El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) y la plataforma D'Frente exigieron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que la norma que debe garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y manifestación con fines pacíficos vuelva a ser incluida en el cronograma legislativo, del que fue extraída sin explicación.
En una comunicación enviada a la redacción de DIARIO DE CUBA, ambas organizaciones de la sociedad civil cubana explicaron que el pasado 24 de mayo, víspera de la Sesión Extraordinaria de la ANPP, le entregaron la demanda, que reiteraba la petición presentada por primera vez el 12 de diciembre de 2022.
"Nuestra primera petición fue respondida por la Asamblea Nacional el 24 de enero de este año. En ella, aunque no se contesta por qué fue extraída del cronograma la discusión de dicho proyecto de ley, se explican las supuestas razones del retraso en la deliberación legislativa y se expresa la voluntad de la Asamblea Nacional de avanzar en la dirección del blindaje de los derechos ciudadanos", dicen el CTDC y D'Frente.
"Se nos invita, por otra parte, a fundamentar nuestra demanda ateniéndonos a lo que establece el artículo 164, inciso k, que legitima y exige la recogida de 10.000 firmas, certificadas por el Consejo Electoral Nacional, para apoyar proyectos de ley desde la ciudadanía", manifiestan.
"Esta nueva petición que presentamos pretende recordar a la nueva y X Legislatura, compuesta en más del 70 por ciento por diputadas y diputados electos por primera vez, la importancia de legislar a favor de derechos fundamentales y de los derechos humanos recogidos y consagrados en más de dieciséis artículos de la Constitución, esencialmente los derechos de reunión y de manifestación que, en su ejercicio, constituyen hechos sociales asumidos. La sociedad cubana viene ejerciéndolos ya desde hace más de una década. Definir con claridad meridiana que la Asamblea debe legislar a favor de los derechos de las y los ciudadanos está siendo la demanda esencial de la ciudadanía", señalan ambas organizaciones.
En la petición también demandaron a la ANPP que a su vez exija a los Consejos y Registros Electorales Municipales que cumplan con lo que establece la Ley 131 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional.
"Esta ley les obliga a recibir y tramitar las solicitudes de Certificación Acreditativa de la Condición de Elector que numerosos ciudadanos han tramitado para que se presenten por esta vía al Consejo Electoral Nacional. Solo uno de los ciudadanos que han presentado su solicitud ha recibido dicha certificación. El resto o no ha recibido respuesta o se la han interpuesto obstáculos injustificados para la debida tramitación".
La imposibilidad o la demora en obtener dicha certificación constituye un obstáculo que hace aún más ardua la tarea de reunir las 10.000 firmas de electores requeridas por la ley.
Las dos organizaciones contrastaron la morosidad de los Consejos y Registros Electorales Municipales para responder a las solicitudes de certificaciones por parte de la ciudadanía con la disposición y celeridad del régimen cubano para incluso adaptar su legislación a intereses extranjeros.
"Nos preocupa que el Estado no solo esté legislando para proteger intereses extranjeros, fundamentalmente españoles y rusos, sino que esté siendo receptivo incluso a la idea de modificar la Constitución y las leyes para satisfacer estos intereses, además de blindar su propio poder, como acaba de hacer con la reciente ley sobre Comunicación Social, de espaldas a los derechos y a la soberanía de las y los ciudadanos", alertan el CTDC y D'Frente.
Manuel Cuesta Morúa, del CTDC, se refirió en específico a la disposición de las autoridades cubanas a proporcionar condiciones especiales a los empresarios rusos, como el arrendamiento de tierras a 30 años para la producción, en conversación con DIARIO DE CUBA.
También mencionó la voluntad del régimen de permitir a los empresarios rusos repatriar cantidad de las ganancias obtenidas en Cuba superior al límite que establece la Ley de Inversión Extranjera.
Para el CTDC y D'Frente, que el régimen cubano no muestre "la misma diligencia, prontitud y determinación para responder a las demandas legislativas y constitucionales de quienes ostentamos la soberanía constituye una total desviación del mandato constitucional mismo".
Como ejemplo de esa falta de prontitud y determinación, recordaron que por más de cincos años "grupos feministas vienen exigiendo una ley contra la violencia de género; una propuesta de ley de amnistía y despenalización también presentada continúa en las gavetas legislativas, e importantes leyes a favor de la ciudadanía no cuentan siquiera en el calendario legislativo de la Asamblea Nacional".
Las dos organizaciones destacaron que "importantes sectores de la ciudadanía tienen incorporado, de cualquier manera, el principio de acción constitucional directa que legitima y respalda el ejercicio de sus derechos fundamentales", pero, no obstante, consideran "que la legislación complementaria es esencial para una regulación civilizada de la convivencia entre la ciudadanía, el Estado y las autoridades implicadas en el cumplimiento de la Constitución".
"Esto es fundamental en un país donde es débil la cultura de la legalidad, de la constitucionalidad y del cumplimiento de normas elementales de conducta institucional, principalmente por parte de funcionarios del Estado", concluyen.
La carta, dirigida al presidente de la Asamblea, Juan Esteban Lazo Hernández, y a la directora de Atención a la Población de la misma, Carmen Aguilar Martínez, está firmada por Manuel Silvestre Cuesta Morúa, Marthadela Tamayo González, María Mercedes Benítez Rodríguez y María Elena Mir Marrero y Juan Antonio Madrazo Luna, entre otros activistas cubanos.
