El Gobierno boliviano justificó este miércoles la expulsión del activista cubano Magdiel Jorge Castro y lo acusó de "interferir en cuestiones políticas de un país" a raíz de publicaciones en redes sociales contra el régimen cubano.
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, dijo a los medios que "cualquier ciudadano extranjero que se asiente en territorio nacional tiene que cumplir con la normativa legal y vigente" y que si la Dirección General de Migración ha determinado que el ciudadano cubano ha "incumplido las normas" entonces debe "retirarse del país", reportó EFE.
"Cualquier ciudadano que interrumpa nuestras normativas, que cometa faltas, contravención o incluso delitos va a tener que cumplir la sanción correspondiente", indicó Del Castillo.
El lunes el activista cubano Magdiel Jorge Castro denunció que Migración en Bolivia definió expulsarlo al acusarle de supuestamente alterar el "orden público" y que le presentaron una carpeta con las publicaciones que realizó en Twitter, por lo que debe dejar Bolivia, donde tiene la residencia, en los próximos 15 días hábiles.
El argumento de las publicaciones en las redes sociales es una práctica calcada del régimen de La Habana, que criminaliza y hostiga a quienes lo critican y exponen en las plataformas virtuales.
Del Castillo sostuvo que un tuit "no es un delito", pero que en Bolivia "no van a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero".
"Está garantizada la libertad de pensamiento, cualquier persona puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país", dijo.
Este miércoles la oficial Prensa Latina se hizo eco del caso en una información en la que calificó al activista de "anticubano" y lo acusó de "ofender" a Luis Arce, a Miguel Díaz-Canel y a otros dignatarios participantes en la XXII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) realizada el pasado 14 de diciembre, "siempre usando su cuenta de Twitter".
Citando al portal oficial elboliviano.net, PL intenta relacionar a Castro con la Gobernación de Santa Cruz y el Comité Cívico de ese departamento, las cuales califica de "instituciones opositoras extremistas al actual Gobierno boliviano y promotoras del paro con violencia de 36 días que tenía como objetivo desestabilizar el orden democrático de Bolivia".
También cuestionó a Castro por iniciar "una especie de campaña en Twitter con el afán de revertir la decisión migratoria y la intención de generar una corriente de opinión a su favor".
Acusó igualmente al activista cubano de "dedicar sus energías a convocar y amplificar todo tipo de protestas" contra el régimen cubano y de participar en las protestas del 11J y la Marcha Cívica por el Cambio.
Para concluir, PL replicó: "el activista anticubano ahora en circunstancias de salida temporal obligatoria de Bolivia se esfuerza a diario por tratar de imponer tendencias coincidentes con las de estructuras que reciben financiamiento de agencias del Gobierno de Estados Unidos".
Este miércoles, Castro informó a través sus redes sociales que ha apelado la resolución migratoria de Bolivia para expulsarlo a través de un "recurso de revocatoria".
"Esperaré la respuesta en los plazos que la ley boliviana determina", tuiteó.
En declaraciones a DIARIO DE CUBA, Magdiel Jorge Castro aseguró que desde que entró a la Dirección General de Migración de Santa Cruz de la Sierra, donde reside, hubo procedimientos sospechosos. "El oficial que me hizo la entrevista me pregunta si me molesta que grabe la conversación", narró.
Según dijo, los funcionarios que lo atendieron tenían consigo un grueso legajo con capturas de sus publicaciones en redes, las que esgrimieron como argumento para acusarlo de "alterar el orden público mediante redes sociales", como consta en la resolución oficial entregada a Jorge Castro, quien la compartió en Twitter.
"Llegó un segundo funcionario con un archivo grueso, práctica común de la Seguridad del Estado en Cuba, con capturas de cada una de mis publicaciones en redes. Más que una entrevista, fue un interrogatorio para tratar de vincularme con personas que no conozco de la política boliviana", subrayó.
"Me dijeron que tenían fotos mías con la directora de una ONG. Pero como no tengo nada que ocultar, les dije que no conozco a ninguna de esas personas", agregó.
"Esta es una arbitrariedad que marca un precedente muy grave, porque es una orden del Gobierno boliviano, cumpliendo instrucciones del régimen de Cuba. Es bochornoso con la democracia boliviana que se utilice la sede de instituciones oficiales para esto", denunció.
El Gobierno de Luis Arce es aliado político de La Habana y el mandatario boliviano estuvo la semana pasada en la Isla para asistir a la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la ALBA.
