La Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia (CICRAIN), de España, demandó la "liberación inmediata" de "1.600 personas privadas de libertad por motivos políticos, religiosos, orientación sexual y otros relaciones con la condición de su persona" en Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela.
En un comunicado remitido a la agencia EFE y firmado por 81 ONG y alrededor de 200 personas, la coordinadora en favor de la liberación de los presos políticos y de conciencia recuerda que esos países "tienen gobiernos dictatoriales, totalitarios o autocráticos" y que en sus cárceles "pueden existir más de 1.600 personas privadas de libertad" por estos motivos.
"Esta situación viola claramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales, dado que este tipo de actuaciones que siguen llevando a cabo las dictaduras de estos países contra sus ciudadanos, son contrarias a los mismos", subraya el comunicado.
Entre los firmantes a título personal de la declaración están los opositores venezolanos Leopoldo López, Antonio Ledezma y Dinorah Figuera, así como la escritora cubana Zoé Valdés. En el texto, solicitan "la liberación inmediata de todos estos ciudadanos privados de su libertad que además viven y sufren situaciones inhumanas, de hacinamiento, enfermedades, están mal alimentados y en algunos casos sufriendo torturas".
También animan a apoyar esta iniciativa "cívica de solidaridad con las víctimas y sus familiares frente a la intolerancia, la represión y los delitos de odio que padecen".
Esteban Ibarra, presidente del español Movimiento contra la Intolerancia (MCI) y uno de los promotores de la declaración, dijo a Radio Televisión Martí que en la nación ibérica "no hay una conciencia de la naturaleza y el alcance del problema".
"España es muy indiferente en relación con los presos políticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Incluso, podría señalar que ningún miembro importante del PSOE (Partido Socialista Obrero Español, en el gobierno) quiso firmar este documento en solidaridad con los presos políticos de estos países", agregó al propio medio Miguel Henrique Otero, presidente y editor del diario venezolano El Nacional y directivo de la Fundación Foro Libertad y Alternativa.
De acuerdo con la ONG Prisoners Defenders, 2023 cerró en Cuba con 1.063 presos políticos, periodo en que se reportó un promedio de 16 presos de conciencia mensuales.
Por su lado, la ONG venezolana Foro Penal denunció que son 275 las personas en ese país consideradas presos políticos, si bien hay más de 9.000 otras que, sin estar encerradas en penales o comandancias policiales, "siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad".
La ONG asegura que, desde 2014 ha registrado 15.791 personas que han "pasado por la prisión política" en Venezuela.
Mientras, Nicaragua cerró 2023 con 119 personas consideradas presas políticas por los organismos humanitarios, entre ellas un periodista, dos obispos, tres seminaristas y 13 sacerdotes, según un informe divulgado el martes por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Entre ellos están monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, quien fue condenado a más de 26 años de prisión por los presuntos delitos de traición a la patria, tras negarse a ser expatriado a Estados Unidos en febrero de 2023.
Finalmente, en diciembre pasado el diputado opositor y diplomático boliviano Gustavo Aliaga aseguró que en ese país la cifra de reos políticos asciende a 200. "Se sabe que hay 200 presos políticos, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez, a quien se le niega un juicio de responsabilidades, y el gobernador opositor preso, Luis Fernando Camacho, de la provincia de Santa Cruz", declaró a AP.
