Dos años después de las protestas antigubernamentales que estallaron en julio de 2021 en Cuba, 261 manifestantes están pendientes de juicio, según el más reciente informe publicado por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias Justicia 11J.
El informe, titulado "Otro año sin justicia en Cuba", asegura que de las 261 personas que no han sido juzgadas, 108 esperan juicio bajo medida cautelar de prisión provisional.
De acuerdo a la actualización que ofrece el grupo de trabajo, 690 manifestantes han sido juzgados y sancionados. Otros 39 fueron procesados, pero permanecen en espera de la sanción. De las personas llevadas a juicio por participar en las protestas, solo fueron absueltas cinco.
Además, "137 personas fueron sancionadas administrativamente; a dos personas le fueron revocadas sus sentencias y 119 fueron liberadas sin cargos", señala el informe.
"En juicios de primera instancia, 415 personas fueron condenadas con sanciones hasta los nueve años de privación de libertad; 212 con sanciones entre los 10 y 19 años; siete personas fueron sentenciadas con entre 20 y 30 años de privación de la libertad".
En esta actualización, Justicia11J elevó a 1558 el número de detenidos durante las protestas, al incorporar 74 nuevas personas que fueron arrestadas.
Por otra parte, manifestantes que fueron excarcelados bajo sanciones no privativas de la libertad, o que fueron liberados con o sin aplicación de medidas administrativas, participaron en protestas posteriores a las del 11J y volvieron a ser detenidos.
De estas personas, 17 participaron también en la protesta cívica del 15N en noviembre de 2021 y de ellas dos están encarceladas. Siete participaron en manifestaciones durante 2022 y de ellas dos están presas actualmente. Cinco se unieron tanto a las protestas del 15N como a otras de 2022. Tres, además de tomar parte en las del 15N y en otras durante 2022, se unieron a protestas que han tenido lugar este año.
El informe del grupo refleja que de las 228 mujeres que fueron detenidas, 57 continúan encarceladas. "De ellas, 39 presentan una o varias vulnerabilidades", señala Justicia 11J: 19 son madres, 22 afrodescendientes, 16 son activistas o defensoras de derechos humanos, tres en relación con prácticas religiosas, una es miembro de la comunidad LGBTQIA, tres padecen enfermedades crónicas, una presenta una discapacidad, y una es paciente de psiquiatría.
En el contexto de los sucesos del 11J también fueron 161 activistas, religiosos, opositores y líderes opositores, comunicadores o periodistas independientes, incluso sin que fuera demostrada su participación en las manifestaciones.
De ellos, Justicia 11J ha identificado "al menos 29 personas con padecimientos crónicos —epilepsia, hipertensión, cáncer, diabetes, dermatitis, enfermedades óseas, etc.—, 18 con discapacidades físicas o mentales y 25 pacientes de psiquiatría, para un total de 63 personas. De estas personas, 42 permanecen en prisión, algunas con riesgos inminentes para la vida".
Sin relación con las protestas del 11J, el grupo ha documentado 347 detenciones a 334 personas, que han sido las únicas víctimas únicas de los hechos. También documentó 104 detenciones en relación con la marcha del 15N, 208 en distintas protestas de 2022 y 35 durante 2023.
Justicia 11J elaboró el informe con información primaria, obtenida gracias a familiares de personas detenidas, personas excarceladas y actores de la sociedad civil. Calificaron como determinante la cooperación de organizaciones como las Damas de Blanco, el Partido Autónomo Pinero, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), que han actualizado directamente la información sobre sus integrantes.
El grupo también ha tenido acceso a autos de imposición de medidas cautelares, peticiones fiscales, y sentencias judiciales de tribunales de primera y segunda instancia. Ha usado informaciones publicadas en las redes sociales o recopiladas y difundidas en medios de prensa independientes.
Para contrastar las informaciones y cifras, ha consultado la información oficial emitida por la Fiscalía General de la República, medios oficiales de comunicación y normas relevantes en el período.
