El Gobierno de Estados Unidos volvió a incluir a los regímenes de Cuba y Nicaragua, junto a otros gobiernos como Rusia y China, en su lista negra sobre libertad religiosa, de acuerdo a un comunicado publicado este jueves, citado por EFE.
Figuran además en la lista negra Birmania, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudí, Irán, Tayikistán y Turkmenistán, los mismos del año pasado.
Los gobiernos en estos países han "participado o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa", señaló la declaración de Washington.
El Departamento de Estado hizo una segunda lista con los países "en observación", en la que vuelven a estar Argelia, Vietnam, las Comoras, República Centroafricana y Azerbaiyán.
Estados Unidos también mantuvo en la lista negra a varios grupos que tienen control territorial, como los talibanes en Afganistán, los hutíes en el Yemen, Boko Haram en Nigeria, Al-Shabaab en Somalia, la Organización para la Liberación del Levante en Siria o varios afiliados del Estado Islámico y Al Qaeda en África.
A diferencia del año pasado, salió de la lista el Grupo Wagner, que desde la muerte de su líder Yevgueni Prigozhin, ha quedado integrado dentro de las Fuerzas Armadas de Rusia.
En su comunicado, Washington dijo que los gobiernos que figuran en la lista "deben poner fin a abusos como los ataques contra miembros de comunidades religiosas minoritarias y sus lugares de culto, la violencia comunitaria y los prolongados encarcelamientos por expresión pacífica".
"Los desafíos a la libertad religiosa en todo el mundo son estructurales, sistémicos y profundamente arraigados", agregó.
En mayo de 2023 el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional presentado por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, lamentó que en Cuba, a pesar de que la Constitución incluye disposiciones para proteger la libertad religiosa y prohibir la discriminación por motivos religiosos, los Códigos Penal y administrativo contradicen estas cuestiones.
Aunque la Constitución declara al país como un estado laico y establece la separación entre las instituciones religiosas y el estado, el Partido Comunista de Cuba (PCC) regula la práctica religiosa a través de su Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) y el Ministerio de Justicia (MOJ). Algunos grupos religiosos se encuentran en el limbo, a la espera de decisiones oficiales hace años.
El Código Penal considera un delito pertenecer o asociarse con un grupo no registrado. Además, una enmienda a una ley existente aumenta la sentencia mínima para las personas que se oponen al Servicio Militar o a la educación pública por motivos de conciencia, incluyendo creencias religiosas.
Otra ley adicional, vigente desde diciembre de 2022, impone penas de hasta diez años de prisión a las personas que reciben financiamiento de organizaciones extranjeras o financian actividades consideradas dirigidas contra el Estado o su orden constitucional. Esta ley puede afectar a la sociedad civil independiente, incluyendo a los grupos religiosos.
El régimen cubano presiona cada vez más a los críticos, incluyendo líderes religiosos, para que se exiliaran a la fuerza y el Departamento de Estado incluyó en su informe ejemplos de esta situación, como el pastor Jesús Fundora Pérez, del Movimiento Apostólico, y el pastor Alain Toledano Valiente, exiliado junto con su familia. En septiembre, el Gobierno se negó a renovar el permiso de residencia del superior de los jesuitas en Cuba, el padre David Pantaleón, ciudadano de la República Dominicana, porque criticó los abusos de los derechos humanos.
Actualmente, cumplen condena de privación de libertad los prisioneros de conciencia Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, activistas y líderes de la religión yoruba. Ambos fueron encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara. Amnistía Internacional y el propio Gobierno de Estados Unidos han exigido reiteradamente su libertad.
El padre cubano Alberto Reyes, sacerdote de la Arquidiócesis de Camagüey, ha denunciado que los miembros de la Iglesia que exponen las injusticias que ocurren en el país son llamados y amenazados por el régimen cubano
La Seguridad del Estado cubana impidió en octubre pasado la ceremonia de entrega del premio que el Instituto Patmos otorga cada año. Coincidiendo con la hora en la que la organización religiosa tenía previsto celebrar el acto, en el barrio de La Palma, en La Habana, fue citado por la policía política el anfitrión, el pastor evangélico Luis Maldonado, uno de los encargados de la ceremonia.
