El preso político cubano Reynier Reinosa Cabrera, participante de las protestas del 11 de julio de 2021 y encarcelado desde entonces, fue golpeado en la Prisión 1580 de San Miguel del Padrón, y las autoridades penitenciarias le revocaron el beneficio de mínima severidad que le había sido concedido, según informó la ONG Prisoners Defenders en su cuenta de X.
La denuncia publicada por esta organización precisó que el 18 de marzo, cuando Reinosa Cabrera regresaba de su pase a la Prisión de Trabajos Forzados Toledo II, de La Habana, los guardias encontraron un teléfono móvil al cachearlo.
"Al darse cuenta del olvido pidió que fuera entregado al familiar que lo acompañaba, pero no solo no accedieron a la petición, sino que esa misma noche fue trasladado a la Prisión 1580 de San Miguel del Padrón. Los guardias lo esposaron a la fuerza y le propinaron una brutal paliza", subrayó Prisoners Defenders.
"Lo golpearon, le dieron patadas mientras lo llamaban escoria, tiene una mano partida y las rodillas peladas", destacó la ONG. "Las autoridades penitenciarias le han advertido que no van a aprobar la libertad condicional que le iban a conceder en julio de este año", añadieron los miembros de la organización defensora de los derechos humanos.
En julio de 2021, la Seguridad del Estado detuvo y acusó de sedición a Reinosa Cabrera y su esposa, Odet Hernández Cruzata. Fueron condenados como instigadores de la manifestación espontánea en La Güinera, un barrio habanero con reputación de "marginal", que concentra a 96 de las 790 personas procesadas penalmente en Cuba por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio; es decir, 12 de cada 100 acusados por las protestas son vecinos de La Güinera.
Las autoridades represivas del régimen tacharon de cabecillas a Reinosa Cabrera y Hernández Cruzata por haber transmitido la manifestación en directo a través de sus perfiles de Facebook. Además, fueron condenados por los delitos de desorden público, daños, instigación a delinquir y atentado.
En noviembre de 2023, Prisoners Defenders tuvo acceso a las sentencias emitidas por el Tribunal Provincial de La Habana para condenar a cientos de cubanos por esos hechos. Varios fragmentos extraídos de los documentos evidencian que los manifestantes fueron juzgados por gritar consignas y que fueron descalificados por no mostrar afinidad al Gobierno, pese a no tener antecedentes penales.
Según se lee en el apartado "hechos probados", el régimen condenó a Odet Hernández Cruzata porque "expresó a viva voz 'saquen los calderos pa´ fuera, Cuba está llorando, vamos para que nos cuiden, vamos que todo el mundo junto no nos van hacer nada, Cuba entera está así, caballero compartan, libertad'".
En un informe reciente, la ONG expuso que el Gobierno cubano mantiene a 1.066 presos políticos en sus cárceles. A lo largo de 2023 se reportaron 1.251 personas detenidas o encarceladas por cuestiones políticas. El informe hizo hincapié en que los prisioneros cumplen "condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional".
