Como había anticipado a fines de noviembre último, después de ser hallada culpable por el Tribunal Municipal de Matanzas del delito de desobediencia, la historiadora y politóloga cubana Alina Bárbara López Hernández presentó el martes un escrito de apelación contra la sentencia que la obliga a pagar una multa.
La intelectual confirmó a EFE el paso legal y añadió que por el momento la defensa no va a dar a conocer los detalles de su argumentación para apelar la sentencia del 28 de noviembre del Tribunal Municipal Popular de Matanzas.
Según el procedimiento penal cubano, ahora el Tribunal Provincial de Matanzas tiene que decidir si admite a trámite la apelación y, en ese caso, entrar en el fondo de la cuestión.
Este tribunal podría mantener la sanción actual o absolver a la acusada. Al tratarse de un procedimiento denominado simplificado, esta es la última instancia disponible para López: su sentencia (oral) será firme.
Este paso, según fuentes consultadas, es solamente de revisión de la sentencia a la luz de la argumentación de inconformidad presentada por la defensa en el escrito de apelación y no implica otra vista pública o nuevas declaraciones o testigos de las partes.
López, que se enfrentaba a un máximo de un año de cárcel, fue encontrada culpable de un delito de desobediencia y condenada a pagar 30 cuotas de 250 pesos cubanos, 7.500 en total (al cambio oficial para personas naturales, esto es unos 62,5 dólares).
La intelectual fue acusada de desobediencia por negarse a pagar una multa tras realizar una protesta pacífica e individual en la vía pública y no acudir al subsiguiente interrogatorio al que la citó la Seguridad del Estado del régimen.
López Hernández alega que la Constitución de 2019 la ampara, porque contempla los derechos de expresión y manifestación. Estas libertades no han sido desarrolladas legalmente hasta el momento (y no está previsto que se haga hasta 2027), algo que dificulta en la práctica su disfrute.
En declaraciones DIARIO DE CUBA tras ser enjuiciada, indicó que su sentencia fue "a pesar de que no pudieron probar absolutamente nada y a que el juicio estuvo lleno de contradicciones con la única testigo que ellos pudieron llevar, que es la oficial que me vino a traer la citación".
El caso contra la intelectual matancera se origina en sus críticas en redes sociales contra el estado de cosas que viven los cubanos y sus manifestaciones pacíficas en plazas de Matanzas, por las que sufrió la persecución de la Seguridad del Estado, así como una detención violenta y acciones intimidatorias.
Según López Hernández, ella se negó a aceptar la sanción. "Ni siquiera firmé la notificación de la multa. Voy a apelar a la única instancia que tiene ese juicio sumario, que es la instancia provincial. Tengo cinco días hábiles para hacerlo", adelantó.
"La cuestión no es que sea una multa, sino que estoy siendo acusada por un delito de desobediencia, y yo no admito eso, porque yo no desobedecía a oficiales que estuvieran cumpliendo funciones, porque la citación carecía de los elementos necesarios para ser aceptada como parte de la apertura de un procedimiento penal", argumentó.
Varios diplomáticos se han puesto en contacto con ella en las últimas semanas. "Siento mucho apoyo", aseguró a EFE.
López, que ha escrito y editado en medios no oficiales, mantuvo en noviembre una extensa conversación telefónica con el representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, y en mayo pasado se reunió personalmente con el alto representante de la UE para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ambos de visita en Cuba.
La ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció que este juicio tiene "motivaciones políticas" y aseguró que "el objetivo final" del proceso es "reprimir el ejercicio de los derechos o libertades". En su opinión, López es una "víctima de conciencia" y la acusación de la fiscalía es "falsa".
En su análisis legal del caso para DIARIO DE CUBA, los jueces cubanos Edel González y Maylín Fernández enfatizaron que la persecución y hostigamiento contra López Hernández "confirma el doble papel de la Fiscalía General de la República en relación al activismo independiente: legitimar las violaciones de derechos humanos en los procesos penales arbitrarios que practican los cuerpos de represión y, al propio tiempo, garantizar la impunidad de los ejecutantes".
De acuerdo con los juristas, este caso evidencia una vez más "el empobrecimiento profesional existente en la Isla entre fiscales y jueces activos de nueva generación", así como "la gravedad del escenario", cada vez "más estrecho para la realización del derecho, la justicia, las libertades, la dignidad y el bienestar de los cubanos".
A juicio de González, la situación de impunidad e indefensión jurídica que enfrentan los cubanos sigue allanando el camino para un nuevo estallido social, pues la institucionalidad fallida se hace cómplice y/o autora de los abusos de poder sistemáticos. Por consiguiente, se convierte en enemiga directa de parte importante de la sociedad.
