Al menos 36 cubanos más se sumaron durante septiembre a la lista de prisioneros por razones políticas que elabora la ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD), lo cual hace que el total registrado ascienda a los 1.026, y a 1.026 en los últimos 12 meses.
La cifra se incrementó, según el nuevo informe de CPD, tras la ola de protestas ocurridas en toda la Isla en los últimos meses, ahogada como antes por "un amplio despliegue de policías y militares, algunos en ropa de civil, pero con botas de campaña que desvelaban su pertenencia militar, para reprimir a los manifestantes con una violencia brutal", señala el documento.
La ONG subraya que muchas de las personas ahora detenidas serán procesadas mediante el procedimiento penal sumario por atestado directo, como ocurrió también poco después del 11J, por delitos como desórdenes públicos, desacato y resistencia.
"Este procedimiento es un proceso policial, no judicial propiamente dicho. En este, el policía concierta la vista con el juez en menos de 96 horas, y el acusado acude en la gran mayoría de los casos sin abogado y, si acude, no tendrá acceso a la acusación hasta unos minutos antes de la vista, sin conocer la causa de la acusación y sin posibilidad legal procesal de presentar pruebas de contradicción, en un proceso donde ni el fiscal acude muchas veces, porque no es necesario, y donde el juez actúa de fiscal y juzgador al mismo tiempo", precisó CPD.
"Las sentencias son orales, inmediatas y no se redacta acta de sentencia ni se reflejan los argumentos penales condenatorios, lo que hace imposible toda futura defensa. Usualmente se condenan sin que los familiares conozcan del juicio, a puerta cerrada. Se debe apelar, a pesar de no haber acta de sentencia ni argumental de condena, en un máximo de solo tres días, y usualmente los familiares conocen el resultado del juicio pasado ese tiempo, cuando todo es firme", precisó.
La organización recuerda que los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia, recogidos en el Código Penal cubano, han sido "calificados hasta la saciedad por Naciones Unidas como inválidos en el marco de la legislación penal internacional".
CPD subraya que los 1.261 prisioneros políticos documentados en los pasados 12 meses "son torturados, como demostró el estudio pormenorizado de 101 casos aleatorios denunciado por Prisoners Defenders ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) y los reproches públicos del CAT tras las denuncias de la sociedad civil, que se materializaron en su informe posterior de mayo sobre la situación de la tortura en Cuba".
Asimismo, el informe del Comité de los Derechos del Niño, hecho público en junio pasado, "también confirmó que numerosísimos niños y niñas han sido detenidos y condenados a durísimas penas por ejercer su libertad de manifestación y 'asociación'".
De acuerdo con el seguimiento que hace de los casos la ONG, 29 niños y cinco niñas "aún cumplen sentencia (24 de ellos) o están siendo procesados penalmente (diez de ellos)", si bien otros "han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas".
CPD hizo énfasis en el caso de la menor de 15 años Jennifer Medina Ávalos, de Cruces, Cienfuegos, quien fue apresada mientras participaba en una manifestación pacífica, llevada a una prisión de máxima seguridad y hoy está en "una prisión para menores, centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan Escuelas de Formación Integral".
"16 de los menores están siendo procesados o han sido ya condenados por sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de cinco años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del 11J, los adultos en prisión política", subraya el texto.
"Con 442 prisioneros políticos se inició el mes de octubre del año pasado. Desde entonces hasta el 30 de septiembre de 2022, otros 819 presos políticos nuevos más se han sumado a los 442 primeros, arrojando un total de 1.261 prisioneros políticos durante estos 12 meses, a pesar de que han salido de prisión un total de 234 presos políticos en este mismo período, la inmensa mayoría por cumplimiento de condena y bajo fortísimas amenazas", precisa el informe.
La lista de CPD es pública y se comparte con organismos internacionales, multilaterales y de derechos humanos, así como con instituciones políticas y diplomáticas.
