El grupo Justicia 11J denunció que el preso político Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), permanece detenido desde el pasado 27 de febrero, sin fecha de juicio y en aislamiento.
El activista de 55 años, preso político en dos ocasiones anteriores, es acusado por supuesta "resistencia", recordó la plataforma en un hilo en Twitter.
"Los compañeros de Mario Alberto acusan a la Seguridad del Estado de querer destruir al MONR con su arresto, tras el destierro de su presidente, José Díaz Silva. A Mario Alberto no le han realizado juicio y lo mantienen en celda de castigo por negarse a vestir como preso común", denunció Justicia 11J.
"Pedimos a medios de prensa que reporten sobre las nuevas privaciones de libertad bajo investigaciones o medidas cautelares, y a organizaciones de derechos humanos que se pronuncien, antes de que estas personas sean juzgadas sin garantías del debido proceso", reclamó el grupo de detenciones por motivos políticos, surgido a raíz de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Justicia 11J instó "a la sociedad civil y a la comunidad internacional a que se pronuncien por la excarcelación de Mario Alberto y todos los presos políticos" y reiteró "la petición de que organizaciones de derechos humanos miren las prisiones de Cuba y exijan entrevistas privadas con víctimas de violencia en prisión".
A finales de abril, el grupo lanzó "un llamado urgente a la acción" por los presos políticos a través de un comunicado en el que alertó de una nueva ola represiva "luego de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el pasado 1 de diciembre".
Señaló que al menos diez activistas y opositores cubanos han sido privados de su libertad entre los meses de enero y abril y que han permanecido durante días o semanas en los centros de operaciones e investigaciones del Ministerio del Interior (MININT) de sus respectivas provincias, donde además "es habitual la práctica de tratos crueles para la obtención de confesiones inculpatorias".
"Esto está sucediendo sin que las corresponsalías de medios extranjeros acreditados en Cuba den cobertura sistemática a la creciente represión", alertó Justicia 11J y agregó que tampoco ha visto pronunciamientos de organizaciones internacionales "que pidan el respeto a los derechos de estos ciudadanos".
El grupo señaló que esto ocurre mientras continúan los procesos penales a personas "castigadas por ejercer su derecho de libertad de expresión" o por "emprender acciones de carácter humanitario de gestión ciudadana" como la entrega de medicamentos y otras donaciones a personas necesitadas.
Justicia 11J criticó "la pasividad" de medios de prensa, organizaciones internacionales y gobiernos democráticos ante "las torturas y atropellos a cubanos inocentes que solo procuran un mejor futuro para Cuba".
De manera directa, el grupo pidió a los medios de prensa acreditados de forma permanente en la Isla ante el Centro de Prensa Internacional que reporten "sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, y que den cuenta de la actual ola represiva".
