El Observatorio de Libertad Académica (OLA) publicó recientemente su informe número 42, correspondiente a junio de 2024. El texto, denominado "Universitarios cubanos en la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) de la Perestroika. Ilusión en fuga", incluye análisis de expertos sobre el contexto socio-político que desembocó en las transformaciones democráticas de Europa del Este, así como su impacto en las decisiones políticas y económicas del régimen cubano.
Asimismo, el informe recoge las incidencias de vulneración de derechos contra dos estudiantes cubanas cuya cancelación fue la respuesta oficial al disenso. Además, el equipo de trabajo del OLA, bajo el auspicio del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, de Colombia, diseccionó, al igual que en los informes anteriores, una normativa cubana que avala la represión académica en la Isla.
En marzo de 1986, el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) impulsó dos programas destinados a recuperar la economía y dinamizar la sociedad: la Perestroika y la Glásnost. "Frente a las reformas políticas impulsadas por sus aliados soviéticos, Fidel Castro reaccionó en sentido contrario, reforzando el control estatal de la economía e impulsando nuevas políticas autoritarias. En un giro discursivo enfocado en no reconocer la necesidad de un proceso similar a la Perestroika, Castro impulsó el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas", detalló el OLA.
"El proceso de Rectificación de Errores nos demuestra la inamovilidad del Estado totalitario y la negativa de la dirigencia partidista a impulsar cambios que democratizaran la vida política y generaran un desarrollo económico sostenible", agregó, al tiempo que, como punto central del análisis, indicó que, "en el plano académico, esto se tradujo en un fortalecimiento de la doctrina política desde el inicio mismo de la enseñanza, en pro de formar generaciones más comprometidas con el proceso".
En este periodo, además, "se llevaron a cabo importantes purgas ideológicas, que separaron del sistema de enseñanza a estudiantes y profesionales que mostraran algún signo de 'debilidad de sus ideas revolucionarias'".
El informe del OLA, en el que participaron los expertos Sergio Angel, Omara Isabel Ruiz Urquiola, José Raúl Gallego, Alenmichel Aguiló, Leonardo Fernández Otaño, Dimas Castellanos, David Gómez Gamboa, Catalina Rodríguez y Camila Herrera, analizó "los reglamentos ramales que abordan la disciplina docente e investigativa para el trabajo en la educación superior. El primer código fue aprobado en la Resolución 315/2006 del Ministerio de Educación Superior (MES), mientras que el segundo, que sustituye al documento antes mencionado, se publicitó en la Resolución 17/2015".
Ambos documentos recogen "una serie de elementos destinados a controlar el desarrollo de los ciclos pedagógicos e investigativos", así como "las obligaciones y prohibiciones que atraviesan la vida laboral de las universidades y centros de investigación", cuyas contravenciones, detallaron los expertos del OLA, "se agrupan en varias esferas reglamentarias: moral, patrimonial, seguridad y docente".
En los 42 informes elaborados hasta la fecha, el Observatorio de Libertad Académica ha documentado 118 episodios de censura académica y violaciones de los derechos humanos en los centros educativos cubanos. En este informe, la organización expuso el caso de la estudiante María del Carmen Ares Marrero, quien estudió dirección cinematográfica en el Instituto de Cine de Moscú durante los años de la Perestroika y fue expulsada de la Unión de Jóvenes Comunistas y del sistema de educación superior cubano luego de que concediera "varias entrevistas a la prensa libre en las que mostraba su desacuerdo con el régimen autoritario cubano y señalaba la necesidad de democratizar la vida política de la Isla".
Además, el OLA expuso el caso reciente de la estudiante Leidy Laura Hernández Naranjo, quien fue expulsada de la Facultad Obrero Campesina "Mártires de Bolivia", de Santa Clara, "debido a su postura política contra el Estado y la Revolución". Según el informe, Hernández Naranjo mantenía un refugio para animales abandonados que era acosado por la Seguridad del Estado y, además, durante los días del acuartelamiento en la sede del Movimiento San Isidro, compartió en sus redes sociales varios posts que denunciaban la situación.
