Presos políticos del 11J sufren castigos en prisión por tener una postura frontal contra el régimen

Familiares y activistas de derechos humanos han alertado sobre la difícil situación que enfrentan cuatro presos políticos cubanos, condenados por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

En declaraciones a Martí Noticias, Liuba María Gallo, esposa del preso político José Ramón Solano Randiche, de 32 años de edad, denunció que en el penal holguinero Cuba Sí, le están negando a su esposo los medicamentos para el asma. Solano cumple una condena de 13 años de cárcel bajo el cargo de sedición.

"Él es asmático crónico desde muy chiquito y entonces por el calor que hace allí, la humedad, él está ahora presentando una crisis. No hay medicamentos ahí, la comida malísima, prácticamente cabe en un vaso de seis onzas casi todo, las condiciones higiénicas también son malas", apuntó la esposa del preso político.

En febrero del pasado año este preso político fue enviado a una celda de castigo en la Prisión Provincial de Holguín, por iniciar una huelga de hambre en protesta por las precarias condiciones en ese centro penitenciario.

Otro preso político, Ángel Serrano Hernández, de 56 años de edad, tiene una sanción de 14 años y fue acusado por el delito de sedición. Serrano se encuentra enfermo en la prisión Combinado del Este sin recibir atención médica, ni tratamiento, según explicó el activista Marcel Valdés. El preso político recibió esta condena por su participación en la manifestación de La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana.

"Me pidió que denunciara que él tiene problemas de la próstata y no le han hecho ningún tipo de examen médico, no le dan atención médica y mucho menos le dan medicamentos, tiene artritis y los dolores son inmensos", precisó Valdés.

Desde que Serrano Hernández fue detenido ha sufrido el ensañamiento de las autoridades del penal y de la Seguridad del Estado por tener una postura política contra el régimen y negarse a la rehabilitación ideológica.

De acuerdo con Martí Noticias también ha recibido maltrato en la cárcel el preso político Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, que cumple una condena de ocho años en el penal de Quivicán, por su participación en la protesta antigubernamental del 11J en el poblado de Vegas, del municipio Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque. En esa jornada salió a la calle con un cartel que decía: "Era tanta hambre que nos comimos el miedo".

Condenado bajo los cargos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje, el padre de cuatro niños se cosió la boca con alambres el 30 de septiembre para reclamar a las autoridades que pongan fin a los abusos en su contra. A Pérez le suspendieron las llamadas telefónicas con su familia y las salidas al patio para coger sol. Finalmente, esta semana, tras el pedido de su esposa Dayana Aranda Batista, y por el deterioro de su condición física, decidió poner fin a esa protesta y descoserse la boca.

"El labio de arriba, por la parte de adentro, lo tiene infestado. Parte de las cosas que yo le llevaba a él me las quitaron, la mayoría de los antibióticos no se los pude pasar, nada ha cambiado, absolutamente nada", denunció Aranda Batista. 

El abogado Juan Carlos González Leyva dijo a Martí Noticias que el preso político Yonay Moreu Leal está en pésimas condiciones y amenazado por reos comunes que son "de alta peligrosidad". Moreu cumple condena de 15 años en la prisión de Agüica en Colón, Matanzas, acusado bajo el cargo de sedición, luego de participar en las protestas en el poblado de Cárdenas.

Nilaismary Álvarez, esposa de Moreu, dijo al Consejo de Relatores de Derechos Humanos que González Leyva "sobrevive en una galera entre peligrosos asesinos donde su vida corre peligro, y donde carece hasta del agua y la alimentación adecuada". También contó que cuando se enferma no tiene acceso a medicamentos y le han quitado el derecho a las llamadas telefónicas "y hasta las visitas familiares", declaró González Leyva.

La agrupación Justicia 11J registra un total de 1.558 personas detenidas tras los arrestos y los procesos contra los manifestantes del estallido del 11 de julio. ​​La ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, aseguró en un informe de mayo pasado que en Cuba "todos los prisioneros políticos son torturados". 

La ONG listó 15 tipos de torturas aplicadas a los presos políticos como la privación de la atención médica, confinamientos prolongados en solitario, agresiones físicas, privación de comunicación con familia, abogados defensores y allegados, amenazas para los presos, su integridad, su seguridad y la de sus seres queridos, entre otras.

Prisoners Defenders realizó además una denuncia detallada de 101 casos ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, logrando críticas públicas de este organismo al régimen cubano.