El régimen de Cuba volverá a someterse al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con un antecedente de 339 recomendaciones en 2018 y 226 aceptadas, pero con una realidad de caso omiso a la mayoría de los señalamientos por sus acciones contra las libertades sindicales.
Los derechos sindicales componen una de las asignaturas pendientes del régimen, que constantemente es denunciado ante organismos internacionales. Laritza Diversent, directora de Cubalex, afirma que los órganos sindicales legales en Cuba no son ni independientes ni imparciales y generalmente están influenciados y benefician a la administración.
"En el sistema de justicia cubano, en materia laboral es donde existe más falta de garantías del debido proceso. El tribunal no provee un abogado al trabajador para que lo asista en la defensa; son los propios trabajadores los que tienen que contratar a un abogado, la mayoría de las veces los trabajadores se enfrentan solos a los procesos y eso puede ir en contra de su defensa".
El director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, Joel Brito, comenta que la organización que dirige ha escrito de manera directa a más de 145 empresas con intereses directos en la Isla y siempre responden que en sus negociaciones con el Gobierno de Cuba deben respetar las leyes nacionales.
"La respuesta de nosotros ha sido que en sus países respetan las leyes que no necesariamente cumplen dentro de Cuba. No dicen a sus empresas que no creen un sindicato, por ejemplo. Los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva, que en el caso de Cuba se realiza entre la agencia empleadora y el inversor extranjero", explica.
En el ámbito de la inversión extranjera, Brito considera que todas las profesiones son vulnerables. "Desde la educación porque hay profesores en el exterior, hay entrenadores, deportistas, casos de artistas, Cuba también comercializa desde ingenieros hasta servicios de computación, venden también productos médicos, aunque no hayan medicinas en las farmacias. El inversionista extranjero está feliz de invertir en Cuba. No tiene problemas laborales, no tiene huelgas, no tiene que pagar indemnización a un trabajador cuando sufre accidentes", denunció.
En relación con el próximo EPU, Diversent aclara que los informes resultantes del grupo de trabajo no son vinculantes para los estados, más bien son un compromiso de mejorar en materia de derechos humanos.
"Como vemos, el Estado cubano recibe muchísimas recomendaciones, la mayoría tiene con ver con libertad de expresión, de asociación y de derechos humanos, y no las acepta, por tanto, no se compromete a cumplirlas", añade.
Sin embargo, Diversent considera que, aunque no es un proceso vinculante, sí ayuda a la sociedad civil a incidir ante el Consejo de Derechos Humanos.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y exprisionero de conciencia de la Primavera Negra de 2003, insiste en el valor del trabajo de las organizaciones sindicales independientes para visibilizar la violación de los derechos sindicales en el país.
Hernández Carrillo considera que los próximos pasos serán lograr que el Comité de Libertad Sindical de la ONU se reúna con la ASIC y con el régimen para analizar la violación de las libertades sindicales y laborales que la organización denuncia se cometen.
Para el sindicalista independiente la referencia está en que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela aceptó que una misión de contacto visitara a Venezuela y se reuniera con el chavismo y con los sindicalistas. "Por lo menos se logró que se liberaran algunos presos sindicalistas y que el régimen bajara un poco la represión y el hostigamiento contra los sindicalistas".
"Teniendo en cuenta la arrogancia y la prepotencia del régimen cubano, es muy difícil que esto suceda, pero consideramos que sería un importantísimo paso", asegura.
