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Presos Políticos

Prisoners Defenders muestra cómo el régimen fabricó el delito de sedición contra manifestantes del 11J

Las penas impuestas a los cubanos condenados por sedición oscilan entre 15 y 26 años de prisión.

Madrid
Odet Hernández Cruzata y Reinier Reynosa Cabrera, manifestantes del 11J condenados por sedición.
Odet Hernández Cruzata y Reinier Reynosa Cabrera, manifestantes del 11J condenados por sedición. Caridad Besu/Facebook

La ONG Prisoners Defenders publicó este miércoles un análisis que muestra cómo el régimen fabricó el delito de sedición contra 17 cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales de julio de 2021 conocidas como 11J.

La organización tuvo acceso a las sentencias de los cubanos que fueron condenados en la Causa 9 del Expediente de Fase Preparatoria 145 de 2021, del Tribunal Provincial de La Habana. Varios fragmentos extraídos de los documentos evidencian que los manifestantes fueron juzgados por gritar consignas y que fueron descalificados por no mostrar afinidad al Gobierno, pese a no tener antecedentes penales.

Según se lee en el apartado "hechos probados", el régimen condenó a Odet Hernández Cruzata porque " expresó a viva voz  'saquen los calderos pa´ fuera, Cuba está llorando, vamos para que nos cuiden, vamos que todo el mundo junto no nos van hacer nada, Cuba entera está así, caballero compartan, libertad'".

Otro ejemplo mostrado en el análisis es el caso de Katia Beirut Rodríguez, quien también "gritaba a viva voz  'libertad para el pueblo cubano, libertad de expresión, aquí no tenemos miedo, vamos ya está bueno ya, queremos cambio del comunismo este, que tiene resignado a los cubanos', a la propia vez que ambas, con el objetivo de publicar todo lo que estaba ocurriendo y así lograr que más personas se les unieran, cada una con sus teléfonos celulares comenzaron a trasmitir en vivo y a publicar en distintas plataformas digitales, lo que allí estaba aconteciendo", según los "hechos probatorios".

Los actos por los que los acusados recibieron penas entre 15 y 26 años de prisión incluyen haber gritado "frases denigrantes en contra de la dirección del país"  y presuntamente haber   incitado "a convocar a que otras personas se le sumaran de forma tal que se mostrara un clima de intranquilidad y violencia."

Respecto al lenguaje descalificador con que fueron descritos los acusados, Prisoners Defenders pone como ejemplo la descripción de Beirut Rodríguez, de quien se dijo que "en el lugar de residencia no le gusta relacionarse ni accionar con las organizaciones políticas y de masas, aunque hasta la fecha no le constan antecedentes penales".

Prisoners Defenders llamó la atención sobre el hecho de que la falta de interacción con las organizaciones políticas se presenta como un elemento negativo.

De la misma forma fueron descalificados otros acusados, sobre los que se destacaron presuntas actitudes violentas, "lenguaje vulgar" o relaciones con personas consideradas "antisociales", pese a que no tenían antecedentes penales.

Los testigos de la acusación fueron oficiales de la Policía o funcionarios del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC). "El único perito de la causa fue un capitán de la seguridad del estado y no se permitieron peritos independientes en ninguno de los casos", señaló Prisoners Defenders.

El análisis también muestra que los abogados actuaron según los intereses de la acusación. Aunque algunos solicitaron rebajar a desórdenes públicos el cargo de sedición imputado a sus defendidos, otros aceptaron el delito de sedición.

Un análisis de DIARIO DE CUBA sobre este delito en el Código Penal vigente en Cuba cuando ocurrieron las protestas cuestionaba la ambigüedad en la redacción, pues una persona que hubiera incurrido en desórdenes públicos o solo se hubiera manifestado pacíficamente podía ser acusada de este delito de naturaleza política.

En los 17 casos, los acusados fueron sometidos a interrogatorios sin la presencia de un abogado, por lo que estuvieron expuestos a tortura, tratos degradantes e inhumanos con el objetivo de obtener una confesión de culpabilidad, señaló Prisoners Defenders.

Este grupo forma parte de los 224 cubanos procesados por sedición. Entre ellos hay 17 menores de edad, según el más reciente informe de la ONG, divulgado mientras el régimen se somete al Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas.

El número de cubanos presos por motivos políticos en Cuba ascendió a 1.062. De esa cifra, 118 son mujeres; dos mujeres trans; 34 menores de edad.

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1 comentario

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Pues lo normal.
Cualquier gobierno que quiere cargarse cualquier "discrepancia" sólo tiene que acusar de sedición y terrorismo al "indeseable" que ose oponerse a los planes de dicho gobierno.