El régimen cubano se salta una vez más sus propias leyes y viola los instrumentos jurídicos internacionales que protegen los derechos sexuales y reproductivos, con el caso de la presa política Lisdany Rodríguez Isacc, recluida en la cárcel de El Guamajal, en Villa Clara. La joven, con siete semanas de embarazo, está siendo presionada para que se someta a un aborto, en medio de la privación de alimentación y atención médicas adecuadas.
La Constitución aprobada en abril de 2019, en palabras del general Raúl Castro Ruz, "sintetiza las aspiraciones de todos los que a lo largo de más de 150 años han luchado por una Cuba libre, independiente, soberana y de justicia social". Tal declaración se diluye en la profunda crisis económica y social que vive la Isla, a la que dan la espalda los cambios legislativos fruto de la reforma constitucional.
En materia de derechos sexuales el texto constitucional dice que "el Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello".
Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), "la salud sexual y reproductiva de las mujeres está relacionada con múltiples derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a no ser torturada, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación".
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por otra parte, han indicado que el derecho de la mujer a la salud incluye su salud sexual y reproductiva.
Según la CEDAW, constituyen violaciones de estos derechos la "negación del acceso a los servicios que solo necesitan las mujeres; servicios de baja calidad" o "esterilización forzada, exámenes de virginidad forzados y aborto forzado, sin el consentimiento previo de las mujeres".
Igualmente, la Plataforma de Acción de Beijing, una de las hojas de ruta mundiales más importantes y cuya meta es la igualdad de género, afirma que "los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control y a decidir libre y responsablemente sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia."
El Gobierno de Cuba, miembro del Consejo de Derechos Humanos, comprometido con el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales protectores de los derechos humanos, queda una vez más en evidencia con el caso de la joven Lisdany Rodríguez Isacc.
Bárbara Isacc, madre de la gestante, explicó que su hija y el esposo intentaron tener un hijo durante años, sin conseguirlo. Rodríguez Isacc quedó encinta durante una visita conyugal. Ella le dijo a su madre que tenía siete semanas de embarazo.
"Está con mucho dolor en la barriga y mareo, y no hay ni gravinol, no hay medicamentos para darle. Entonces, querían que se lo sacara (que se hiciera un legrado). Pero ella, la pobre, no quiere sacárselo, porque ella nunca había salido embarazada. Ella quiere tenerlo", contó la madre de la presa política a DIARIO DE CUBA.
"Ahora no la llevan al turno médico que les dan a las embarazadas hasta que tenga diez semanas", dijo Bárbara Isacc.
Esta cubana está consciente de que, en su condición, su hija necesita estar bien atendida y alimentada, pero la realidad, conocida por el testimonio de cientos de reclusos, es que en las cárceles cubanas la escasez de comida y medicamentos es grave.
"Imagínate tú, si para los presos normalmente no hay comida… Entonces, yo imagino que lo hacen (presionar a Isacc para que aborte) por eso mismo. Como la situación está mala allá dentro, que los presos no tienen comida, una embarazada va a ser una carga", añadió.
La plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba demandó el viernes que la joven "reciba todas las atenciones contempladas en el Programa Materno Infantil". Recordó que "es ilegal obligar a una persona a realizarse un aborto, esté o no privada de la libertad, de acuerdo con el Código Penal vigente desde 2022".
El caso de la joven, condenada junto con su hermana gemela Lidianis Rodríguez Isacc por las protestas del 11J en Villa Clara, no es el único que apunta a la violación de los derechos sexuales y reproductivos dentro de las prisiones cubanas. Otras mujeres privadas de libertad han denunciado el tratamiento abusivo que reciben, no solo cuando se encuentran en estado de gestación, sino luego de dar a luz a sus hijos. Madres e hijos son separadas cuando los pequeños cumplen un año de edad.
La situación se agrava cuando el motivo del cumplimiento de las penas es por motivos políticos, una violación más a los derechos fundamentales de las mujeres.
Otra prisionera política, Lázara Karenia González Fernández, también condenada tras las manifestaciones del 11J, lucha por una licencia extrapenal que impida la separación de su hijo de poco más de un año. Esta joven madre de Cárdenas, Matanzas, tiene que cumplir una condena de tres años y seis meses de trabajo correccional con internamiento por los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia, de los que solo ha cumplido siete meses por encontrarse embarazada tras la sentencia de apelación.
Lizandra Góngora, madre de cinco hijos menores de edad y recluida en la Isla de la Juventud, ha denunciado la violación de su derecho a llamadas telefónicas regulares y demanda su traslado a una prisión cercana a su residencia para poder ver a sus hijos.
"Me han amenazado con que me pueden mandar para Guantánamo o para Pinar del Río. Creo que eso es una injusticia porque mi dirección es de La Habana desde hace 14 años. No voy a permitir que me lleven para otra prisión que no sea la que me toque", dijo Góngora recientemente.
Lisdany Rodríguez Isaac, Lázara Karenia González, Lisandra Góngora son mujeres cubanas violentadas, esta vez no por el machismo —que cobró 88 víctimas en 2023 y lleva otras cinco en lo que va del 2024—, sino por la violencia política de la maquinaria estatal que, para tratar de acallar el disenso, ataca a las madres, a la infancia, a la familia.
Eso que algunos llaman gobierno no es mas que una tirania controlada por un cartel de narcotrafico con adornos ideologicos que regentea un campo de concentracion en el que han sometido a condiciones de esclavitud a sus pobladores.
No hay limites para estos criminales que lo mismo hunden barcos llenos de ninos y mujeres tratando de escapar, que torturan, encarcelan, desaparecen, extorsionan, asesinan y empobrecen a esos mismos inocentes a los que desprecian.
El exterminio de 3/4 partes de la poblacion cubana es el objetivo inmediato de ese regimen fascista y lo peor es que casi nadie se da cuenta.