La Misión Permanente del régimen cubano ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra envió una carta a este organismo internacional en la que dijo necesitar un mes para responder a la solicitud de información sobre alegaciones de violaciones a la libertad religiosa en la Isla, enviada por cinco relatores a La Habana el 16 de noviembre de 2023.
Los relatores sobre libertad de religión o de creencias, Nazila Ghanea; promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan; derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule; cuestiones de las minorías, Nicolas Levrat, y el vicepresidente de comunicaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Matthew Gillett, habían pedido al régimen cubano que proporcionara la información solicitada en la comunicación en un plazo de 60 días.
Ese plazo se cumplió este 15 de enero, fecha que aparece en la carta enviada por la misión del régimen a los relatores de la ONU y compartida con DIARIO DE CUBA por la ONG Prisoners Defenders (PD).
La organización con sede en Madrid también había compartido con esta redacción la comunicación de los relatores de la ONU a La Habana, en la que requirieron información sobre las alegaciones de represión y hostigamiento contra 13 asociaciones y líderes religiosos cubanos.
Los casos de violación de libertad religiosa en Cuba están contenidos en un informe elaborado por PD y demuestran los patrones de represión del régimen contra miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, así como practicantes de las religiones católica y protestante.
Entre los religiosos reprimidos incluidos en el informe se encuentran el sacerdote de Ifá Loreto Hernández García, quien ha sido "detenido e interrogado de forma sistemática desde 2011 hasta la actualidad…". Hernández García fue condenado a siete años de prisión en 2022 por los delitos de desórdenes públicos y desacato, debido a su participación en las protestas antigubernamentales conocidas como 11J. En prisión ha sufrido varios problemas de salud, pero no ha sido beneficiado con un cambio de régimen.
Los relatores solicitaron al régimen cubano información sobre los casos específicos contenidos en el informe de PD, así como sobre "las medidas adoptadas para garantizar la libertad de religión o de creencias en Cuba, así como su ejercicio en condiciones de plena libertad y seguridad para todas las comunidades religiosas y confesiones, sin enfrentar hostigamiento, amenazas o represalias por ejercitar tal derecho".
En su misiva, La Habana afirmó tener "el honor de referirse a la comunicación AL CUB 4/2023 del 16 de noviembre de 2023 sobre presuntos patrones de hostigamiento, detención arbitraria, acoso y malos tratos por parte de las autoridades en contra de líderes religiosos e integrantes de asociaciones y grupos religiosos, incluyendo personas pertenecientes a minorías religiosas".
"Al respecto, atendiendo a la voluntad permanente de cooperación con los diferentes mecanismos de derechos humanos, la Misión Permanente tiene a bien solicitar a estos procedimientos especiales una prórroga de un mes para responder a dicha comunicación".
Pese a la manifiesta voluntad para cooperar con los mecanismos de derechos humanos, a las autoridades de Cuba no les bastaron 60 días para proporcionar la información requerida.
En la carta a los relatores, el régimen aseguró que la prórroga solicitada "resulta fundamental para concluir las labores de coordinación entre las diferentes instituciones nacionales que participan en la elaboración de la respuesta y garantizar que la misma cuente con todos los elementos necesarios".
Según la fecha que aparece en la misiva de la representación del régimen en Ginebra, esta fue enviada diez días después de que el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla asegurara que el desempeño de La Habana en materia de respeto a la libertad religiosa era "ejemplar".
Rodríguez Parrilla sostuvo lo anterior luego de que el Gobierno de Estados Unidos volviera a incluir al régimen de Cuba en su lista negra de gobiernos violadores de ese derecho.
