La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba pidió siete años de privación de libertad para dos activistas por manifestarse en contra de los dirigentes del régimen cubano e incitar a los cubanos a unirse y alzarse por la libertad.
El órgano acusador del régimen imputó a Daniel Moreno de la Peña y a Yosvani García Rusindo, por el delito de "otros actos contra la Seguridad del Estado".
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ofreció en Facebook detalles del caso de Moreno de la Peña, quien después de unos 20 meses en prisión recibió la "excesiva petición fiscal por siete años de privación de libertad".
El abogado Alaín Espinosa, miembro del centro de asesoramiento legal Cubalex, dijo a Martí Noticias que "más que un delito ('otros actos contra la Seguridad del Estado') es un capítulo y prevé un grupo de conductas extremadamente amplio".
"Es sobre todo este artículo 143 que tiene que ver con el financiamiento de acciones que, supuestamente, pretendan desestabilizar o atenten contra el orden constitucional, que son acciones considerablemente amplias y que, por tanto, generan una inseguridad jurídica en las personas y en los ciudadanos, que es extrema", añadió.
"Todo lo que tiene que ver con lo previsto con el financiamiento del artículo 143, es una conducta que, realmente, no debería ser ni siquiera tipificada como delito, porque la interpretación que se le da a veces es muy amplia y en la mayoría de los casos es utilizada por el Estado cubano para, de alguna manera, criminalizar acciones que son legítimas o restringir derechos como pueden ser la libertad de expresión, de asociación, etcétera", dijo Espinosa.
Según párrafos textuales de las Conclusiones Provisionales de la Fiscalía, en poder del OCDH, Moreno de la Peña "inconforme con el sistema político imperante en el país, se integró al grupúsculo contrarrevolucionario UNPACU en el que ejecutó acciones" con las que expresó su descontento con el régimen como regar octavillas y escribir carteles antigubernamentales.
El texto añade que después de desvincularse de la Unión Patriótica de Cuba, Moreno contactó a cubanos exiliados para coordinar operaciones "contrarrevolucionarias" y reclutar personas para realizar este tipo de actividades contra el sistema.
A ninguno de los dos procesados los instructores pudieron vincularlos con acciones violentas como la quema de ranchones, según la propia Fiscalía.
Moreno de la Peña y García Rusindo, quienes aún no tienen fecha de juicio, fueron detenidos el 10 de enero de 2023 por sus presuntas relaciones con un grupo del exilio denominado X Cuba y por incitar, en un video, a los cubanos a alzarse y a unirse por la libertad.
Estuvieron casi un mes en el centro de detención Versalles, la sede de la Seguridad del Estado de esa ciudad. Luego fueron trasladados a Villa Marista, sede de ese mismo órgano en La Habana, donde estuvieron sometidos a constantes interrogatorios, hasta que en abril los ubicaron en la cárcel Combinado del Este y posteriormente los trasladaron a Boniato, en Santiago de Cuba.
En abril, Moreno fue exhibido en el programa oficial Razones de Cuba de la televisión después de arrancarle una supuesta confesión de que "agentes extranjeros" financian a los activistas dentro de la Isla. En un video grabado en un cuarto de interrogatorio de la policía política en Villa Marista admite su implicación en una supuesta conspiración organizada por el exiliado Manuel Milanés.
En mayo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Moreno de la Peña, luego de que guardias del penal de Boniato lo golpearon cuando se defendió de varios presos que intentaron violarlo.
