubanos encarcelados tras ser detenidos arbitrariamente por manifestarse en julio de 2021, de los que muchos califican como prisioneros políticos. Pero, pese a ello, "las manifestaciones continuaron en 2023, provocadas por los apagones, la escasez y el deterioro de las condiciones de vida".
"Los cubanos que critican al Gobierno corren el riesgo de ser procesados penalmente. No se les garantiza el debido proceso, como el derecho a audiencias justas y públicas por parte de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo", agrega.
Entre los casos más significativos, HRW menciona a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), encarcelado desde 2021 y sometido a una dura incomunicación, violación de sus derechos y del de sus familiares; así como el artivista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo Pérez, condenados a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, tras ser "procesados por cargos que violan la libertad de expresión".
Asimismo, señala, "los cubanos continuaron abandonando el país en cantidades sin precedentes" mientras "Estados Unidos continuó con una política fallida de aislamiento hacia Cuba, que incluyó un embargo de décadas".
HRW enfatiza que el régimen de la Isla "siguió empleando la detención arbitraria para hostigar e intimidar a personas críticas, activistas independientes, opositores políticos y otras personas", mientras usa "incomunicación", "malos tratos y, en algunos casos, tortura" contra los detenidos.
Otro señalamiento apunta al "amplio poder discrecional del régimen para restringir los viajes por motivos de 'defensa y seguridad nacional' u 'otras razones de interés público'", razón por la que "continuó prohibiendo a las personas críticas subir a los aviones para visitar o regresar a su propio país, en violación del derecho internacional de los derechos humanos".
La ONG menciona la grave crisis económica que en Cuba "afecta gravemente el disfrute de los derechos económicos y sociales de las personas. Soportan apagones y una aguda escasez de alimentos, medicinas y otros artículos básicos".
HRW recuerda que el régimen bloquea sistemáticamente "el acceso a muchos sitios web de noticias dentro de Cuba e impone repetidamente restricciones selectivas, y a veces generalizadas, al acceso de los críticos a los datos de los teléfonos móviles".
En ese sentido, el informe señala la aprobación en mayo de 2023 de "una Ley de Comunicación Social que restringe severamente el funcionamiento de los medios de comunicación independientes e incluye prohibiciones excesivamente amplias, como la de 'promover la agresión comunicacional que se está produciendo contra el país', que podría utilizarse para censurar las críticas".
En cuanto a los derechos laborales, HRW advierte que, si bien La Habana "ratificó las normas de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y negociación colectiva, su Código de Trabajo, actualizado en 2014, las viola", algo que fue señalado en abril de 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Miles de trabajadores de la salud cubanos desplegados en el exterior prestan valiosos servicios. Pero el Gobierno les impone normas que violan sus derechos básicos, como la privacidad, la libertad, la circulación y las libertades de expresión y asociación", enfatiza el informe.
En lo referido a la orientación sexual e identidad de género, la organización apunta que si bien la Constitución de 2019 prohíbe explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, "Prisoners Defenders informó en julio que más de 100 mujeres transgénero encarceladas en Cuba están recluidas con hombres, en violación de las normas internacionales de derechos humanos".
Sobre los derechos de las mujeres y las niñas, HRW advierte que en 2023 se informó que en la Isla "casi el 20% de los embarazos fueron en mujeres y niñas de entre 12 y 19 años", mientras que "en algunas partes de Cuba, los embarazos precoces eran más probables entre las adolescentes negras, que vivían en zonas rurales o tenían bajos ingresos".
Además, apunta a que, pese a las denuncias de organizaciones independientes sobre el incremento de feminicidios en el país, "el Gobierno no publica cifras oficiales de estos homicidios por motivos de género".
Finalmente, advierte, "durante décadas, la comunidad internacional ha sido incapaz de lograr un progreso sostenido en materia de derechos humanos en Cuba. El embargo de Estados Unidos le da al Gobierno cubano una excusa para los problemas, un pretexto para los abusos y la simpatía de gobiernos que de otro modo podrían condenar las prácticas represivas".
Y culmina señalando: "A pesar de su pésimo historial en materia de derechos humanos, en octubre Cuba fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por sexta vez".
"Desafortunadamente, no ha sido un buen año para los derechos humanos en la región", afirmó la directora para América de HRW, Juanita Goebertus, durante la presentación del informe en la ciudad brasileña de São Paulo, según el reporte de EFE.
Goebertus destacó tres tendencias en América Latina: las amenazas al derecho al voto y a la participación política, el deterioro de la seguridad y el "debilitamiento" de las instituciones encargadas de controlar el ejercicio del poder.
En ese sentido, apuntó al precedente de Donald Trump en EEUU, quien no reconoció su derrota electoral en 2020 y que, según la activista, "permitió a ciertos sectores de la sociedad latinoamericana hacer lo mismo", como sucedió con la turba golpista que invadió Brasilia a inicios de 2023.
En Centroamérica, Guatemala y El Salvador se unieron a la ya conocida preocupación por la deriva autoritaria en Nicaragua, país que HRW considera una dictadura, junto con Cuba y Venezuela.
El Gobierno del nicaragüense Daniel Ortega, dice HRW en su informe, "continúa reprimiendo a todos los sectores de la sociedad" y su aislamiento internacional se ha profundizado.
Mientras, en El Salvador, la ONG acusa al presidente Nayib Bukele de "socavar sistemáticamente el sistema de frenos y contrapesos democráticos" en su intento por salir reelegido en los comicios de este año.
Por otro lado, HRW apunta a la disminución del crimen en el país centroamericano, pero a costa de "violaciones generalizadas de derechos humanos" por parte del Gobierno en su respuesta policial a las pandillas.
HRW también ve retrocesos en Guatemala, donde la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, trató de revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Bernardo Arévalo "mediante la apertura de causas penales por motivos políticos".
Un uso político de la Justicia que también percibe en Bolivia, debido a una definición "excesivamente amplia" del concepto de terrorismo que permite abrir causas contra opositores políticos.
Además, HRW apuntó a las esperanzas frustradas en países como Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro "ha fallado en su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas".
En la misma línea, la ONG señala que en Colombia la estrategia de la "paz total" anunciada por el presidente Gustavo Petro para pacificar el país "no ha logrado reducir los abusos" de grupos armados contra la población civil, con 52 masacres registradas en la primera mitad del año.
En cuanto a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta su último año de mandato, la ONG afirma en su informe que hubo "pocos avances" frente a los altos niveles de violencia contra migrantes, mujeres y periodistas, entre otros grupos sociales.
Sobre el último giro político en la región, la victoria de Javier Milei en Argentina, Goebertus señaló que los intentos de gobernar por decreto "debilitan la capacidad del Congreso de ser un contrapeso al Ejecutivo".
