Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), fue sentenciado a dos años de prisión tras ser acusado de los delitos de "resistencia" y "desacato", informó el centro de información legal Cubalex en sus redes sociales.
El juicio se llevó a cabo el 15 de julio en el Tribunal Provincial de Marianao, en La Habana, bajo una fuerte presencia militar, mientras varios activistas del MONR fueron sitiados en sus viviendas bajo vigilancia para impedirles asistir, denunció la ONG defensora de los derechos humanos.
La acusación contra Hernández está relacionada con un incidente ocurrido el 27 de febrero de 2023. Ese día, al salir de su casa, fue interceptado y golpeado por agentes de la Seguridad del Estado. Luego fue llevado a la sexta Unidad de la Policía de Marianao, acusado de resistencia.
"Después de ser detenido y maltratado, fue trasladado al Vivac en Boyeros, conocido como un centro de tortura del régimen en ese municipio. Desde allí, fue enviado a la prisión de Valle Grande, donde estuvo encarcelado hasta el 2 de enero de 2024", recordó Cubalex.
La organización precisó que el 20 de junio Hernández Leyva fue nuevamente detenido de forma arbitraria por dos represores de la Seguridad del Estado, que lo acusaron de "resistencia y desacato". No le notificaron el motivo de la detención y lo trasladaron a la prisión 1580, en San Miguel del Padrón.
Cubalex hizo un "llamado de alerta sobre el constante hostigamiento contra Hernández Leyva, quien ha sido detenido diez veces desde su excarcelación en enero de 2024, tras cumplir casi un año de prisión política por su activismo y liderazgo en la organización independiente MONR".
A finales de abril el grupo Justicia 11J lanzó "un llamado urgente a la acción" por los presos políticos a través de un comunicado en el que alertó de una nueva ola represiva "luego de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el pasado 1 de diciembre".
Señaló que al menos diez activistas y opositores cubanos han sido privados de su libertad entre los meses de enero y abril y que han permanecido durante días o semanas en los centros de operaciones e investigaciones del Ministerio del Interior (MININT) de sus respectivas provincias, donde además "es habitual la práctica de tratos crueles para la obtención de confesiones inculpatorias".
"Esto está sucediendo sin que las corresponsalías de medios extranjeros acreditados en Cuba den cobertura sistemática a la creciente represión", alertó Justicia 11J y agregó que tampoco ha visto pronunciamientos de organizaciones internacionales "que pidan el respeto a los derechos de estos ciudadanos".
El grupo señaló que esto ocurre mientras continúan los procesos penales a personas "castigadas por ejercer su derecho de libertad de expresión" o por "emprender acciones de carácter humanitario de gestión ciudadana" como la entrega de medicamentos y otras donaciones a personas necesitadas.
Justicia 11J criticó "la pasividad" de medios de prensa, organizaciones internacionales y gobiernos democráticos ante "las torturas y atropellos a cubanos inocentes que solo procuran un mejor futuro para Cuba".
De manera directa, el grupo pidió a los medios de prensa acreditados de forma permanente en la Isla ante el Centro de Prensa Internacional que reporten "sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, y que den cuenta de la actual ola represiva".
