El régimen de Cuba no respondió a la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre vías legales para excarcelar a los presos políticos, informó en un comunicado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
"Se cumplió el plazo para que el régimen cubano reaccionara formalmente al documento sobre las vías legales para liberar o excarcelar a los presos políticos de la Isla, sin ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Esto refleja el poco compromiso del régimen cubano con las instituciones internacionales y su persistencia en el ensañamiento con personas que han sido condenadas injustamente", denunció el OCDH este martes.
El requerimiento de la CIDH fue enviado a La Habana como parte del proceso de actualización de una medida cautelar en favor del preso político cubano Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado a 12 años de cárcel por manifestarse en julio de 2021 en La Güinera (La Habana).
El pasado mes de enero, familiares de los presos políticos habían conseguido alrededor de mil firmas para apoyar la solicitud de una Ley de Amnistía para los presos políticos cubanos, presentada ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La propuesta con vías legales para la excarcelación de los presos políticos fue enviada por la CIDH al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en enero. Yaxys Cires Dib, director de Estrategia Política del OCDH y Coordinador general de Cuba Humanista señaló que "el Estado cubano cuenta con al menos ocho vías legales para excarcelar o liberar a los presos políticos de manera inmediata".
Cuba cerró el pasado año con seis presos políticos más que en 2022, al crecer la lista total de 1.057 a 1.063. En todo el 2023 se registraron 1.251 personas detenidas o encarceladas por cuestiones políticas y 188 fueron liberados tras cumplir íntegramente sus penas, según la organización Prisoners Defenders.
El OCDH solicitó la licencia extrapenal, prevista en los artículos 31, 38, 101 y 152 de la nueva Ley de Ejecución Penal. El tribunal sancionador puede conceder, por causas humanitarias y previa solicitud, licencia extrapenal al 100% de los condenados, en virtud de problemas de salud, por resultar miembros de familias vulnerables que requieren ayuda de los poderes e instituciones sociales y del Estado. Así ocurrió con los condenados en la llamada "Primavera Negra".
