Las autoridades cubanas liberaron este miércoles al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, un periodista independiente y youtuber apresado durante las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Caibarién, Villa Clara, según informó en su perfil de Facebook la activista Yoaxis Marcheco Suárez.
El 24 de noviembre de 2021, el Tribunal Municipal de su localidad lo condenó a dos años y diez meses de privación de libertad, al encontrarlo culpable de un delito de "desórdenes públicos".
"Fue traumática mi estancia en prisión, la represión", dijo Morales Rodriguez a Martí Noticias. "Hoy no me querían soltar. En la Prisión Provincial de Villa Clara, conocida como 'El Pre de Santa Clara', desde el desayuno sueltan a los presos que les corresponde libertad y eran las 11 de la mañana y a mí no me habían soltado, yo estaba a punto de estallar", contó al referido medio de prensa poco después de llegar a su hogar.
"Entonces los presos políticos me llamaban a la calma, 'Ten cuidado', me decían; porque hasta el día anterior [los jefes del penal] estaban valorando la posibilidad de levantarme otra causa. Lo que pasa es que el alto mando de la Seguridad del Estado no los dejó", dijo el preso político.
Morales Rodríguez relató que durante su tiempo en la cárcel fue víctima de torturas físicas y psicológicas, agresiones y maltratos por parte de sus carceleros, que repetidas veces lo recluyeron en celdas de aislamiento. Estas condiciones fueron los motivos de las huelgas de hambre que llevó a cabo en prisión y que debilitaron su salud: padece gastritis y una úlcera en el estómago, problemas en la vesícula y en los riñones, agregó.
Además, al tiempo que el régimen liberaba a Morales Rodríguez, el preso político Loreto Hernández García se encuentra en huelga de hambre en la cárcel de Guamajal, también en Villa Clara.
Su hermano, el ex preso político Jorge Luis García "Antúnez", exiliado en Miami, dijo a Martí Noticias que se trata de una "triste y preocupante" noticia. "Se encuentra en huelga de hambre desde el domingo [3 de marzo de 2024] porque la policía política dentro de la prisión Guamajal/Hombres, le está negando su asistencia médica y sus medicamentos", declaró.
La situación de Hernández García, reconocido como prisionero de conciencia por la ONG Amnistía Internacional, ha sido denunciada por sus familiares y diversas instituciones, que ponderan el carácter religioso de la reclusión. El prisionero padece de asma, diabetes, hipertensión y problemas cardíacos.
Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la "Asociación Yorubas Libres de Cuba", fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en Placetas, Villa Clara, durante las protestas del 11 de julio de 2021. Ambos fueron condenados por desorden público, desacato, agresión y resistencia.
Sobre este tema, la periodista y activista cubana Luz Escobar dijo recientemente a Martí Noticias que "La opinión pública y las denuncias son necesarias para que no se olvide a los presos políticos cubanos".
"Pasan los años y la lista de esos presos crece, con más de 1.000 hoy en día, por lo que se vuelve complicado mantener una actualización de los casos porque hay personas que se confunden y se cansan", explicó la conductora del podcast "Palos vienen", de DIARIO DE CUBA.
"El régimen sigue mandando este tipo de mensajes, si te opones, puedes ir a la cárcel y ahí están las historias de los presos políticos, a quienes utilizan como ficha de cambio para sus maniobras en materia de política exterior", aseguró la periodista, exiliada en España desde 2022 y ganadora, en ese año, del Premio Internacional de Periodismo que otorga el diario español El Mundo.
"En primer lugar, estas personas no deberían estar recluidas y, en el caso de haber cometido algún delito, deberían tener acceso a la atención médica, por lo que esta situación es doblemente grave para ellos", concluyó.
En un informe reciente, la ONG Prisioners Defenders expuso que en Cuba hay 1.066 presos políticos. A lo largo de 2023 se reportaron 1.251 personas detenidas o encarceladas por cuestiones políticas. El informe de la ONG hace énfasis en que los prisioneros cumplen "condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional".
