Nelva Ortega Tamayo, esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, ha vuelto a exigir este martes al régimen cubano "fe de vida" del preso político, encarcelado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
La doctora Ortega Tamayo acusó al régimen de Miguel Díaz-Canel de empeñarse en mantener a Ferrer "bajo desaparición forzada por tercera ocasión en menos de dos años de este último, cruel y brutal encierro", alertó en un audio.
"Hoy, 20 de junio de 2023, se están cumpliendo 107 días sin comunicación con la familia; 106 sin visita familiar: 99 sin visitas matrimoniales y 96 días desde la última vez que fue visto por alguien confiable, en este caso, el arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio", denunció la esposa del opositor.
Además apuntó que a Ferrer le han negado el derecho que tiene de "conocer a su nieta", de dos meses de nacida, que no pudo "felicitar a sus hijos los días de sus cumpleaños", ni tampoco recibir el pasado domingo "la felicitación de sus hijos y familia por el Día de los Padres".
Ortega Tamayo reiteró que "los máximos responsables de la integridad física y psicológica" de Ferrer son, directamente, "los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel", a quienes acusó de ser los culpables "de toda la represión, abusos, represalias, injusticias, crueldad, contra un hombre pacífico e inocente".
Por otra parte, la activista Rosa María Payá estuvo este martes en una manifestación en Washington para apoyar que se le ponga el nombre de su padre, el opositor Oswaldo Payá, a la calle que se encuentra frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos.
El Senado estadounidense acaba de aprobar una resolución para cambiarle el nombre a un tramo de la calle 16 y ponerle Oswaldo Payá Way. La resolución tiene ahora que ser aprobada por la Cámara de Representantes.
"Estamos totalmente convencidos de que la Cámara aprobará el proyecto de ley. Esta intervención pública de hoy es para animarlos a hacerlo pronto, para animarlos a convertir en ley lo antes posible que esta calle sobre la que estamos honre la memoria de mi padre, y con ello la memoria de todas las víctimas del castrismo en Cuba", declaró la activista a Martí Noticias.
Para Rosa María Payá, el hecho de aprobar la legislación es también una manera de "frenar la impunidad" con la que el régimen cubano continúa "asesinando en Cuba" y con la que mantiene a más de 1.000 prisioneros políticos. Expresó que el pueblo cubano "requiere de acción y esta es una muy fácil que pueden hacer ya, para ponerle una consecuencia directa a esta dictadura por sus crímenes".
"El régimen cubano ha estado durante décadas dominando la propaganda y la narrativa sobre la Isla. Ha estado durante décadas adueñándose del simbolismo, con la mentira y con el odio. Es hora de que lo simbólico sea ocupado por la verdad, por lo justo, y que sea ocupado por acciones concretas que vayan directamente a terminar con la impunidad del régimen", dijo Payá.
La activista considera que cambiar el nombre de esa calle "es mandarle un mensaje de solidaridad, de amistad, de apoyo al pueblo cubano", pero también "un mensaje muy claro a los asesinos de mi padre y es que esta vez no van a salir impunes".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó a mediados de este mes que el régimen cubano tuvo responsabilidad en la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en 2012.
El informe de la CIDH establece que existen "indicios serios y suficientes" para concluir que agentes estatales cubanos tuvieron participación en las muertes de Payá y Cepero el 22 de julio de 2012 en una carretera cerca de Bayamo, provincia de Granma.
