El PEN Internacional, PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y la Conexión de Artistas en Riesgo (ARC) denunciaron recientemente "una nueva ola de ataques contra voces independientes". Esta ola, cuyos casos más representativos han sido seguidos por DIARIO DE CUBA, incluye detenciones arbitrarias, acoso y amenazas a escritores, artistas y periodistas independientes, "lo que muestra un patrón de censura junto con la aprobación de nuevas leyes que limitan el ejercicio de la libertad de expresión", subrayaron dichas organizaciones en un comunicado.
"La Ley de Comunicación Social, junto con el uso desproporcionado del derecho penal, promueve la aplicación de delitos adicionales del Código Penal para perseguir a las voces críticas, imputándoles delitos como calumnias en redes sociales (artículo 391), mercenarismo (artículo 135), supuesta obtención de recursos para pagar actividades contra la seguridad del Estado (artículo 143), o desobediencia (artículo 185)", detallaron.
Entre los casos destacados por estas organizaciones, está el de la académica Alina Bárbara López Hernández quien fue expulsada de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) el 12 de septiembre, sin derecho a defenderse ni a apelar la decisión.
Señalaron, asimismo, que el 18 de septiembre la historiadora y ensayista Jenny Pantoja Torres "fue detenida y puesta en libertad horas después, tras la vigilancia policial y las amenazas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Ese mismo día, el escritor y humorista Jorge Fernández Era, el historiador y escritor Alexander Hall Lujardo, y el crítico de arte y columnista Raymar Aguado Hernández, fueron citados para ser interrogados debido a sus publicaciones en las redes sociales, su activismo y sus críticas a las autoridades".
Ante estos y otros hechos que evidencias igualmente la represión del Gobierno cubano, el PEN Internacional, la Conexión de Artistas en Riesgo y PEN Cuba en el Exilio exigieron al régimen el "cese de todo acoso y violencia contra las voces críticas", así como la "liberación de los artistas y escritores encarcelados por ejercer su libertad de expresión y de reunión pacífica". Demandaron, además, la derogación de la Ley de Comunicación Social, "por su impacto restrictivo sobre el derecho a la información y la libertad de expresión".
Dicha ley, que entró en vigor el 4 de octubre de 2024 "impone un control extremo sobre los medios, los periodistas y la opinión pública", destacó el comunicado conjunto de las mencionadas organizaciones.
"PEN Internacional y ARC han documentado acoso y silenciamiento dirigidos por el Gobierno cubano y encaminados a limitar la expresión creativa independiente, en algunos casos, forzando a los individuos al exilio. La Lista de Casos 2023/2024 de PEN Internacional, numerosos comunicados, y el informe Método Cuba 2023 de ARC, PEN International y Cubalex: Testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzoso, exploran la amplia gama de tácticas represivas utilizadas por el Gobierno para deslegitimar y marginar las voces disidentes", concluyeron.
En cuanto a dichas tácticas empleadas por el régimen, la ONG Artículo 19, dedicada a la defensa de las libertades de prensa y expresión como derechos humanos, apuntó a principios de octubre: "La represión en Cuba contra el disenso se presenta no solo en espacios públicos, sino que se ha extendido a los espacios digitales, se ha recrudecido en los centros penitenciarios, y ha alcanzado los ámbitos privados, desde las históricas manifestaciones del 11J, en 2021. Estos actos son posibles debido al fortalecimiento de su marco jurídico punitivista construido para cercar, silenciar y asfixiar cualquier idea o expresión contraria al imaginario revolucionario impuesto por el régimen como única alternativa de vida".
