Cerca de mil personas han firmado ya la solicitud de una Ley de Amnistía para los presos políticos cubanos, entregada por sus familiares en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado viernes.
"Se han recogido cerca de mil firmas y eso es una muy buena noticia", dijo a Martí Noticias la activista Carolina Barrero, quien ha acompañado a los familiares de los presos en su demanda.
Para la historiadora del arte exiliada en España, al tratarse de "una causa sobre la que hay tanto consenso" la idea de seguir informando sobre ella. "En primer lugar, porque viene de la voluntad de los propios familiares y de los presos políticos y porque es un reclamo justo que hace que la dictadura quede mal en sí misma, es decir, expone el exceso que han cometido".
La "Carta de petición ciudadana para una Ley de Amnistía" está dirigida a Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
"Habiendo agotado todas las vías legales para reclamar justicia para los cubanos presos por manifestar su deseo de democracia en un país donde se prohíbe la abogacía independiente acudimos a usted, para que como diputada inicie los procedimientos correspondientes" para la implementación de una Ley de Amnistía, basada en la cual, serían liberados los presos políticos cubanos, señala el documento.
La petición aboga por que se "reconozca que no hubo delito en expresar la voluntad de cambio democrático por parte de los ciudadanos que protestaron en julio de 2021".
"La petición de amnistía es una luz de esperanza más para nosotros, los familiares, que somos los que estamos sufriendo todas estas injusticias que han cometido con nuestros seres queridos, más las que cometen con nosotros también", dijo Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walniel Luis Aguilar Rivera, quien entregó en el edificio legislativo el documento.
"Estamos luchando contra esta injusticia. Cualquier cubano o cualquier persona la puede firmar (la carta), cualquiera que le interese la causa cubana, la injusticia que se ha cometido con los manifestantes y los presos políticos", dijo.
La misiva fue firmada inicialmente por 34 familiares de presos políticos, quienes recordaron a Machado que la Ley 131 de 2019 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba otorga a los diputados la potestad para proponer proyectos de ley y a los ciudadanos el derecho de presentar peticiones.
Los signatarios denuncian que en el país se coarta el derecho a la asociación y reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión y opinión a través de detenciones arbitrarias, interrogatorios, procedimientos de instrucción penal, cartas de advertencia, métodos de vigilancia sistemática y violaciones a la libertad de movimiento.
"Si realmente sumamos las firmas, por ley debe de hacerse efectiva la petición", dijo Barrero a DIARIO DE CUBA.
El abogado de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez explicó algunos detalles del proceso: "Ciertamente, si se recogen 10.000 firmas, la ANPP no puede negarse a debatir en su seno la factibilidad de una Ley de Amnistía. Sin embargo, no es suficiente la cantidad de firmas, cada una de las personas que firmen tienen que cumplir con el requisito de ser electores válidos. Si se incluye entre los firmantes a personas que no sean electores válidos se invalida la petición completamente. Ese ha sido el error de cartas y peticiones anteriores que se han realizado a la ANPP".
González recordó que para ser votante en Cuba "debe tenerse residencia efectiva dentro de la Isla, no se puede estar cumpliendo sanción privativa de libertad en cualquiera de sus variantes, y hay que tener 16 o más años de edad. Tampoco se puede estar declarado por un tribunal como incapaz mentalmente".
El letrado aclaró que la Ley 131 establece que "si cualquier diputado, aunque sea uno solo, cree que es justo y legal que se promueva la Ley de Amnistía, con él pedirlo a la ANPP no se necesitan las 10.000 firmas. También pueden proponerlo representantes de las organizaciones de masas".
"He firmado la petición de amnistía. Es lo menos que puedo hacer por los presos políticos cubanos y sus familias que llevan dos años y seis meses, o quizás más tiempo, sufriendo la separación, sufriendo una condena que nunca les ha correspondido", declaró la periodista Neife Rigau en una publicación en Facebook.
Esta semana el Consejo para la Transición Democrática y la plataforma democrática DFrente dieron su "respaldo cerrado e inmediato" a la demanda por una ley de amnistía e invitaron a todos sus integrantes a que impulsen por todos los medios posibles esta solicitud que consideraron "inteligente y hecha con apego a la legalidad vigente".
Las organizaciones opositoras recordaron que la Unión Europea, América Latina y el Vaticano, cuyas voces más autorizadas han solicitado también la amnistía, se han mostrado dispuestos a acompañar este proceso.
"De acuerdo con todas las señales que emiten las mayorías sociales, la sociedad cubana está lista para dar espacio y oportunidad a una salida política y jurídicamente creativa", añadieron.
En otro documento enviado a raíz de la presentación de la petición a la ANPP, el Consejo para la Transición Democrática (CTDC) presentó un análisis de las fórmulas legales existentes para que los presos políticos cubanos puedan ser liberados o excarcelados, entre las que se encuentran el indulto y las licencias extrapenales planteadas por el OCDH.
"Sería mucho más digno o éticamente legal, en el ámbito procesal, que el Gobierno de Cuba (…) procediera a la promulgación de una Ley de Amnistía que condonara y perdonara de un modo claro y eficaz el delito con la plena y total restitución de todos los derechos de los amnistiados", señaló el CTDC.
"La esencia de la Ley de Amnistía no solo es la añorada libertad, es también la despenalización del disenso y el derecho a existir legalmente de la oposición cubana dentro de Cuba como un derecho soberano ciudadano, de rango inalienable e irrenunciable. Ninguno de los manifestantes del 11J ha recurrido a la vía armada ni tiene imputaciones derivadas de delitos de sangre (en ninguna de sus tipificaciones del Código Penal vigente)", apuntó.
El Consejo recordó que en mayo de 1955 una amnistía general puso en libertad a todos los asaltantes de los Cuarteles Moncada y Bayamo el 26 de julio de 1953, y del Palacio de Justicia de Santiago de Cuba y del Hospital Saturnino Lora de la misma ciudad santiaguera. Estas personas, bajo órdenes de Fidel Castro y su movimiento armado, sí recurrieron a la vía violenta y tenían a sus espaldas delitos de sangre que fueron todos debidamente conmutados por la referida Amnistía.
