La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Aniette González García, defensora de derechos humanos, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad, informó a través de su página web.
Para esto, la CIDH publicó la Resolución 24/2024, en la que exige que se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de la prisionera política, con perspectiva de género, de conformidad con los estándares y obligaciones internacionales aplicables.
Aniette González García "se encuentra privada de libertad en una celda cubierta de agua proveniente de las tuberías, con alto índice de humedad, escasa luz, ínfima ventilación e insalubre, que se le impedía el descanso y se le suministra poca alimentación y que habría sido sometida a violencia verbal por parte del Estado y a interrogatorios en oficinas climatizadas con bajas temperaturas y en cualquier horario para desajustarla emocionalmente", recogió la CIDH.
Añadió que la presa política sufre problemas de salud y que ha perdido peso, al parecer se halla también sin acceso a servicio médico para el diagnóstico correspondiente. El Estado cubano se mantiene sin dar información sobre la activista, dijo la CIDH, esto impide determinar si los factores de riesgo identificados se han mitigado debidamente, advirtió.
"El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables. La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", indicó la CIDH.
González García fue condenada a tres años de cárcel por un tribunal de Camagüey a inicios de año. Según la sentencia emitida por el Tribunal , González cumplirá su sanción en la prisión que le asigne el Ministerio del Interior (MININT). La causa de la condena brindada por el régimen es el supuesto delito de "ultraje a los símbolos nacionales".
