En horas de la noche del 28 de agosto de este año, la Policía cubana detuvo a un hombre de 35 años por haber pegado en la vía pública unos boletines de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática (CID). El hecho ocurrió en la barriada habanera de La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo.
Lo que desconocían o no se percataron las autoridades era que Eugenio Eduardo Sierra Ortega padece de esquizofrenia y posee problemas de aprendizaje. A pesar de ello, este hombre se mantiene recluido en la prisión de Valle Grande, en las afueras de la capital y está presuntamente acusado del delito de propaganda enemiga.
"Mi hijo está diagnosticado con esquizofrenia y toma medicamentos como amiptritilina y clopomacina para su enfermedad. Estuvo toda su vida en una escuela especial por su condición mental. Él tomó esos boletines del CID, que no son para pegar, sino para repartir y los pegó en la calle sin tener consciencia de qué son y lo que implica", refiere a DIARIO DE CUBA su madre, Niurka de la Caridad Ortega, quien es activista del CID.
''Estando en la prisión de Valle Grande, por solo exigir sus medicamentos mi hijo fue esposado de manos y pies. Las esposas se las apretaron tan fuerte que sangró por una de sus piernas. Este atropello lo hizo el segundo jefe de Orden Interior llamado Araujo. Desde el día 27 de noviembre no sé nada de él y no sé como se encuentra en estos momentos'', añade su madre.
De la Caridad Ortega declaró al canal de YouTube Cubanos de Adentro y de Abajo que la alimentación en el penal es ''crítico, a los internos le dan solo un poco de agua con un ñame y nada más. La mayoría de los presos están muy delgados. Mi hijo está distrófico. A ello se suma que hay muchas chinches y brotes de sarna (escabiosis) debido a la poca higiene que hay en las celdas''.
El caso de este preso, con una evidente enfermedad mental incompatible con el régimen penitenciario, no es el único. El grupo de trabajo Justicia 11J ha documentado al menos 17 casos de personas con discapacidades y padecimientos de salud mental que en la actualidad cumplen condenas por haber participado en las protestas de julio de 2021, o en manifestaciones posteriores como la de Caimanera, en Guantánamo.
Algunos de ellos son Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años y condenado a nueve años de prisión; Dayron Martín Rodríguez, de 37 años y sentenciado a 22 años de privación de libertad; y Walnier Luis Aguilar Rivera, de 23 años y sancionado a 12 años de prisión.
Como apuntara la periodista Darcy Borrero en un reportaje publicado en DIARIO DE CUBA "las alternativas a la cárcel para estas personas son escasas en Cuba. A diferencia de las personas VIH+, para las que el régimen cubano mantiene un enfoque separatista en cárceles especializadas, quienes tienen discapacidades deben cumplir condenas en centros generales que, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, no se ajustan a sus necesidades."
